La campaña de vacunación sigue su curso con un objetivo claro: llegar a final del verano con el 70% de la población vacunada y lograr la conocida como inmunidad de rebaño. La meta es común, pero cada comunidad gestiona sus recursos como considera oportuno siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad.

En esta gestión y tras la victoria en las elecciones del 4M de Isabel Díaz Ayuso liderando al Partido Popular, la Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de que la sanidad privada ayude a los centros sanitarios públicos con la administración de vacunas si fuese necesario. El proceso, en caso de requerirse, seguiría las mismas directrices que la sanidad pública, es decir, sería la Consejería de Sanidad la que suministre las vacunas y se garantizará la coordinación entre ambos mecanismos.

Así se explica en la Orden de la Consejería de Sanidad que se publicó el pasado 13 de mayo en la que se determina que esta disposición de los centros privados estará vigente hasta el 30 de septiembre y se podrá prolongar hasta que se declare el fin de la pandemia, siempre y cuando sea necesario. Esta medida ha generado gran polémica en buena parte de la población que ven como en plena crisis sanitaria la administración de Isabel Díaz Ayuso ha comenzado a apoyar a la sanidad privada en vez de invertir en la sanidad pública.

La Consejería de Sanidad asegura que el objetivo de esta medida es "aumentar la capacidad de inoculación de dosis y lograr una mayor eficiencia de los medios disponibles para ello". De esta manera, la Comunidad de Madrid dispondrá de al menos 38 instalaciones privadas en caso de que se necesiten para aumentar el ritmo de vacunación, aunque fuentes de la Consejería de Sanidad afirman que por el momento no se utilizarán de momento porque "la red actual tiene capacidad de sobra". 

De esta manera, estos centros sanitarios privados podrían cooperar con los actuales puntos de vacunación en hospitales públicos, centros de Atención Primaria, el estadio Wanda Metropolitano y el Wizink Center, aunque este apoyo de las instalaciones privadas recibirán una indemnización "tras la tramitación del correspondiente procedimiento que se iniciará a instancias del perjudicado". 

Las cantidades no han sido fijadas aún, pero es una medida que ha causado un gran revuelo debido a que estas indemnizaciones las abonaría la Consejería de Sanidad y, por tanto, los madrileños con sus impuestos. La Orden de la Consejería de Sanidad argumenta que se ha posibilitado esta vía para llegar a más personas en un tiempo menor y para ello "se requiere habilitar y disponer de espacios de dimensiones adecuadas que posibiliten aumentar".