El Consejo de Ministros aprobó este martes un techo de gasto que alcanza los 196.142 millones de euros, una cifra algo superior a la del año pasado. Este límite de gasto no financiero incluye la llegada de un nuevo paquete de fondos europeos, así como la transferencia de recursos adicionales para el resto de subsectores (Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Entidades Locales". 

Con la aprobación del techo de gasto se comienza de forma oficial el largo trámite para desarrollar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Y el Gobierno repetirá la fórmula que le permitió aprobar sus primeras cuentas públicas tras años de prórrogas de los PGE. Aunque ahora cuenta con más tiempo y se recupera el calendario normal que marca la ley. Las cuentas del 2022 son para el Ejecutivo de Sánchez las que deben consolidar el crecimiento económico y avanzar en el camino de la modernización estructural del país, incidiendo en la transición ecológica y tecnológica, la justicia social y económica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. En definitiva, sigue el camino marcado por el Gobierno en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia que España presentó ante Bruselas y que recibirá los 140.000 millones de fondos europeos. 

Al igual que el año pasado, el Gobierno, según recomiendan las autoridades europeas, mantiene la suspensión de las reglas fiscales para seguir afrontando la recuperación de la crisis que nos deja la pandemia del coronavirus con mayor flexibilidad. Precisamente este miércoles, la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, se reúne con los representantes de las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Y uno de los puntos a tratar es la tasa de referencia del déficit para las administraciones autonómicas y locales. A pesar de no ser de obligado cumplimiento si se insta a los distintos gobiernos a estar cerca de esta cifra. Para el 2022 quedará fijada en el 0,6% del PIB para las autonomías y del 0% para las entidades locales. 

La ministra recordó que a pesar de que no hay objetivos vinculantes eso "no implica que no exista una responsabilidad" y una apuesta por la consolidación fiscal y presupuestaria. 

La tasa de referencia de déficit público para el conjunto de las Administraciones Públicas se situará en 2022 en el 5% del PIB lo que supone una drástica reducción de 3,4 puntos respecto al 8,4% previsto para este 2021. Esta reducción será posible a la reactivación de la economía, con motivo del buen ritmo de vacunación y la recuperación de los niveles de empleo. 

Estas cifras macroeconómicas son posibles gracias a la llegada de nuevos fondos europeos. El techo de gasto para 2022 incorporará 26.355 millones de euros de los fondos europeos, de los que 25.622 millones de euros corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 733 millones al REACT. Hay que tener en cuenta que el grueso de los fondos REACT EU son recursos para las comunidades autónomas que no se incluyen en el techo de gasto. Hacienda asignó 8.000 millones en 2021 y 2.000 millones en 2022 para las comunidades de los fondos REACT. 

 

EL GOBIERNO BUSCA REEDITAR LOS APOYOS PARLAMENTARIOS DE LOS PGE 2021

 

En cuanto al trámite parlamentario, el Ejecutivo de Sánchez seguirá la hoja de ruta del año pasado. El primer paso, por tanto, será cerrar un acuerdo con su socio de Gobierno, Unidas Podemos. Este ejercicio han cambiado los interlocutores y no será Pablo Iglesias quien negocie con el presidente por lo que se espera que no haya las tensiones públicas del pasado. Pero eso no significa que la formación morada haya bajado su nivel de exigencia, más bien al contrario. Ahora será Yolanda Díaz la que asuma el papel negociador y llega con las cosas muy claras. No habrá presupuestos si no se desencallan temas como la Ley del Alquiler o parte de la reforma fiscal que está incluida en el acuerdo de Gobierno. La Ley para regular el precio de los alquileres no pudo ser consensuada con el ex ministro Ábalos y ahora deberá retomarse la negociación en el punto en el que estaba. Y en cuanto a la fiscalidad, UP quiere introducir cambios para que comiencen a tributar más las altas rentas y las grandes empresas. En definitiva pide que se ejecute en España lo acordado a nivel internacional en el G7 y en la OCDE que hace unas semanas aprobó un importante acuerdo sobre el Impuesto de Sociedades a nivel global para que se sitúe en un mínimo del 15%.

Una vez cerrado el acuerdo con su socio de Gobierno, será la hora de llamar al resto de grupos parlamentarios de la cámara. A pesar de que Mª Jesús Montero, hizo ayer un llamamiento a todos los partidos, también dijo que priorizarán las conversaciones con aquellos grupos del Congreso con los que ya han acordado y que han mostrado "su compromiso con el impulso de unas políticas progresistas y han apoyado las cuentas públicas otros años". Es decir que contarán con aquellos que hicieron posible la investidura y los que, hace una semana, aprobaron los últimos cuatro decretos legislativos que el Gobierno tuvo que ratificar en el Congreso. Se trata de PNV, ERC, Más País, Compromís, PdCAT, Bildu, PRC, etc. No habrá, pues, acercamiento a Ciudadanos que cada vez se encuentra más alejado del Gobierno y está en pleno proceso de absorción por parte del Partido Popular. Obviamente, tampoco se espera nada de los de Pablo Casado ni de la ultraderecha de Vox. Y tampoco se buscará.