Margarita Robles defiende que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer con el estado de alarma y lamenta la decisión del Constitucional

El alto tribunal dividido muestra claras señales de la politización de la justicia en un momento de elevada confrontación por culpa de la estrategia de Vox y del PP.

Una mujer se asoma a su balcón durante el confinamiento del año pasado / Foto: Europa Press

Margarita Robles defiende que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer con el estado de alarma y lamenta la decisión del Constitucional

El alto tribunal dividido muestra claras señales de la politización de la justicia en un momento de elevada confrontación por culpa de la estrategia de Vox y del PP.

  • La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la decisión de este miércoles del Tribunal Constitucional sobre la anulación de parte del estado de alarma, como pidió la ultraderecha, no son más que "elucubraciones doctrinales" y considera que el Gobierno "hizo lo que tenía que hacer". La dirigente, no obstante, mantiene el "máximo respeto" al tribunal pero le pide tener "sentido de Estado. 
  • El Constitucional estimó parcialmente el recurso de inconstitucional de Vox que anula parte del real decreto que el Gobierno puso en marcha para el primer estado de alarma del 14 de marzo de 2020 cuando España luchaba por contener un virus que mataba a cientos de pacientes al día y que colapsó nuestro sistema sanitario. Seis magistrados del Constitucional consideran que el confinamiento no se ajusta a derecho y que debió usarse otra herramienta jurídica. Cinco magistrados han votado en contra de la decisión lo que sugiere el fuerte debate mantenido en el seno de la sala y las distintas interpretaciones jurídicas de la cuestión. Esta nueva y polémica decisión de la justicia redobla la sensación de politización de elementales órganos judiciales como el propio Constitucional o el CGPJ que el PP mantiene. Y las decisiones facilitan una estrategia de acoso y derribo al Gobierno de España dirigidas desde la extrema derecha. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, después de un largo y controvertido debate, ha decidido por seis votos a favor y cinco en contra, declarar inconstitucional parte de los artículos del real decreto que el Gobierno utilizó para activar el estado de alarma y que estuvo vigente durante 99 días de lucha incansable contra la pandemia. Supone una nueva decisión polémica que facilita la estrategia de confrontación de la extrema derecha de Vox, partido que llevó la cuestión al alto tribunal. Pero se da la circunstancia que este mismo partido voto a favor de la convalidación del decreto que luego consideró que podía ser inconstitucional.

El debate jurídico ha sido intenso y desprende una idea de que nuestro órganos judiciales están profundamente politizados ya que hay formaciones políticas, como el PP y la ultraderecha,  que han decidido trasladar la confrontación política del Congreso de los Diputados a las salas judiciales. Y todo esto ocurre con el mandato caducado de aquellos jueces que debieron ser ya sustituidos de sus cargos que durante años mantienen en funciones por la negativa del Partido Popular a renovar, como manda la legislación, el Consejo General del Poder Judicial, el propio Constitucional, el Tribunal de Cuentas, etc. 

La ministra de Defensa, también jueza, Margarita Robles, ha declarado que la decisión del alto tribunal no es más que "elucubraciones doctrinales" que, además, se han ido filtrando durante las últimas semanas. Y ha lamentado que la sala "haya entrado en ese debate". Además, ha dejado claro que "el Gobierno hizo lo que tenía que hacer con el confinamiento y actuó con arreglo a la legislación". 

Acata y respeta la decisión de sus compañeros del Tribunal, con los que incluso guarda una relación de amistad, pero les ha pedido "tener un sentido de Estado y saber cuál es la realidad". Igualmente ha puesto de manifiesto que el propio tribunal emitió un auto el pasado 30 de abril en el que consideraba que "el confinamiento era la única medida adecuada". 

 

El Constitucional tan solo ha emitido la decisión final y hay que esperar unos días para conocer los fundamentos jurídicos expuestos, así como los votos particulares y discordantes de los magistrados Juan José González Rivas, Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.

La reacción del Gobierno de Pedro Sánchez se ha conocido por medio de una declaración de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. El enfado del Ejecutivo es mayúsculo con esta incomprensible  decisión, pero acatan la decisión judicial, como no podía ser de otro modo. 

Llop considera que el real decreto aprobado durante lo peor de la pandemia "era absolutamente imprescindible para salvar vidas" y sitúa en 450.000 personas las que se salvaron con esta decisión del ejecutivo de Pedro Sánchez. 

"El deber del Gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas", ha dicho la ministra; y recuerda que tan solo tres días después "la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del coronavirus". 

La titular de Justicia afirma que el RD que se aprobó "fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han respaldado cinco magistrados del tribunal y el Gobierno quiere señalar que va a analizar profundamente esa resolución". 

Desde Moncloa también señalan que la decisión de la justicia española es incomprensible ya que todos los países de nuestro entorno recurrieron a fórmulas similares. Y ponen de manifiesto la incongruencia de la ultraderecha de Vox que llevó el asunto al Tribunal Constitucional mientras lo votaba a favor en el Congreso de los Diputados. 

 

QUÉ CONSECUENCIAS PRÁCTICAS TIENE ESTA DECISIÓN JUDICIAL

Las consecuencias prácticas de esta decisión del Tribunal Constitucional respecto al periodo de estado de alarma no son, en cambio, muy grandes. Aunque habrá que estudiar qué pasa con las multas impuestas y ya cobradas que se justificaron por las normas incluidas en este periodo. El Constitucional se ha encargado también de que no haya demasiado embrollo ya que ha excluido la responsabilidad patrimonial del Estado por el cierre obligatorio de negocios y comercios algo que considera que sí está ajustado a la Constitución. 

Pero para el futuro, esta sentencia complica mucho las cosas en situaciones similares. Sin ir más lejos, ahora que la incidencia del coronavirus comienza nuevamente a dispararse, el Ejecutivo no podría recurrir nuevamente al estado de alarma en el hipotético caso que se complicara la pandemia y hubiera que decretar confinamientos como los que se vivieron el año pasado. En este caso, el único recurso que quedaría sería el estado de excepción algo que sería impensable que saliera adelante teniendo en cuenta el Congreso de los Diputados tan polarizado que tenemos en estos momentos. 

 

FUERTES CRÍTICAS DE UNIDAS PODEMOS

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder actual de Unidas Podemos no ha tenido reparos en calificar la decisión del Constitucional como inaudita. A través de las redes sociales ha afirmado que "en España la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces" por lo que considera que es imprescindible que se lleve a cabo ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial, algo que estima que se debe hacer "por higiene democrática".

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