El recurso emitido por el Partido Popular contra la ley del aborto en el año 2010 lleva más de 4.000 días sin resolverse, y tras denunciar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el retraso en su resolución y la querella por parte de la Asociación de Abogados Cristianos contra el exdiputado del PP Andrés Ollero -encargado de redactar la ponencia de la futura sentencia- ante el Tribunal Supremo, el Constitucional ha tramitado ahora el recurso para dictar sentencia.

No obstante, el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, mantiene que no hay sustento para que prosperen las acciones legales contra el Constitucional y contra el exdiputado Ollero, pero que es el momento de atender el recurso del PP.

Dicho recurso, se oponía a ocho perceptos y la disposición adicional segunda de la ley de plazos aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En cuanto a los perceptos que recurrieron, se encontraba uno de los principales puntos de la ley, que permitía abortar en las primeras 14 semanas por decisión libre de la madre, lo que los populares consideraban que incumplía el artículo 15 de la Constitución: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral".

El plazo medio de resolución de las cuestiones que llegan al Tribunal Constitucional, es de 133 días. Ante esto, Luis Peral, Lourdes Méndez y José Eugenio Azpiroz, antiguos parlamentarios populares, afirman que el Constitucional les informó que daba "carácter prioritario a la tramitación y resolución del recurso" en junio del 2010; y en diciembre del 2020, estos mismos exdiputados se dirigieron a dicho tribunal para reclamar que se dictase la sentencia, pero no obtuvieron respuesta.

En cuanto a los magistrados del Constitucional, igualmente estiman necesario asumir su responsabilidad y  resolver cuanto antes dicho recurso, pero consideran que es posible que existan ciertas dificultades a la hora de alcanzar una sentencia consensuada al ser un asunto extraordinariamente delicado.