La ley de Igualdad del “solo sí es sí" será aprobada en el próximo Consejo de Ministros

La ley de Igualdad del “solo sí es sí" será aprobada en el próximo Consejo de Ministros

La Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley del “solo sí es sí” del Ministerio de Igualdad, cartera dirigida por Irene Montero, será, probablemente, aprobada en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Según la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, el eje central de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual seguirá siendo el consentimiento. 

La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado que las conclusiones incluidas en el informe del Consejo de Estado a la ley del “solo sí es sí”, “no afecta” a la definición “del consentimiento como eje crucial de la ley”

 

Victoria Rosell, ha contestado los periodistas que dudaban sobre si el informe del Consejo de Estado podría cambiar la definición del consentimiento de la ley de Igualdad, la delegada ha respondido que en la redacción de la norma la definición abarcará la posibilidad de no consentimiento no a través de la doble negación y la de consentimiento, en positivo. No obstante, ha recalcado que aún desconoce cuál será la definición de consentimiento usada en el texto final aunque ha subrayado que el consentimiento seguirá siendo el eje de la norma.

 

La delegada ha destacado que se trata de una norma extensa, que toca muchos ámbitos con un contenido de "calidad altísima”, de alta "seguridad jurídica" y muy "consensuada" por los actores implicados, por ello ha celebrado que en la próxima semana vaya a ver la luz.

 

Según la delegada, el informe del Consejo de Estado ha detallado propuestas técnicas, algunas referidas a la colocación de algunos artículos o párrafos del contenido que, en la actualidad se están “acomodando” hasta que sea aprobado en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

 

Rosell se ha mostrado conforme con las propuestas del Consejo de Estado a diferencia de lo ocurrido con el informe del CGPJ, algo más “negativo”, según Rosell, pues rechazó la definición de consentimiento por “innecesaria" ya que consideran que "no evitaría" la revictimización de la agredida y podría alterar "las normas sobre la carga de la prueba en el proceso".

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