La sede la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, dictó sentencia una vez más sobre la cuestión de los posibles indultos a los políticos catalanes condenados por los hechos del otoño del 2017. Ciento noventa diputados y diputadas tumbaron una moción presentada por el Partido Popular instando al Ejecutivo que no conceda la rebaja de su pena a los independentistas catalanes. Los de Casado solo tuvieron el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha de Vox. Enfrente el resto de grupos de la cámara se posicionaron junto al PSOE y el Ejecutivo de Sánchez. 

El discurso del Partido Popular sigue anclado en la idea de que la medida de gracia es solo beneficioso para el propio Gobierno que, ante su debilidad, necesita de los votos de los partidos catalanes para alargar la legislatura. Poco les importa a los conservadores esconder la realidad a sabiendas de que Sánchez tiene presupuestos aprobados que podría prorrogar sin problemas. Pero ni eso será necesario para el Ejecutivo. En unos meses, llegará otra ley de presupuestos que recoja otra buena parte de los fondos europeos que este miércoles la presidenta de la Comisión Europea presentó en Madrid. 

En el lado contrario, el PSOE prosigue sumando apoyos, algunos inesperados, y pide "confianza" a los españoles en su apuesta por reconducir la cuestión catalana dentro del diálogo y dentro de los cauces de la ley y de la Constitución. Quieren así dejar de dar razones a los recalcitrantes independentistas catalanes que les haga sumar apoyos. Tiene razón el presidente del Gobierno al señalar que desde que los socialistas están en Moncloa no se ha producido ni una sola ilegalidad del Gobierno de Cataluña ni de los partidos independentistas. Justo lo contrario de lo que sembró la estrategia de mano dura del Gobierno de Mariano Rajoy que nos trajo el referéndum ilegal de independencia, la aprobación de unas leyes de desconexión con el Estado español y la Declaración Unilateral de Independencia. Esto son hechos basados en la realidad, no son sensaciones. La situación es ahora infinitamente mejor que hace cuatro años y el independentismo pierde fuerza. 

La decisión del Gobierno no está exenta de riesgos y su éxito pasa también por la modificación de la estrategia de los independentistas catalanes. La primera prueba palpable de que algo está cambiando llegó de mano del líder de ERC, Oriol Junqueras, que por primera vez reconoce sus errores, considera que muchos catalanes no entendieron su vía unilateral y apuesta por explorar otras vías para sus anhelos políticos. Eso nos aleja de otro nuevo escenario de confrontación directa con el Estado, aunque sin descartarlo del todo. 

Por ello es importante que cuando el Consejo de Ministros firme la medida de gracia que ya todos dan por hecha, lo haga con el mayor respaldo posible. Para ello se han volcado los dirigentes socialistas, incluido el presidente, que llevan semanas haciendo pedagogía para que la ciudadanía vea de la manera más clara posible que su objetivo es terminar con un conflicto político que ha lastrado y lastra a toda la sociedad catalana. Su buen hacer está dando resultados a la vista de los apoyos que el Gobierno está consiguiendo en las últimas horas. 

Los principales representantes de los trabajadores, los líderes de UGT y CCOO ya expresaron de forma nítida su posición y se mostraron a favor de que se conceda los indultos parciales a los doce condenados. Consideran que la permanencia en prisión de líderes políticos dificulta un futuro escenario de diálogo que es indispensable para reconducir la situación de cara al futuro. 

Pero, además, han llegado otras inesperadas adhesiones a la concesión de perdón para los condenados por sedición, malversación y desobediencia. Así, los empresarios catalanes y españoles dan la espalda a los de la Plaza de Colón y se muestran a favor de los indultos.

El vicepresidente del Cercle dÉconomia, Jordi Gual; y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, consideran que la concesión de esta medida de gracia, potestad del gobierno y enmarcada dentro del Estado de Derecho, pueden conseguir que se normalicen las cosas. Un clima de estabilidad es lo que necesita la economía para que todo fluya con normalidad y los representantes de la patronal consideran que ya es hora de recuperar lo perdido en la economía catalana que lastra a las empresas ubicadas allí. 

Este miércoles, el vicepresidente del Cercle d'Economia, Jordi Gual, defendió que los indultos que tiene previsto conceder el Gobierno no deben ser vistos como "concesiones inaceptables ni vergonzosas" sino como el inicio del camino del diálogo y del entendimiento. Lo hizo, además, delante del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Se trata de un duro revés para el líder conservador que solo ofrece para Cataluña recogida de firmas que ya no son masivas y seguir en la línea de la confrontación que propusieron sus antecesores. 

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, fue este jueves claro al manifestar que "si las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos". Sus declaraciones fueron tan explosivas que dejaron a dirigentes conservadores y medios de comunicación cercanos a la derecha en completo "fuera de juego". Se lanzaron de forma descarnada contra el líder de la patronal española en la que podría ser la gota que colma el vaso de su paciencia, hartos de ver cómo los empresarios llegan a acuerdos, uno tras otro, con el Gobierno en el último año de la pandemia. Fue tanta la presión que el propio Garamendi ha querido matizar sus palabras. "Me he sorprendido", afirma Garamendi, por el revuelo causado y considera que todo es producto "de la radicalización de la política española". A pesar de todo, defiende que los empresarios están del lado de la Constitución, con la ley y con el Estado de Derecho". Y recuerda que dentro de ese marco está la posibilidad de conceder indultos.  

Y para sorpresa de muchos, los obispos catalanes han manifestado también su apoyo al Gobierno en este tema. La Conferencia Episcopal Tarraconense ha comunicado públicamente que está convencida "de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracias en todas las situaciones de conflicto". 

Mientras tanto, el PP ve cómo lo que parecía su mejor arma para atacar al Gobierno se convierte en una cuestión que refuerza al Ejecutivo de coalición. Desde la formación de Casado son conscientes que quizás estaban ante su última oportunidad de forzar un adelanto electoral. Y saben que lo peor para ellos está por venir. Con la salida de la crisis sanitaria gracias al éxito del plan de vacunación y con el inicio de la recuperación que se espera que sea espectacular, sus opciones de volver a la Moncloa en el 2023 cada vez están más lejanas.