La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han alcanzado un principio de acuerdo con los representantes sindicales de CCOO y de UGT, así como con las patronales CEOE y CEPYME para prorrogar hasta el 31 de septiembre de este año los ERTES que llevan protegiendo a trabajadores y empresas desde el comienzo de la crisis producida por el coronavirus

El Gobierno de Pedro Sánchez se apunta así un nuevo éxito en su labor de negociación en el seno de la Mesa del Diálogo Social para trabajar en pro del mantenimiento de medidas de protección social y del empleo que se han mostrado trascendentales en estos tiempos de pandemia y que han sido fuertemente aplaudidos entre los nuestro socios europeos así como por las autoridades comunitarias de Bruselas. 

El preacuerdo será aprobado este mismo jueves en un Consejo de Ministros Extraordinario y permitirá prorrogar la aplicación de las medidas de flexibilidad incluidas en el Real Decreto de enero de este año y  también las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las cotizaciones de la Seguridad Social de las empresas. También se prorrogan otras medidas extraordinarias de protección por desempleo de las personas trabajadoras que recoge el Real Decreto de septiembre de 2020. Y por último, prorroga aquellas medidas complementarias de protección necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo. 

Mantendrán, igualmente, su vigencia medidas relacionadas con extinciones y despidos, la interrupción del cómputo de los contratos temporales, la salvaguarda del empleo, los límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y nuevas externalizaciones. 

El esquema de los ERTES que está protegiendo en la actualidad a alrededor de 600.000 trabajadores y trabajadoras mantiene el esquema vigente con algunos cambios en los porcentajes de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social. Siguen las tres modalidades de ERTE: los destinados a los sectores ultra protegidos y a las empresas vinculadas a su cadena de valor; los de impedimento de actividad; y los de limitación. Estos dos últimos están pensados para empresas que no pueden desarrollar plenamente su actividad económica por estar afectadas por las restricciones que aún se mantienen para controlar la expansión del Covid-19. 

Los sectores ultra protegidos tendrán exoneraciones diferentes en los casos de trabajadores en suspensión de empleo frente a los que se activen en un contexto de mayor recuperación que en meses anteriores. Con el objetivo de incentivarla activación de empleo, en esta ocasión, se incluyen unas exoneraciones mayores para los casos de los trabajadores que se reincorporen a la actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Cuando mantengan a los trabajadores suspendidos, habrá exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la empresa tiene menos de 50 trabajadores. En el caso de contar con 50 trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y agosto y del 60% en septiembre.

Por su parte, los ERTE por limitación de su actividad se verán prorrogados con un nuevo esquema de exoneraciones: si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y septiembre. Si la empresa tiene 50 trabajadores o más, la exención será del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre.

El sistema de ERTE vigente a partir del 1 de junio mantiene las características de flexibilidad del modelo anterior y se ajusta al ciclo de actividad del tejido productivo acorde con la evolución de la pandemia. Las condiciones de cierta incertidumbre y el restablecimiento de la actividad empresarial, en estos momentos asimétrica y sectorizada, exige mantener las medidas excepcionales previstas en las diferentes normas adoptadas desde el comienzo de la crisis sanitaria, todo ello sin perjuicio de la previsible y paulatina normalización de la situación sanitaria.

La norma dispone, para el colectivo de fijos discontinuos y aquellas personas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, la obligación de que las empresas procedan a su incorporación efectiva durante los períodos teóricos de llamamiento de las personas trabajadoras. En caso de que no puedan desarrollar su actividad en el periodo de llamamiento, se dispone su afectación por los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a fecha de entrada en vigor de esta norma o autorizados con posterioridad.