El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la declaración de zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (zona catastrófica) a las trece comunidades autónomas que han sufrido incendios e inundaciones durante los últimos meses. Esto supone que los afectados podrán recibir ayudas para paliar las consecuencias de estos desastres.
El Gobierno ha aprobado la declaración de zona catastrófica para Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Illes Balears, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, a causa de los incendios de este verano, y la Comunidad Valenciana y La Rioja por las inundaciones que les afectaron, respectivamente, en noviembre de 2020 y junio de este año.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este pasado martes que esta declaración permitirá a los afectados, ya sean personas físicas o jurídicas, acceder a ayudas para paliar daños personales y materiales producidos en infraestructuras, viviendas, enseres y establecimientos ganaderos, agrarios, industriales, mercantiles o de servicios. Las corporaciones locales afectadas también podrán recibirlas en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego.
La portavoz del Gobierno ha hecho un reconocimiento expreso al trabajo y diligencia de los medios de prevención y extinción de incendios -desde la Agencia Estatal de Meteorología a las unidades de protección civil, BRIF, UME y dispositivos de comunidades autónomas- y a la sociedad civil por su reacción ante los hechos, y ha destacado que, gracias a este trabajo y esfuerzo colectivo, no se han tenido que lamentar pérdidas humanas.
Los informes técnicos justifican la declaración de zona catastrófica por los graves daños provocados
Los incendios producidos fueron de tal gravedad que las administraciones competentes se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad, llegando a niveles 1 y 2; que es una de las condiciones necesarias para que se pueda otorgar la declaración de zona catastrófica. En el caso de las inundación, ocurridas en noviembre de 2020 y junio de 2021, en la Comunidad Valenciana y La Rioja se basa en el Real Decreto de medidas urgentes aprobado por el Ejecutivo con motivo de los daños producidos por la borrasca Filomena.
Se trata, en todos los casos, de emergencias de protección civil de grandes proporciones que han provocado daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.