Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto Ley que afecta directamente a más de 300.000 trabajadores de las Administraciones Públicas que llevan años, incluso décadas, sometidos a una situación de "fraude de ley" a la espera de la consolidación de su puesto de trabajo y la resolución del concurso público de su plaza. La nueva legislación ha sido consensuada entre los principales sindicatos y el Gobierno y establece un mecanismo extraordinario por el que se pretende estabilizar el empleo temporal en un tiempo máximo de 3 años, hasta el 2025. Será un concurso-oposición en el que se valorará hasta un 40% la experiencia en el puesto y se indemnizará a aquellos que no consigan su plaza con 20 dias por año trabajado. Además, se abre la posibilidad de crear bolsas de interinos para aquellas personas que no superen el proceso selectivo. En el caso de la Administración local, los exámenes no tendrán que regirse por los programas de mínimos que exige la ley y queda en manos de los ayuntamientos los temarios exigibles.
El Gobierno y los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF firmaron este lunes un plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas en un máximo de 3 años. En la actualidad, España cuenta con 2.710.405 empleados y empleadas públicas según el último boletín del Ministerio de Política Territorial. De estos, 659.712 trabajadores y trabajadores, el 22,35% del total, son personal funcionario interino, personal eventual y otro personal, lo que supone una cifra altísima de temporalidad que se pretende dejar en torno al 8%.
Muchos de estos trabajadores llevan años, incluso décadas ocupando plazas estructurales que debían haber salido a concurso público pero que por diferentes razones nunca ha sucedido. Distintas sentencias judiciales de España y de la Unión Europea han considerado que estas personas están en 'fraude de ley' y con el Real Decreto Ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros se pretende dar una solución a estos empleados y también poner los mecanismos para que las AAPP no abusen de la contratación temporal.
Se estima que hay alrededor de 300.000 personas de las Administraciones Central, Autonómica y Local que llevan años encadenando contratos temporales, cifra que algunas organizaciones cifran incluso en 800.000. Ahora, la solución que aprobará el Ejecutivo es la puesta en marcha de un plan de choque para la estabilización del Empleo Público.
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha suscrito con los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF este acuerdo para reducir la temporalidad que se materializa hoy en un Real Decreto-ley.
El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, presidió previamente la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, donde están representadas las CCAA, la FEMP y los sindicatos. A la firma del acuerdo, junto al ministro, asistieron el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrell. Por los sindicatos, suscribieron el acuerdo Francisco García Suárez, por CC.OO, Julio Lacuerda, por UGT, y Miguel Borra, por CSIF.
Este proceso, que durará tres años, afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal al menos desde el 31 de diciembre de 2017 y que no estén incluidas en los procesos de estabilización del 2017 y del 2018.
Este proceso tendrá que estar finalizado, como mucho, antes del 31 de diciembre de 2024 por lo que estos tres años se producirán en todas las Administraciones los procesos selectivos especialmente pensados para que las personas que están ocupando estas plazas las obtengan definitivamente ya que contarán con cierta protección. Este concurso-oposición respetará los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia, pero premiará a las personas que llevan años trabajando en estas plazas con una fase de concurso que tendrá un 40% de peso del total del proceso y se tendrá en cuenta la experiencia en el puesto. A pesar de todo, aquellos empleados que no consigan aprobar la plaza podrán incluirse en bolsas de interinos y podrán tener una compensación económica de veinte días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Este proceso especial es la forma que tiene el Gobierno de compensar a los trabajadores y trabajadoras por una larga e injustificada temporalidad.
Además, el Real Decreto que verá hoy la luz y que incluye los acuerdos firmados con los sindicatos, establece una serie de mecanismos para que no se vuelva a dar esta situación. El acuerdo recoge la reforma del artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) que especificará la causa y término del nombramiento del personal interino, solo por cuatro modalidades:
- Por vacante cuando no sea posible hacerlo por personal funcionario de carrera y con una duración máxima de tres años desde el nombramiento.
- Por sustitución transitoria de titulares el tiempo estrictamente necesario.
- Para la ejecución de programas de carácter temporal, que no superarán los tres años de duración, ampliables por doce meses más en función de lo previsto en las Leyes de Función Pública que desarrollan el TREBEP.
- Por exceso o acumulación de tareas con un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses.
Además, La reforma prevé la exigencia de responsabilidades por incumplimiento:
- Imposibilidad de cubrir por personal funcionario interino una plaza vacante que haya sido ocupada ya durante el tiempo máximo por un interino, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto.
- Establecimiento de un régimen de compensaciones. La reforma prevé una compensación económica para el personal funcionario interino afectado.
Reforma ante una excesiva tasa de temporalidad
La excesiva tasa de temporalidad constituye un rasgo estructural del mercado laboral en España que lastra la competitividad de nuestro modelo productivo. En el ámbito del sector público, la temporalidad es aún más elevada que en el privado.
Las causas de este fenómeno se encuentran en las limitaciones a la reposición de efectivos derivadas de las leyes presupuestarias, principalmente entre los años 2012 y 2015, y en los procesos selectivos, que en muchos casos no se desarrollan con la celeridad necesaria para garantizar la prestación de los servicios públicos.
La urgencia de articular una reforma normativa con carácter inmediato viene motivada por varios factores:
- La UE ha dirigido indicaciones a España sobre la necesidad de acometer reformas estructurales dirigidas a atajar la excesiva temporalidad.
- Con la referencia de estas recomendaciones, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incorpora entre sus medidas un nuevo instrumento normativo con el objetivo de situar la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas españolas.
Gradualidad en la aplicación
La reforma del TREBEP se aplicará únicamente al sector de administración general de las administraciones públicas, otorgándose el plazo de un año para la adaptación de la legislación específica para el personal docente y estatutario de los servicios de salud. Si transcurrido el plazo de un año no se adaptara la legislación específica en dichos ámbitos, lo dispuesto en el TREBEP se aplicaría a dicho personal.