El plan de choque para reducir interinos no contenta a los afectados y consideran que se vuelve a vulnerar sus derechos

El plan de choque para reducir interinos no contenta a los afectados y consideran que se vuelve a vulnerar sus derechos

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó por la vía del Real Decreto el plan de choque que el Gobierno y los sindicatos mayoritarios han consensuado para estabilizar alrededor de 300.000 plazas estructurales de la Administración que llevan años ocupadas por personal interino. Pero el proceso ha levantado ampollas entre los afectados y las organizaciones que los representan ya que consideran que se vuelven a vulnerar sus derechos y se obvia las sentencias de la Justicia Europea. Piden que se les convierta en fijos ya que han sido víctimas de un abuso durante años, algo que no corrige ni el proceso de estabilización ni la compensación económica que se ha fijado si finalmente no consiguen su plaza. 

 

La ministra portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero, presentó este martes el Real Decreto Ley que el Gobierno ha aprobado para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas por el que se pretende estabilizar 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal interino en los próximos 3 años. Desde el Ejecutivo se da esta respuesta a un problema de años que nadie ha sabido responder y que ha generado un conflicto jurídico que ha llegado a la Justicia Europea donde se ha conminado a las autoridades españolas a que adecúen la legislación a las normas comunitarias. Ese es el objetivo de este nuevo intento del Gobierno de dar respuesta al asunto y que ha provocado la indignación del colectivo afectado. 

Mientras que la ministra considera que "esperamos que este sea el último proceso de estabilización", desde los sectores que representan al personal interino responden que seguirán luchando en los tribunales por lo que consideran que es su derecho, que no es otro que la fijeza de sus puestos de trabajo después de años, incluso décadas desempeñando funciones para las Administraciones, encadenando contratos temporales y sufriendo "fraude de ley", según numerosas sentencias judiciales. 

El gran problema es que la Administración tendría dificultades para justificar la conversión automática en funcionarios de los miles de trabajadores que están en esta situación porque la Justicia también determina que la contratación de personal público debe estar acogido bajo las premisas de capacidad, mérito, transparencia y libre concurrencia. Sin embargo, los afectados consideran que sería perfectamente legal que se obligue a ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos legalizar estos puestos de trabajo por el abuso que han cometido durante años. 

El día a día de cualquiera de estos funcionarios interinos es el mismo durante años, trabajan con la 'espada de Damocles' sobre su cabeza que en cualquier momento les puede dejar en el paro, sin indemnización y sin expectativas de futuro. 

Hace más de catorce años, María (nombre ficticio) comenzó a trabajar en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid como auxiliar administrativo. Con 31 años de edad, firmó su primer contrato temporal, hasta OPE (Oferta Pública de Empleo) y se puso a estudiar con la certidumbre que en breve la plaza que ocupaba de forma temporal saldría a concurso público para estabilizarla. Dicha plaza salió, efectivamente, pero nueve años después de su ingreso. Entonces tuvo que enfrentarse a una oposición para 'defender' su puesto de trabajo frente a personas más jóvenes y más preparadas para aprobar un examen, pero con cero experiencia. Consiguió aprobar, aunque no con la puntuación suficiente como para hacerse con una de las plazas convocadas, por lo que volvió a la casilla de salida, es decir, a la oficina del paro, sin indemnización  y a la espera de que le llamaran nuevamente de la bolsa de empleo. Volvieron a llamarle para ocupar un nuevo puesto de auxiliar administrativo hasta una nueva OPE que otra vez se parece que no llega nunca. Ahora con 45 años de edad sus posibilidades de ser funcionaria definitivamente son menores ya que tendrá que pasar nuevamente un proceso selectivo (ya pasó y aprobó dos) y compatibilizar el estudio con el trabajo y las cargas familiares. La justicia considera que es una trabajadora en "fraude de ley" y solo espera que este proceso de estabilización le sirva para conseguir lo que lleva años persiguiendo, obtener su plaza. A la espera de ver qué ocurre, considera que la aprobación del Real Decreto no deja de ser "un nuevo abuso, porque sigue existiendo la posibilidad de perder el puesto de trabajo de un día para otro después de tantos años". 

Este proceso de estabilización tendrá ciertas ventajas para los interinos pero la propia legislación reconoce que no todos conseguirán su objetivo ya que establece una indemnización de 20 días por año trabajado para las personas que no superen el proceso. Esta es una cantidad, según los afectados, irrisoria y que no compensa el abuso al que han sido sometidos. 

Dicho plan de estabilización consistirá en un proceso de selección especial por medio de un concurso-oposición en el que la fase de concurso tendrá en peso del 40% de la nota y se tendrá en cuenta la experiencia en el puesto de trabajo. El problema es que podrán presentarse todos los interinos (más de 800.000 según las organizaciones) que podrán tener la máxima nota y será, según los afectados, una especie de "juegos del hambre"

El 60% restante será la parte de la oposición, es decir, el examen. Además, en el caso de las Administraciones locales quedarán eximidas de cumplir los artículos 8 y 9 del Real Decreto 896/1991 por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a los que se deben ajustar los procedimientos de selección de funcionarios. Es decir, que los exámenes no tendrán porqué versar obligatoriamente sobre Constitución Española, Organización del Estado, Régimen Local, Derecho Administrativo, etc. ni tampoco tendrán que tener ejercicios prácticos como test psicotécnicos, solución de supuestos prácticos, etc. En este sentido se deja a la decisión de los ayuntamientos el tipo de examen y el temario. 

Distinta situación establece el Real Decreto para el personal del ámbito de la Educación y la Sanidad en cuyos sectores se da un plazo de un año para adaptar la legislación a la nueva reforma. Por este motivo, los profesores interinos y sanitarios aún tendrán que esperar un año para ver qué decisiones se toman por lo que ven alargada su situación de abuso. 

La ministra María Jesús Montero, sin embargo, aplaudió ayer el acuerdo alcanzado "urgía en nuestro país porque el sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad". De igual modo, analizó que "el mapa de la temporalidad en España es asimétrico y habitualmente son las administraciones autonómicas, debido a la prestación de los servicios sanitarios y educativos, las que tienen una mayor temporalidad, por lo que la norma pretende dar respuesta a ese elenco de realidades distintas".

Los sindicatos firmantes del acuerdo, CCOO, UGT y CSIF han aplaudido de igual forma el acuerdo y consideran que es "altamente positivo" ya que guarda un equilibrio "entre los trabajadores interinos que llevan 30 años en la Administración con el de todos los ciudadanos a tener igualdad de oportunidades de acceso y garantizar unos conocimientos adecuados". 

No consideran lo mismo las plataformas que agrupan a miles de interinos que, incluso, consideran que los sindicatos firmantes del acuerdo no les representan. Es más les acusan de ser parte interesada del conflicto ya que controlan las academias de oposiciones. Siguen pidiendo que la única solución a su caso es la fijeza y piden que se les transforme automáticamente en funcionarios como creen que marca la justicia europea. 

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