El Congreso tramitará una propuesta del PSOE para regular ‘lobbies’ y sancionar a diputados que mientan sobre sus bienes

El Congreso tramitará una propuesta del PSOE para regular ‘lobbies’ y sancionar a diputados que mientan sobre sus bienes

El Pleno del Congreso de los Diputados tramitará este martes la propuesta del grupo parlamentario socialista para reformar el Reglamento de la Cámara del Congreso a fin de regular los ‘lobbies’ o grupos de interés y de imponer sanciones a los diputados que oculten la verdad sobre su patrimonio y bienes en las declaraciones de bienes, actividades o intereses que presentan en la institución.

El PSOE considera que los ‘lobbies’ o grupos de interés tienen una gran influencia en las iniciativas parlamentarias y que por ello deben seguir principios de integridad, respeto a la ley, transparencia y veracidad de la información.

La medida propuesta por el grupo parlamentario socialista, liderado por Adriana Lastra supondría, en un función de la gravedad de la infracción, la retirada de cargos parlamentarios y de los complementos salariales que estos llevan aparejados. Las infracciones está tipificadas en el documento de la propuesta al que ha accedido Europa Press como leves, graves o muy graves.

Las infracciones recogidas son: "el incumplimiento de todas obligaciones contenidas en el Reglamento de la Cámara, incluidas las recogidas en el nuevo título relativo a los ‘lobbies’", la omisión de datos obligatorios o dar datos falsos en las declaraciones patrimoniales (en las que se debe recoger para quién trabajaban en el lustro anterior a lograr el acta de diputado), y "la no presentación" de estas tres declaraciones.

El incumplimiento del Reglamento podrá ser denunciado por un grupo parlamentario, por la Mesa del Congreso, la Mesa de una Comisión o quien ocupe la Secretaría General de la Cámara y la instrucción la llevará a cabo de la Comisión del Estatuto de los Diputados. La Comisión podrá inadmitir la denuncia si no le ve fundamento, pero la Mesa del Congreso podrá revocar la decisión. Si se abre el procedimiento, se dará audiencia a los afectados y tendrán tiempo para poder recabar pruebas, "aplicándose a tal efecto lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo sancionador".

El máximo para resolver la situación por parte de la Comisión son cuatro meses y según los hechos sancionables probados “podrá proponer las sanciones que considere pertinentes, que se podrán graduar desde el apercibimiento y aplicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputados o el grupo hasta la retirada de cargos y complementos salariales (…) exceptuando los establecidos constitucionalmente", es decir, el sueldo base del diputado.

El PSOE, por la gran influencia de los ‘lobbies’ en las iniciativas parlamentarias, considera que deberían registrarse en la web del Congreso, desde donde mantendrán el contacto con los diputados y los empleados de los grupos parlamentarios, haciendo público el contenido de sus contactos con los 'lobbies’, difundiéndose siempre la identidad de las personas que han intervenido en los mismos, la fecha y las materias tratadas.

Además la medida prevé un informe de la 'huella legislativa' donde consten todos los cambios que sufre una iniciativa durante su tramitación. Así los diputados deberán concretar las propuestas que hayan recibido de los ‘lobbies’ con documentos que hayan sido utilizados en la tramitación y registrar si la iniciativa tiene su origen en un grupo de interés. El informe recogerá también todas las votaciones producidas durante la tramitación, indicando el sentido del voto de cada uno de los parlamentarios que hayan intervenido. 

Asimismo, hay infracciones de carácter muy grave en esta iniciativa entre las que destacan: “la difusión de información falsa a los diputados de forma reiterada, mentir sobre el interés al que representan o directamente ocultarlo, mantener reuniones sin estar inscritos en el registro e incurrir en un conflicto de interés o valerse de uno en el que pueda incurrir un miembro del Congreso”. Podrán ser sancionadas con apercibimiento, suspensión de inscripción en el registro hasta un máximo de diez años o la prohibición indefinida de inscribirse en él.

En la iniciativa, el grupo socialista también plantea que no puedan formar parte de grupos de interés quien haya sido miembro de las Cortes Generales o alto cargo del Gobierno de España durante los cuatro años anteriores o quien haya sido inhabilitado judicialmente para acceder a cargo público y, resalta que no tendrán el deber de registrarse como grupos de interés “las entidades que integran la organización territorial del Estado, las corporaciones de derecho público, las embajadas, los sindicatos más representativos, la CEOE ni la CEPYME”.

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