Hacienda revela sobrecostes de 350 millones de euros concedidos a Constructora Hispánica por el Gobierno de Aznar

Hacienda revela sobrecostes de 350 millones de euros concedidos a Constructora Hispánica por el Gobierno de Aznar

El informe revela que la empresa conseguía los contratos al presentar la menor oferta y luego añadía sobrecostes millonarios, de los que el Partido Popular recibía mordidas tal y como reconoció el dueño de Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo.

 

La Audiencia Nacional ha incorporado al sumario un informe realizado por Hacienda en el que vincula los pagos en negro al Partido Popular con las adjudicaciones de obra pública a la empresa Constructora Hispánica (ahora Assignia) de Alfonso García-Pozuelo, que admitió haber pagado mordidas al PP con el objetivo de conseguir contratos de obra pública y que posteriormente inflaba para añadir sobrecostes reformando los proyectos.

La investigación realizada por los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha reportado que se produjeron sobrecostes en contratos de obra pública realizados por Constructora Hispánica con un importe de 350 millones de euros que asumía el Gobierno del Partido Popular en la segunda legislatura de José María Aznar entre los años 2000 y 2004.

El País ha tenido acceso al informe y en este se detalla la fórmula en la que se realizaba esta práctica de corrupción. Constructora Hispánica se presentaba en las subastas de contratos de obras públicas con la oferta económica más baja para la administración, por lo que se hacían con el proyecto. Después, una vez que ya tenían el contrato, se reformaba el proyecto añadiendo sobrecostes que encarecían en millones de euros el importe final en concepto de modificados y exceso de mediciones. En esta fase el informe resalta una "práctica irregular" por un exceso de mediciones para que el Consejo de Estado no detecte que los modificados superan el 20% máximo permitido.

Una de las adjudicaciones que destaca el informe es el de la construcción de una comisaría de Policía en Xirivella, Valencia, que aprobó el Ministerio de Interior que lideraba en esa legislatura Mariano Rajoy. Constructora Hispánica se hizo con la obra pública por 1,7 millones de euros, pero se acabaron añadiendo en sobrecostes más de medio millón de euros entre el "proyecto de reformado o modificado y el exceso de mediciones", aunque en la práctica los reformados no superaban el 20% legal debido a la práctica irregular anteriormente mencionada. 

Otro de los casos que se revelan es la construcción del AVE La Roca-Llinaris que Constructora Hispánica consiguió el contrato por 44 millones de euros. En esta, los técnicos que han elaborado el informe resaltan un aspecto "dudoso" en el gasto de seis millones de euros por "obras complementarias" para gestionar los residuos de la obra, que podrían ser "un modificado de proyecto" y así se habría superado el 20% legal, ya que los reformados ya tenían un 18,7%. "Parece que al menos partes de estas obras complementarias, las más importantes, son realmente modificados", detalla el informe.

En otras obras públicas como la construcción del nuevo Parador de Lorca los precios tan bajos de la oferta hicieron incluso que Turespaña solicitase a Constructora Hispánica que justificara los precios por poder incurrir en "presunción de temeridad", es decir, que los presupuestos hacen dudar a las administraciones que la obra sea viable.

Estos contratos forman parte de 23 adjudicaciones de siete ministerios diferentes que realizó Constructora Hispánica y que el juez Santiago Pedraz está investigando. Esta investigación comenzó tras la confesión de García-Pozuelo en la trama Gürtel en la que explicó que le adjudicaban las obras públicas a cambio de entre un 2% y un 3% de donaciones al Partido Popular.

 

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