Violencia machista: qué hemos hecho mal, qué no hemos hecho y qué podemos hacer

"Estoy desesperada, no puedo mas, no duermo, no descanso"

Violencia machista: qué hemos hecho mal, qué no hemos hecho y qué podemos hacer

"Estoy desesperada, no puedo mas, no duermo, no descanso"

Esta es una parte de la llamada de auxilio que hizo esta misma semana una mujer víctima de violencia de género, ella y sus hijos, y víctima también de la incomprensión del Juzgado que lleva su asunto. Tras los asesinatos machistas encadenados de la última semana, muchas personas estamos dándole vueltas para ver qué hemos hecho mal; qué no hemos hecho y debíamos haber hecho y haciendo entre todas una tormenta de ideas con el fin de detener esta oleada de violencia contra las mujeres.

 

Vemos que la posibilidad de salida de la pandemia ha hecho que muchas mujeres hayan vislumbrado la posibilidad de romper con el maltratador, lo hayan anunciado y ese haya sido el fin de algunas de ellas. Porque la pandemia ha empeorado la situación para las mujeres que convivían con hombres violentos. Podemos decir que también en la pandemia de machismo terrorista estamos también volviendo a la normalidad.

La verdad es que desde el año 1989 que se introdujo en el Código Penal el delito de malos tratos habituales y el delito de impago de pensiones, ambos con el fin de proteger a la parte más vulnerable de la familia, mucha gente nos hemos implicado en la prevención y en la erradicación de la violencia machista. Algunas ya estábamos antes, pero me refiero a hacerlo desde el punto de vista judicial.

Estos dos delitos, nuevos en nuestro Código Penal, pero vigentes en países de nuestro entorno, encontraron grandes resistencias para ser aplicados por parte de un sector de la judicatura, lo que nos motivó a quienes entonces éramos socias de Themis a realizar nada menos que tres amplios estudios para demostrar, con rigor, cual era la respuesta penal que se estaba dando a los malos tratos en la pareja, incluida la violencia económica, ya que, uno de los estudios, llevado a cabo en la Comunidad de Andalucía, tuvo como fin analizar el tratamiento judicial de la violencia económica, esto es, el delito de impago de pensiones, que muchos jueces se resistían a aplicar, porque alegaban que significaba volver a la prisión por deudas, sin detenerse a analizar que el bien jurídico protegido por el delito era el bienestar de la parte más vulnerable de la familia, como son los hijos menores de edad. Pero la introducción de estos dos delitos nuevos en el Código penal fueron los primeros pasos legislativos que se dieron para proteger a las mujeres de las conductas de las que eran víctimas con mayor frecuencia por parte de los varones, dejando aparte la violencia sexual. 

La IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Pekín en 1995 y la Plataforma de Acción que se acordó en la misma, nos proporcionaron fuerza y elementos para abordar de manera más eficaz la lucha contra la desigualdad de las mujeres en la sociedad y desde el propio movimiento feminista se reivindicó una ley para abordar la lucha contra la violencia machista, no solo desde el punto de vista de las penas, sino desde un punto de vista integral, multidisciplinar, que tuviera como ejes el reconocimiento de derechos a las mujeres víctimas, la eliminación de la estructura patriarcal, la tutela institucional y también la tutela penal.

El PSOE hizo suya esta bandera (las posiciones feministas del PSOE tienen muchos años de historia) y en el año 2001 presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley integral contra la violencia de género, que no prosperó pues fue votada en contra por el PP.

Pero el PSOE ganó las elecciones del año 2004 y la primera Ley orgánica que llevó al Congreso fue el mismo texto que ya había presentado en el año 2001, y esta vez sí, esta vez fue aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos y el resultado fue nuestra LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

 

 

Una ley valiente y pionera, que ha sido puesta de ejemplo en todo el mundo, que ha tenido muy poquitas modificaciones desde su entrada en vigor y que desde el movimiento feminista consideramos que continúa siendo un potente instrumento para la prevención, la erradicación y la punición de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la relación de pareja, al tiempo que reconoce a éstas un elenco de derechos que tienen como finalidad ayudarles a dar el difícil pero liberador paso de la ruptura con el violento. 

Cierto es que quedaron fuera de la ley y por lo tanto fuera del tratamiento diferente otras muchas manifestaciones de la violencia de género como son la violencia sexual, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, la prostitución, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, los vientres de alquiler y otras más, siendo esta una lista abierta, desgraciadamente.

¿Qué está fallando si tenemos un instrumento tan potente, pero continuamos teniendo unas cifras insoportables de violencia? Qué está pasando para que el 80% de las mujeres que sufren violencia en la relación de pareja no denuncie?

 

 

Me gustaría hacer algunas aportaciones a las preguntas que muchas personas implicadas en esta lucha nos hacemos estos días.

En primer lugar, quisiera señalar que, en el periodo transcurrido desde la entrada en vigor de la ley hasta la fecha, ha habido siete años de gobierno del PP (2011-2018) durante los que se ha retrocedido en políticas de igualdad, entre las que se incluyen las que conciernen a la lucha contra la violencia de género. 

En segundo lugar, la Gran Crisis del 2008 ha paralizado muchas de las medidas políticas en materia de igualdad que requerían inversión: todo lo “nuestro” quedó en suspenso, desde la ampliación del permiso de paternidad hasta la creación de las Unidades de Valoración Forense integral; en materia educativa, en lugar de invertir para incorporar la coeducación en las aulas, la ley Wert suprimió la Educación para la Ciudadanía; no hay más sensibilización social contra la violencia machista -y las estadísticas lo ponen de manifiesto-, porque al amparo de la crisis económica dejaron de hacerse campañas públicas, sostenidas en el tiempo, que removieran conciencias y consiguieran convertir la violencia machista en un problema de toda la ciudadanía. En definitiva, la crisis económica, como ya lo advirtió Simone de Beauvoir, ha perjudicado notablemente el avance hacia la igualdad real.

En tercer lugar, se debe señalar que la Ley Integral tiene algunos objetivos muy ambiciosos, como es sobre todo cambiar la estructura patriarcal de la sociedad, fundamentalmente la educación, la sensibilidad social, el tratamiento de la violencia de género en los medios, el tratamiento de mujeres y hombres en la publicidad y estos objetivos no se han conseguido ni en todo ni en parte. Conseguirlo compete a las administraciones públicas y deberían ponerse seriamente a ello, especialmente estamos tardando en llevar la coeducación a los centros escolares.

 

 

En cuarto lugar, desde el punto de vista de la protección de las víctimas y de la persecución a los violentos, creo que es urgente realizar algunas reformas:

  • - La recepción y la atención que se hace a las mujeres en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Actualmente no es amigable, más bien es lo contrario. Las mujeres no son creídas con mucha frecuencia por muchos de los operadores jurídicos, pero sobre todo por el Juez que es quien puede resolver. Esa incredibilidad del relato que hacen las mujeres es la consecuencia de tener prejuicios machistas y puede dar lugar a resoluciones injustas. ¿Cómo se resuelve este problema? Con formación en igualdad que no se dispensa en los estudios académicos de Derecho ni de Medicina o Psicología. Por tanto, no se trata de una formación teórica más, sino que es una formación muy específica, que descubre cómo ha sido y es la vida para uno y otro sexo y puede remover conciencias. 
  • - Los Juzgados de Violencia solo deberán ser servidos por jueces y juezas que lo soliciten y demuestren capacitación incluida la formación en perspectiva de género, y nunca por aquellos que están en contra de la ley, porque haberlos, ahílos.
  • - Esta formación en igualdad entre mujeres y hombres debe implantarse en las Facultades de todas las disciplinas que tienen que ver con el tratamiento de la violencia de género. Y en concreto en las Facultades de Derecho, debe abordarse el estudio de cualquier asignatura desde esta perspectiva, porque es muy elocuente comprobar cómo el Derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres, afectando al Derecho Civil y al Mercantil; la desigualdad es transversal a todo el Derecho.
  • - Debe generalizarse la creación de las Unidades de Valoración Forense Integral, de manera que todos los Juzgados de Vioelncia sobre la Mujer puedan auxiliarse de los informes de este organismo ideado por la Ley Integral. Hasta el año 2008 se crearon 22 unidades en toda España, suspendiéndose después (otra vez la crisis golpeando más duramente a las mujeres) y no se ha reanudado su creación tal y como fueron concebidas: equipos de profesionales de la medicina, la psicología y el trabajo social, especializados en violencia de género. Solo de esta manera se evitará que se califique como de bajo riesgo un sujeto que reitera el maltrato, pero la segunda vez más gravemente, asesinando a la mujer. Porque el sistema VIOGEN falla estrepitosamente y no hay excusas para no crear las unidades indicadas. 
  • - Además de para valorar el riesgo que sufren las mujeres y sus hijos e hijas, que ya es bastante para crearlas, las Unidades de Valoración Forense integral servirán para poder demostrar la existencia de violencia psicológica y poder valorar los daños infligidos a las mujeres; porque solo de esta manera el derecho que reconoce a las mujeres el Convenio de Estambul a la indemnización y a la reparación, podrá hacerse efectivo.
  • - Se puede y se debe mejorar la coordinación de todas las administraciones intervinientes en la lucha contra la violencia de género y esa coordinación debería llevarse a cabo, tal y como se ideó en su día, por las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y Unidades contra la Violencia sobre la Mujer de cada Delegación del Gobierno, en cada Comunidad Autónoma; para ello, hay que dotarlas de personal, pues con una persona al frente, su función es poco más que testimonial.
  • - En los casos de muerte tras la formulación de denuncia y solicitud de Orden de Protección, debe hacerse una investigación exhaustiva y exigirse responsabilidades personales si las hubiere; ya estamos cansadas de frases bienintencionadas cuando esto ocurre. Cuando alguien se confunde en su trabajo y hay resultado de muerte, responde. También con las mujeres y con sus hijos víctimas de la violencia machista.
  • - Acerca de la denuncia. Es cierto que la denuncia no es la única salida a la violencia machista, pero debiera serlo, porque debiera ser la forma segura de obtener protección y es también la forma de que el violento no quede impune; conformase con esta situación, no es propio de un Estado de Derecho. Las mujeres tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Tribunales y éstos tienen la obligación de proporcionarla. Es un fracaso admitir que el 80% de las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas no acuden al Juzgado a denunciar sencillamente porque no confían en la Justicia. Está en nuestra mano cambiar este paradigma y es muy urgente hacerlo.

 

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