El Congreso de los Diputados celebró una sesión extraordinaria antes del cierre del curso político por el parón estival y el Gobierno tuvo que trabajar hasta el último minuto para que se pudieran convalidar cuatro reales decretos que aprobó el Consejo de Ministros en semanas anteriores. Hasta momentos antes de las votaciones, el Ejecutivo no tenía atados los apoyos necesarios para medidas como la relajación del uso de la mascarilla en exteriores o la solución al problema de los interinos en fraude de ley que eleva la temporalidad de las administraciones públicas hasta límites inasumibles y que el propio gobierno se comprometió con Bruselas a solucionar en el primer semestre de 2021.

Una derrota parlamentaria del Gobierno hubiera supuesto un 'jarro de agua fría' para el nuevo equipo de Gobierno, pero finalmente, los cuatro decretos leyes salieron adelante lo que vuelve a consolidar la mayoría de la investidura en la Cámara Baja. A pesar de que los portavoces de los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo volvieron a avisar que este Gobierno no puede actuar como si tuviera mayoría absoluta, el terreno está preparado para el futuro próximo ante nuevos retos. El próximo es la negociación y búsqueda de apoyos necesarios para los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que ya prepara la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero. 

Este miércoles, el Congreso debatió los decretos sobre la rebaja del IVA en la factura de la electricidad ante la subida del precio de la luz, la solución para rebajar la temporalidad en las administraciones públicas y dar salida a los miles de interinos, la relajación del uso de la mascarilla en espacios al aire libre y la adopción de medidas culturales como la asimilación de la colección de Carmen Thyssen como cualquier museo público. 

El primer decreto que entró en el debate fue el de las medidas extraordinarias para bajar el precio de la factura de la electricidad entre las que se encuentran la rebaja del IVA desde el 21 al 10%. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, defendió el decreto ley del Gobierno desde la tribuna del Congreso y explicó las medidas incluidas como esa reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido que estará vigente hasta finales de año para aquellos consumidores con una potencia contratada inferior a 10 Kilovatios. También se aprobó la eximir a las empresas productoras de electricidad del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. La medida salió adelante con 193 votos a favor, 3 en contra y 152 abstenciones. 

 

 

Pero antes, el Ejecutivo tuvo que escuchar los reproches de casi la totalidad de los portavoces parlamentarios por la escalada de precios de la luz que deja al descubierto la debilidad de los consumidores ante un sistema de fijación de precios que beneficia claramente al oligopolio eléctrico. 

El segundo decreto que fue convalidado fue el de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. En esta ocasión el Ejecutivo aunó el voto de 180 diputados, mientras se registraron 90 votos en contra y 78 abstenciones. 

Una de las principales medidas que desarrolla esta nueva legislación es la relajación del uso de la mascarilla en espacios abiertos. Cuando se aprobó el decreto, la incidencia del coronavirus descendía día a día y la situación epidemiológica era muy positiva. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado radicalmente y hay comunidades que piden una vuelta a los toques de queda e incluso a la activación de un nuevo estado de alarma que respalde las medidas restrictivas que se están empezando a tomar. Por ello el debate fue también intenso. 

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó en su defensa del decreto ley que no se ha propuesto una eliminación total del uso de las mascarillas sino una relajación en determinadas circunstancias. Solo dejarán de usarse en la vía pública y en espacios públicos, pero cuando se mantenga la distancia mínima de metro y medio y no sean zonas de grandes aglomeraciones. Seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla que nos protege contra la Covid-19 en los interiores de los locales, en los medios de transporte, etc.

 

 

El tercer decreto, y el que ha ocasionado más quebraderos de cabeza al Gobierno, ha sido el que plantea medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Se trata de adoptar soluciones para la situación de miles de interinos (las asociaciones de afectados hablan de 800.000 mientras que el Gobierno sitúa la cifra en 300.000). Se trata de trabajadores y trabajadoras que ocupan una plaza en la administración pública de manera temporal pero que llevan años trabajando en 'fraude de ley' por la ineficacia de la propia administración y la no convocatoria de los puestos necesarios para prestar unos servicios públicos de calidad. El Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley que el PSOE había negociado con los principales sindicatos: UGT, CCOO y CSIF. Pero ni los grupos parlamentarios, ni los gobiernos autonómicos, ni los propios afectados acogieron las medidas aprobadas de forma positiva, más bien al contrario consideraron que no se solucionaba el problema de fondo y dejaba a miles de interinos desprotegidos tras años de abusos. 

El decreto establece un proceso extraordinario de consolidación de plazas para situar la temporalidad en el 8%, y para ello daba ciertas ventajas a las personas que ocupan esas plazas como un proceso selectivo por concurso-oposición en el que los méritos y la experiencia pesarían hasta un 40% de la nota final. Además, para aquellos que no lograran superar el proceso y perdieran su trabajo se estipula una indemnización de 20 días por año trabajado. La sola idea de perder el puesto de trabajo después de años de soportar una situación injusta solivianta a los afectados, entre los que se encuentran miles de profesores, sanitarios y personal de Justicia o de Servicios Sociales. Reclaman que se les considere fijos, o que se les respete el puesto hasta su jubilación como contrapartida por hacer sufrido el abuso. 

La legislación, negociada por el ministro Miquel Iceta cuando ocupaba la cartera de Función Pública, deberá ser corregida ya que el decreto se tramitará como proyecto de ley y los grupos parlamentarios exigen la inclusión de algunas de sus exigencias. Y será la nueva ministra, Mª Jesús Montero la que asuma la resolución final. De momento, grupos como ERC o el propio socio de Gobierno, Unidas Podemos, arrancaron al Gobierno varios compromisos. El primero que las autonomías decidan que los procesos de estabilización no sean eliminatorios para no expulsar al paro a los afectados; y el otro, introduce una importante novedad ya que aquellos trabajadores que tengan más de diez años de antigüedad en una plaza que nunca haya sido convocada a concurso se librarán de la oposición y podrían conseguir ser funcionarios con la suma de sus méritos. No obstante se espera que en el trámite parlamentario se detallen aún más todos estos puntos. 

Finalmente, la votación reflejó lo dividido que está el asunto, con 170 votos afirmativos y 169 en contra, y 8 abstenciones. De hecho se produjo algo insólito que fue la repetición de la votación ya que en la primera se produjo un empate por el voto de una diputada de Unidas Podemos que rompió la disciplina de voto por no estar de acuerdo con lo que se votaba. En la segunda votación, sus propios compañeros convencieron a la diputada que finalmente no participó en la votación. 

 

 

Por último, el Congreso convalidó  el Real Decreto-ley por el que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por determinadas entidades del sector público y se adoptan otras medidas urgentes en el ámbito cultural y deportivo, con 269 votos a favor, ninguno en contra y 77 abstenciones.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, defendió esta norma con la que se reconoce a la `Colección Carmen Thyssen-Bornemisza  la garantía del Estado referida en la disposición adicional novena de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que determina que "a los efectos de esta disposición, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza tendrá la misma consideración que los museos señalados en el párrafo anterior" y que "por Real Decreto, a propuesta de los Ministros de Cultura, y de Economía y Hacienda, se regulará el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de este compromiso y la forma de hacerlo efectivo en su caso".