El amparo laboral del Fogasa en el envite de la pandemia

El amparo laboral del Fogasa en el envite de la pandemia

El Fondo de Garantía Salarial, FOGASA, es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social que garantiza, en determinadas circunstancias y con ciertos límites, la percepción por los trabajadores de al menos parte de los salarios e indemnizaciones por extinciones contractuales debidos y no pagados por los empresarios.

 

Cobra relevancia el FOGASA en estos momentos de crisis económica y de salud que está precisando de sucesivas decisiones de orden público que conllevan restricciones de movilidad adoptadas para paliar el impacto de la pandemia y que han provocado, a su vez, un daño estructural en el sector de servicios directos e indirectos de actividad dedicados al turismo y la hostelería. Sector que más impacto está soportando como consecuencia de las necesarias medidas que se están adoptando para combatir la generalizada crisis de salud que genera la pandemia.

Los sucesivos estados de alarma han dado el toque de gracia mortal económico a muchas empresas que no encuentran opciones de supervivencia económica en un mercado de mínimos y con un consumo cada vez más limitado y desincentivado.

Ya son más de 90.000 las empresas españolas que han sido cerradas como consecuencia de las medidas adoptadas frente al COVID 19. Los trabajadores ven cómo se pierden su puestos de trabajo, que la actividad desaparece y que a ella le sigue el cierre, lo que genera un porvenir laboral muy incierto.

Trabajadores que se encontrarán en situación de desempleo, viendo finalizados sus contratos sin que la empresa -generalmente en insolvencia justificada- pueda abonarles la indemnización que legalmente les corresponde y, en muchas ocasiones, con una, dos o más mensualidades de  nóminas adeudadas. 

Esos rendimientos del trabajo, que son el sustento básico y principal de una familia, tienen su cobertura, aunque con limitaciones, mediante el Fondo de Garantía Salarial, cuyo origen se encuentra en la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, configuradora del primer FOGASA, y encontrándose su base jurídica actual en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Este organismo de garantía, que es protagonista en la recaudación en las fases de bonanza laboral y de expansión económica, en momentos como éste está llamado a  garantizar y dar amparo laboral en cobro de los derechos laborales impagados a los trabajadores en situaciones de insolvencia o concurso de las empresas con las que mantenían una relación laboral. La responsabilidad del FOGASA no es absoluta sino que tiene su límite en el Salario Mínimo Interprofesional en las cuantías a abonar por los salarios e indemnizaciones adeudadas por la empresa, declarada insolvente o en situación concursal. 

En su creación, el organismo nació para hacer frente a la crisis del petróleo, el ocaso de la dictadura y la transición, factores internacionales e internos que pusieron en un brete a la economía española entre 1975 y 1985. Posteriormente, volvió a tener su protagonismo durante la crisis financiera e inmobiliaria entre 2007 y 2013, donde se superaron los 6 millones de trabajadores en situación de desempleo.

En los peores momentos de dicha precedente crisis, el FOGASA aguantó y asumió la totalidad de las prestaciones derivadas de ejecuciones laborales e indemnizaciones pendientes de pago motivadas por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas, gracias a sus remanentes de tesorería.

Sin embargo, la que ahora se conoce como la crisis  pandémica provocada por el COVID 19 nos deja, por ahora, una cifra de desempleo superior a los 3.300.000 trabajadores y lo peor está todavía por llegar. Las ejecuciones laborales, los procesos de insolvencia y las soluciones concursales que generalmente no suelen ser soluciones laborales,  sino antídotos en evitación de la responsabilidad empresarial, de nuevo convertirán en  protagonista a este organismo, que está por ver si podrá resistir un envite tan fuerte en una situación de general debilitación y contracción económica. 

El organismo que, como se ha dicho, se financia de diversas fuentes, siendo la principal las cotizaciones efectuadas por los empresarios, tanto públicos como privados, que emplean trabajadores por cuenta ajena, necesariamente descenderán, lo que hará necesarias aportaciones suplementarias para asumir las obligaciones garantizadas a los trabajadores.

Si bien la instrucción del expediente administrativo para lograr el cobro es farragoso y se necesita tutorización experta, la existencia de este fondo público se hace más que necesaria para no dejar en desprotección absoluta a millones de trabajadores y sus familias, cuyas empresas habrán manifestado legalmente su impotencia para asumir las indemnizaciones derivadas de masivas y colectivas extinciones laborales.

Confiemos que la adecuada administración de sus recursos, remanentes y fondos propios posibiliten dar amparo y protección a los trabajadores y cumplir, en definitiva, con su  fin que no es otro que salir al rescate laboral, dentro de los límites legales, de lo que la insolvencia empresarial deja a deber al trabajador.

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