Todas las claves del Proyecto de Ley LGTBI y Trans y sus consecuencias

La finalidad de esta ley en una sociedad patriarcal como la que sufrimos (...) significa reforzar el patriarcado y ponernos más difícil aún a las mujeres alcanzar la igualdad respecto a los varones.

Todas las claves del Proyecto de Ley LGTBI y Trans y sus consecuencias

La finalidad de esta ley en una sociedad patriarcal como la que sufrimos (...) significa reforzar el patriarcado y ponernos más difícil aún a las mujeres alcanzar la igualdad respecto a los varones.

Ha comenzado su andadura la conocida como ley trans al haber recibido el visto bueno del Consejo de Ministros e iniciarse la ronda de informes previos a la entrada del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Por tanto, el texto que conocemos no será el final y el objetivo de estas líneas es hacer un primer análisis desde el feminismo jurídico y abrir debate, puesto que aún estamos a tiempo.

El proyecto de ley que comento da un salto en el vacío respecto a la legislación actual al permitir la libertad total para cambiar de sexo registral, sin la exigencia de acreditar la situación de discordancia de sexo, y permitir expresamente que se pueda cambiar de sexo sin necesidad de cambiar el nombre. La desconfianza para las mujeres está sembrada. Porque estas personas accederán libremente a baños de mujeres; a cárceles de mujeres; competirán deportivamente como mujeres; formarán parte de la cuota de mujeres en las listas “paritarias” (ilusión de un día); sin ser mujeres, serán consideradas mujeres ocupando puestos de poder.  

Debo reconocer que no solo desde la perspectiva de la técnica legislativa, sino también del contenido, este texto ha mejorado notablemente el presentado anteriormente por Podemos. Pero el meollo de la ley, la libre autodeterminación del sexo, continúa estando ahí.

Bienvenidas sean las disposiciones que tienen como finalidad el reconocimiento de derechos para conseguir la efectiva igualdad de las personas LGTBI, en cuya T, por cierto, están comprendidas las personas transexuales. Y también creo que era necesaria la reforma legal para que las parejas de lesbianas no tengan la obligación de contraer matrimonio para ser ambas madres, eliminando el trámite de la adopción por parte de la madre que no ha parido. Pero para conseguir estos fines no es necesaria esta ley, cuya finalidad prioritaria insisto es otra: el reconocimiento de la libre autodeterminación del sexo.

Se ha cambiado el término “identidad de género” por el de “identidad sexual”, pero no se puede perder de vista que, desde el mismo título, la ley se refiere a las personas trans y no a las personas transexuales. La diferencia no es menor. Las personas transexuales transforman su cuerpo para identificarse con el sexo al que desean pertenecer, mientras que las personas transgénero, sin cambio físico alguno, exigen ser consideradas legalmente como del sexo opuesto a aquel con el que nacieron.

1.- LIBRE AUTODETERMINACIÓN DEL SEXO, versus INSEGURIDAD JURIDICA PARA LAS MUJERES.

Es en relación al tratamiento jurídico que se da al cambio registral de sexo donde surgen mis principales desacuerdos con el texto legal.

Parto de la base que en España es legal el cambio registral del sexo para las personas españolas mayores de edad, tras la entrada en vigor de la Ley de 3/2007, de 15 de marzo reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y es legal también para las personas menores que estén en situación estable de transexualidad y tengan suficiente madurez, tras la sentencia del TC de 99/2019 de 18 de julio, que declaró inconstitucional el art. 1.1 de dicha ley.

 Los otros requisitos diferentes a la edad exigidos por la ley vigente son: 1) tener diagnosticada disforia de género, lo que debe acreditarse mediante un informe médico o psicológico que además haga referencia a la inexistencia de trastornos de la personalidad. Y 2) haber sido tratado médicamente durante al menos dos años para acomodar las características físicas al sexo al que se desea cambiar. No es necesario haberse realizado cirugía de reasignación y los tratamientos médicos tampoco serán necesarios cuando concurran motivos de salud o de edad que imposibiliten su seguimiento y esto lo certifique un médico.

La ley actual es garantista para las personas transexuales y trata de evitar que quien no lo sea goce de los derechos que la ley reconoce a las personas que sí lo son.

Según la redacción del proyecto de ley, esta garantía desaparece porque abre la puerta a que cualquier persona cambie de sexo, sea o no transexual porque no lo tiene que probar ni siquiera justificar, y goce de todos los derechos del sexo al que se incorpora (art. 40.2), sin necesidad no solo de cambiar su físico, sino ni tan siquiera será necesario, a tenor del texto legal, cambiar el nombre, lo que crea una injusta incertidumbre e inseguridad para el resto de las personas.

¿Cómo no vamos a pensar las mujeres en la utilización espuria de este generosísimo reconocimiento del derecho para quien quiera utilizarlo, en un país en el que el fraude es cuasi ley y en el que hay muchos hombres que no soportan el avance de derechos de las mujeres y las odian? ¿Qué razones hay para dar tanta facilidad, pudiendo perjudicar a tantas y tantas personas? ¿No resulta sospechoso que quienes más reivindican este derecho sean varones y no mujeres?

No se han hecho públicas las estadísticas sobre los cambios de sexo que se han efectuado en estos 14 años de vigencia de ley actual y tampoco sabemos que haya habido disfunciones ni problemas en su aplicación que pudieran justificar el cambio radical que supone el proyecto de ley.

Es cierto que en estos últimos diez años se han ido aprobando leyes trans en casi todas las Comunidades Autónomas; leyes silentes, que han transitado por los parlamentos autonómicos siguiendo la estrategia de los lobys pro trans de no hacer ruido y, lo que es más sorprendente, se han aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos (donde no estaba VOX). El contenido de estas leyes autonómicas es diferente al de una ley estatal, por tener competencias diferentes, pero de las leyes autonómicas se derivan derechos e incluso medidas de acción positiva para estas personas, como son las reservas de puestos de trabajo y la garantía de asistencia sanitaria integral por los servicios sanitarios públicos. Véase a modo de ejemplo la Ley 4/2018 de 19 de abril, de Aragón, cuyo art. 27.3 garantiza la reserva para las personas transexuales de al menos un 1% de las plazas de empleo público ofertadas. Y se cumple, lo cual es desproporcionado y crea nuevas discriminaciones.

Ni desde el socialismo, pero sobre todo desde el feminismo no dimos la importancia que requería a estas leyes y nuestro buenismo hacia la ampliación de derechos fue tal que no nos hizo desconfiar de las propuestas al respecto. En descarga he de decir que en estos últimos años hemos ido conociendo la transcendencia y las consecuencias que en otros países que nos han precedido aprobando leyes trans está teniendo una legislación como la que ahora se quiere aprobar aquí; me refiero a Suecia y al Reino Unido y han saltado todas las alarmas.

Si no se modifica por el camino, el art. 37 del Anteproyecto establece la libertad individual de las personas españolas mayores de 16 años de edad para cambiar de sexo sin más requisito que pedirlo en el Registro Civil del lugar de su elección, no debe hacerlo donde tenga inscrito el nacimiento o donde resida. La petición se hará firmando un formulario y se deberá ratificar en un plazo máximo de tres meses. Como no se menciona un plazo mínimo, los y las juristas sabemos bien que será legal hacer la solicitud y ratificar a continuación, siempre que el funcionario lo permita. Por tanto, no hay ni plazo de reflexión, ni estabilidad mínima en la situación de transexualidad.

2.- NO ES NECESARIO ACREDITAR LA SITUACION DE TRANSEXUALIDAD.

El hecho de que para acceder a todos los derechos del sexo opuesto como reconoce expresamente el art. 40.2 del  proyecto de ley no se tenga que justificar nada salvo la edad, es un privilegio que difícilmente tiene parangón en el ordenamiento jurídico.

Esto significa que a partir del momento en que se practique la inscripción registral del sexo sentido o deseado, y suponiendo que éste sea el de mujer, que parece que es la mayoría de los supuestos, le serán aplicables a la persona que haya obtenido el cambio toda la legislación de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Y significa también que uno puede esperar a agredir a haber obtenido el cambio registral de sexo. 

Creo que la seguridad jurídica de las personas transexuales y de las mujeres requiere que se exija un certificado médico o psicológico que acredite la situación de transexualidad. Se dice que eso supone patologizar a las personas, pero nadie se siente así cuando le exigen presentar un certificado médico para acceder a un puesto de trabajo o para inscribir un nacimiento o una defunción; nacemos y morimos con un certificado médico. La redacción tan radical acerca de que “en ningún caso sería exigible” presentar un documento que justifique estar en situación de transexualidad, redacción idéntica a la utilizada en legislaciones autonómicas (véase art. 4.3 de la Ley 4/2018 de Aragón), hace que la sospecha de utilización fraudulenta se incremente.

El encargado del registro Civil deberá tener la convicción de que quien la pide el cambio de sexo registral está en plenas facultades mentales o al menos de que no sufre ningún trastorno que le impida regir su persona. ¿Cómo se va a cerciorar de ello si va a tener obligación de decir “amén” a toda persona mayor de 16 años que se lo pida? El certificado médico o psicológico es una garantía para la propia persona que solicita cambiar de sexo, porque sin un diagnóstico que excluya la existencia de trastornos, se permitirá el acceso a tratamientos agresivos en adolescentes.

Se obvia la necesidad de acreditar a la discordancia de género a que se refiere la OMS. Este Organismo ha suprimido el término disforia de género, pero ha pasado a denominar a la transexualidad como discordancia de género y la ha sacado del epígrafe de Trastornos Mentales y del Comportamiento, tal y como se afirma en la Exposición de Motivos del proyecto. Pero la OMS ha elaborado la 11ª Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), que entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y es en esta Clasificación donde se ha producido el cambio de denominación de disforia de género a discordancia de género, pero: 1) la discordancia requiere también un diagnóstico y 2) se ha sacado del epígrafe de Trastornos mentales, pero se ha pasado al epígrafe titulado “condiciones relativas a la salud sexual”. https://icd.who.int/es/

En definitiva, la OMS no ha ordenado despatologizar; ha cambiado la denominación y además la existencia de discordancia de género hay que acreditarla. Luego la OMS no es quien prohíbe exigir documento médico o psicológico, sino que quienes se oponen radicalmente a ello son los lobys trans.

El ejercicio de cualquier derecho exige acreditar que se reúnen los requisitos para acceder al mismo. En este caso no, pero pienso que, con esta liberalización, se perjudica a las personas transexuales que, como cuenta la Dra. Esteva, que atendió durante dos décadas a muchos transexuales en una Unidad ad hoc de la CA de Andalucía, la ley convierte a los profesionales sanitarios en personas negativas para los transexuales.

3.- MENORES DE EDAD. LA PATRIA POTESTAD PUESTA EN PELIGRO.

Esta libertad total para transitar de un sexo a otro se reconoce, también, también a las personas menores de edad y mayores de 16 años. Al respecto, es de recordar que en la STC de 18 de julio de 2019 que reconoció el derecho de los menores a cambiar su sexo en el Registro Civil, lo hace depender de la concurrencia de dos requisitos: 1) que tengan suficiente madurez, lo que no se presume de todos y todas las menores de 16 y 17 años, sino que debería acreditarse y 2) que se encuentren en una situación estable de transexualidad. El proyecto obvia estos dos requisitos establecidos recientemente por el TC, por lo que el pronóstico de declaración de inconstitucionalidad no es muy aventurado.

En Suecia, el Hospital infantil Astrid Lindgre de Estocolmo, ha decidido desde el 01.05.2021 modificar su política de suministrar bloqueadores de la pubertad a menores con disforia de género por la falta de claridad acerca de los efectos a largo plazo de esas terapias y porque se desconoce el motivo del abrupto incremento del 1.500% de pacientes con disforia de género de entre 13 y 18 años. Han pisado el freno, como también han hecho en el Reino Unido.

Los menores de entre 14 y 16 años necesitan según el texto legal ser asistidos por sus padres y, si estos se niegan, se les nombrará un defensor judicial. Y digo yo, y los padres ¿serán denunciados por delito de odio por negarse a esta decisión de un hijo o hija sometidos a su patria potestad? ¿A qué se reduce la patria potestad? ¿Quién en principio desea más lo mejor para un hijo/a que su padre y su madre?

El tratamiento de los menores de edad y la relación paterno-materno filial es un aspecto muy perturbador de esta ley. Fomenta la desautorización de los progenitores antes sus descendientes y empodera, enfrentándolas con los padres, a terceras personas: educadores, personal de servicios sociales, en edades muy cambiantes de la vida, dejando atados de pies y manos a los padres y madres ante decisiones de terceras personas en cuestiones fundamentales de las vidas de sus hijos.

No se ha tenido en cuenta las opiniones de sociedades científicas. GIDSEEN (Grupo de Identidad y Diferenciación Sexual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición) hizo público su posicionamiento al respecto. Del mismo extraigo lo siguiente: “Otro factor a tener en cuenta es la persistencia de la DG (discordancia de género). Diferentes estudios dan resultados dispares, pero hay un denominador común: la persistencia en niños es claramente menor que en adultos. Los datos de persistencia indican que una gran mayoría (80-95%) de niños prepuberales que dicen sentirse del sexo contrario al de nacimiento, no seguirá experimentando tras la pubertad la DG, dificultando con ello el establecimiento de un diagnóstico definitivo en la adolescencia”A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Es cierto que en el texto legal ha desaparecido todo lo relativo a las hormonación de menores de edad que se contenía en el texto de Podemos. Pero este extremo ya lo prevén como reconocimiento de derecho de los y las menores, las leyes autonómicas, que tienen competencias en materia sanitaria, con lo que no es necesario que lo prevea la ley estatal, que como legislación básica que es, puede ser mejorada por las leyes autonómicas. Hay autores como Luis Rabell en un extraordinario artículo titulado “Cuidado con los bigotes del tigre”, que para referirse a cómo puede afectar esta ley a menores de edad, habla de maltrato infantil.

4.- MAS FACILIDADES PARA CAMBIAR DE SEXO.QUE PARA EL ACCESO A OTROS DERECHOS.

Otro extremo que llama la atención del proyecto de ley es que la petición de cambio de sexo puede hacerla cualquier persona mayor de 16 años en el Registro Civil de su elección. Desde una perspectiva procedimental es un privilegio inaudito que se otorga a las personas que quieran cambiar de sexo y facilita decisiones precipitadas, que es lo que, quizá sin buscarlo, fomenta el texto legal.

 La exigencia de 6 meses para revertir el sexo registral y someterlo a un expediente de jurisdicción voluntaria (que, aunque es un procedimiento judicial, no es contradictorio y es de tramitación rápida) posibilita que en diez años de vida una persona pueda cambiar de sexo unas cuantas veces.

5.- ES UNA LEY EMINENTEMENTE SANCIONADORA.

La exhaustiva lista de infracciones y las correspondientes sanciones que el Título IV del proyecto de ley pueden interponerse a cualquier ciudadano/a, la convierten en otra ley mordaza, con especial peligro para varios colectivos de profesionales, como son los profesores y el personal sanitario y no digamos para los padres y madres que ostentan la patria potestad y que osen oponerse a un hijo/a que desee cambiar de sexo.  ¡La patria potestad y la guarda y custodia están en peligro!

Esta es una nueva batalla para los divorcios, con consecuencias perniciosas para los hijos. ¿Qué progenitor será más respetuoso, o sea el mejor, ante los deseos de sus hijos de cambiar de sexo? Ya tengo la respuesta, pero no la voy a decir para que no me acusen de maldad.

Nuestra sociedad ha normalizado la homosexualidad y reconoce la opción sexual de cada persona como un derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad. Detrás de algunas transexualidades hay homosexualidad no aceptada. Me ha impactado conocer que un país de cultura patriarcal en extremo, es legal el cambio de sexo, pero la homosexualidad es un delito castigado incluso con pena de muerte. La tarea urgente es la educación afectivo sexual de nuestras niñas, niños y adolescentes, para facilitarles que puedan vivir su propia sexualidad de manera libre, gozosa y respetuosa.

Facilitar de esta manera la posibilidad de declararse hombre o mujer en una sociedad desigual, en la que para alcanzar la igualdad la Constitución obliga en el art. 9.2 a los poderes públicos eliminar los obstáculos que la impidan y que, a su amparo, se legislan medidas de acción positiva para mujeres, es una invitación a la utilización fraudulenta del cambio de sexo. Y todo por optar por no exigir la acreditación de la situación de transexualidad al hacer la solicitud

El proyecto de ley que comento da un salto en el vacío respecto a la legislación actual al permitir la libertad total para cambiar de sexo registral, sin la exigencia de acreditar la situación de discordancia de sexo, y permitir expresamente que se pueda cambiar de sexo sin necesidad de cambiar el nombre. La desconfianza para las mujeres está sembrada. Porque estas personas accederán libremente a baños de mujeres; a cárceles de mujeres; competirán deportivamente como mujeres; formarán parte de la cuota de mujeres en las listas “paritarias” (ilusión de un día); sin ser mujeres, serán consideradas mujeres ocupando puestos de poder.                  

Los derechos de las personas LGTBI contra violencias y contra discriminaciones están reconocidos en nuestra legislación; bien está reforzarlos y ninguna objeción al respecto, pero la verdadera finalidad de este proyecto de ley, a tenor de la redacción del mismo, es derogar la ley 3/2007 e introducir la libre autodeterminación.

La finalidad de esta ley en una sociedad patriarcal como la que sufrimos es borrar el sexo sustituyéndolo por una mera declaración de voluntad, lo que significa reforzar el patriarcado y ponernos más difícil aún a las mujeres alcanzar la igualdad respecto a los varones.

Es muy necesario dar una nueva mirada de esta futura ley desde la perspectiva de los derechos de las personas menores y desde una perspectiva de género, además de por todo lo dicho, porque es obligatorio acompañar el informe del impacto de género a todo anteproyecto de ley, por mandato del art. 22.2 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno, modificado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, mandato que reitera la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para de Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

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