Según consta en un informe policial enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, de los 23 expedientes de contratos públicos adjudicados a la Constructora Hispánica o a Uniones Temporales de Empresas (UTE) de las que formaba parte la constructora entre los años 2000 y 2004, por parte de la AGE y de sus organismos o entidades públicas dependientes como AENA, RENFE O TURESPAÑA, 18 tuvieron “un coste superior al precio original” que osciló entre el 4,85% de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) y el 94,53% de TURESPAÑA.

 

La UDEF se ha centrado en las obras concedidas a la Constructora Hispánica ya que su presidente y consejero entre 1992 y 2009, Alfonso García Pozuelo, así como algunos miembros del consejo de administración de las otras empresas que integraban las UTE, constan como donantes de la presunta 'caja b' del Partido Popular.

 

Los sobrecostes se deben, según la UDEF, a “cambios en las circunstancias de ejecución del contrato, ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final y obras complementarias".

 

El informe se ha conocido después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 decidiera no prorrogar la investigación sobre los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que debido a los nuevos plazos legales caducaba el 29 de julio.

 

Esta causa la inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero la cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede de Génova pero, lo revelado por el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.

 

Además, Bárcenas confesó en enero de este año que algunas de las donaciones realizadas al PP buscaban adjudicaciones e implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno de Aznar.