Critica jurídico feminista a la Proposición de Ley para la Igualdad de las Personas Trans (II)

Critica jurídico feminista a la Proposición de Ley para la Igualdad de las Personas Trans (II)

  • Hace algo más de tres meses publiqué en este mismo medio un análisis desde el punto de vista jurídico feminista del borrador de ley trans de Podemos, que se filtró a los medios de comunicación. 

  • Volver de nuevo sobre el tema obedece al hecho de que el próximo martes, día 18 de mayo, se va a votar en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la Proposición de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, que ha sido presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano y Plural y que coincide en un 95% de su contenido con el del borrador que conocimos anteriormente. Por eso, el análisis anterior sirve para el presente, si bien tomando nota de algunas de las novedades de la Proposición de Ley respecto al borrador.

  • Vaya por delante que en lo esencial nada ha cambiado y que por tanto mantengo mis comentarios de hace unos meses. 

 

El colectivo LGTBI sufre discriminaciones específicas y el feminismo, hoy como siempre, está de acuerdo en su erradicación, pero sin que eso implique perjudicar o poner en riesgo las medidas conquistadas para superar la desigualdad de las mujeres, porque estamos muy lejos aún de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Por eso, desde el feminismo y creo no confundirme cuando afirmo esto, queremos una ley que mejore la vida de los colectivos trans sin comprometer ninguno de los derechos de las mujeres. Y el borrador de ley trans que conocemos los compromete muy seriamente.

La ley tiene un título muy aséptico, aunque debería decir transexual donde dice trans, con el que podemos estar de acuerdo, pero el contenido no debería ser admisible en varios aspectos a los que me referiré. 

1.- Uno de los fundamentos legales en los que se basa la ley según su exposición de Motivos, además de la Constitución y de otras leyes, son los Principios de Yogyakarta del año 2006. Pues bien, hemos de saber que estos principios no tienen categoría de ley, no han sido aprobados internacionalmente por ningún estamento ni organismo oficial; son acuerdos de activistas trans que tienen la misma fuerza vinculante, es decir, ninguna, que los muchos acuerdos que hemos tomado, por ejemplo, la Coordinadora de Mujeres Abogadas durante los muchos años que nos hemos venido reuniendo. Eran nuestras reivindicaciones, nuestros deseos, pero no todos se hicieron ley. Pues eso mismo son los Principios de Yogyakarta, deseos y es obvio que no son fuente del Derecho que sirvan de fundamento para esta ley. Los deseos no son derechos.

El texto legal desconoce la existencia de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, al afirmar en la Exposición de Motivos que ha sido el Tribunal Supremo el que ha dado prevalencia a los factores psicosociales y el que dejó de exigir la intervención quirúrgica para el acceso al cambio de sexo, cuando la Ley socialista del año 2007 suprimió precisamente este antiguo requerimiento y limitó los requisitos para acceder al cambio registral del sexo y nombre de una persona a la aportación de un informe médico y la acreditación de tratamiento durante dos años.

En la misma Exposición de Motivos III se dice la verdad, a medias, sobre la posición de Naciones Unidas al respecto. 

Se afirma que la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su versión 11 del año 2018, “ha eliminado todas las categorías relacionadas con las personas trans del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento, lo cual supone el aval definitivo a la despatologización de las identidades trans”, pero omite decir que la CIE-11 extrae la “disforia de género” del Capítulo sobre Trastornos Mentales y del Comportamiento, pasando a llamarla “Discordancia de género” y a situarla debajo de un epígrafe titulado “condiciones relativas a la salud sexual”. Además, se debe señalar que el articulado de la OMS sigue hablando de la necesidad de un diagnóstico para determinar la “discordancia de género”.

Estoy de acuerdo en que se debe superar el paradigma de enfermedad, pero ello no implica que, para acceder al cambio de sexo registral sea suficiente con solo pedirlo y no se deba exigir el cumplimiento de algún requisito referido al menos a la estabilidad, porque de esa forma se estarían convirtiendo los deseos en derechos, fenómeno que observamos con preocupación también en otras manifestaciones como el alquiler de vientres o la prostitución, actitudes neoliberales contrarias a la sociedad que queremos construir de solidaridad y avance democrático para todas y todos. 

Sin abandonar el número III de la Exposición de Motivos, la proposición de Ley se fundamenta, también, en la sentencia del Tribunal Supremo nº 685/2019, de 17 de diciembre, pero precisamente por apoyarse en la misma, la Ley debería dirigirse a las personas transexuales y no a las personas trans. Porque el Tribunal Supremo se refiere siempre en su sentencia a las personas transexuales, que, por otro lado, son el colectivo al que, atendiendo a su contenido, se dirige la proposición de ley.

2.- El texto que conocimos del borrador, mantenido en la Proposición de Ley – y esto me parece el contenido menos admisible- es que cada persona pueda cambiar de sexo y nombre en el Registro Civil cuando quiera, sin límite de veces, sin cumplir ningún requisito, nada más que con solo manifestar su deseo ante dicho organismo (art.5). 

La constancia del sexo de las personas en el Registro Civil tiene consecuencias jurídicas que no se deben dejar al albur de las personas, sino a la acreditación de los requisitos que se establezcan legalmente.

Cierto que los requisitos no tienen por qué ser médicos ni quirúrgicos ni tampoco farmacéuticos, como el Tribunal Supremo ha resuelto (STS 4217/2019 de 17 de diciembre). Pero ni el Tribunal Constitucional (STC 99/2019 de 18 de julio) ni el TS en la sentencia indicada han establecido que el deseo sea suficiente para tener derecho al cambio registral del sexo. Por el contrario, ambas sentencias hacen referencia a la necesidad de permanencia, de estabilidad en la transexualidad además de a la suficiente madurez en el caso de menores de edad.

Esta es, evidentemente, una línea roja que jamás se debería traspasar. La utilización espuria del cambio exprés de sexo ha quedado más que demostrada incluso muy recientemente y siempre ha sido en detrimento del derecho de las mujeres a la paridad, conquistado después de múltiples batallas. 

Disparatada me parece que es la redacción del nuevo artículo 13, referido a la mención relativa al sexo en los documentos oficiales de identificación, en el que se dice que se puede elegir por estas cuatro opciones: hombre, mujer, persona no binaria o dejarse en blanco. Tal frivolidad con una característica esencial de las personas supone la desaparición del sexo y esto ocasiona gravísimos quebrantos a las mujeres.

A pesar de las definiciones sobre identidad sexual, identidad de género, expresión de género etc. que se proponen, lo cierto es que todo el texto oculta el sexo tras el género. Y para el feminismo el sexo es biológico y el género es cultura patriarcal. Las mujeres no luchamos contra nuestro sexo, lo hacemos contra el género, que es la herramienta que usa el patriarcado para dominarnos y para someternos. Así, por tanto, yo al menos me opongo a reivindicar la sanción legal del género sustituyendo al sexo, porque es el género el instrumento que se utiliza para subordinar a las mujeres. ¿Cómo? Pues haciendo que, por el mero hecho de parir, las mujeres tengan que ocuparse de los cuidados. Que, por el hecho de ser mujer, los hombres nos traten violentamente; que, por el hecho de ser mujer, mi trabajo tenga menor retribución que el mismo trabajo de un hombre. Estas minusvaloraciones no nacen con el sexo, dependen del género y por eso el objetivo del feminismo es terminar con el género que nos oprime y reivindicamos el sexo, que solo nos diferencia biológicamente de los hombres.

En consecuencia, se debe decir cambio de sexo o cambio de identidad sexual.

3.- Otro aspecto central del borrador es el tratamiento que se da a la infancia. Posicionamiento del Grupo de Identidad y Diferenciación Sexual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (GIDSEEN).

Las peores consecuencias que se derivarían de la aprobación del texto que conocemos, serían para la infancia. En efecto, saltándose la sentencia del Tribunal Constitucional antes mencionada, la patria potestad de los progenitores y saltándose también el sentido común, el texto contiene una vulneración del derecho de los y las menores a decidir y resolver siempre en atención exclusivamente a su interés y beneficio.

En el borrador, los requisitos que se exigen para que se proceda a la rectificación registral del sexo y del nombre no son más que la declaración expresa de la persona afectada, que, en el caso de los menores de 12 años, lo harán sus representantes legales. Y, cuidado, si los progenitores están en desacuerdo entre ellos o con el menor, se le nombrará un defensor judicial y la negativa de los padres a respetar el deseo del menor de cambiar de sexo, esta actitud puede ser considerada delito de odio, aparte de poderla valorar como una situación de riesgo para el menor y la posibilidad de pasarlo a los servicios sociales, con retirada de custodia, o suspensión o privación de patria potestad. Esto es dar un poder a un menor de 4, 5 o 6 años que no tiene ni debe tener, pudiéndole ocasionar daños importantes.

Aparte de modificar el Código Civil creando mayorías de edad relativas entre los 12 y los 16 años y plena mayoría de edad a estos efectos a partir de los 16 años, esta forma de tratar la disconformidad con el sexo en la infancia, puede ocasionar innecesariamente a los menores daños irreversibles. La mayor parte de los especialistas afirman que el transexualismo se da fundamentalmente en la edad adulta.

El GIDSEEN, grupo científico del máximo nivel, ha emitido un comunicado de posicionamiento sobre la Disforia de Género en la infancia y en la adolescencia, cuya lectura es muy interesante y del que extraigo algunos párrafos.

  • “La persistencia de la disforia de género en los niños es claramente menor que en los adultos. Los datos de persistencia indican que una gran mayoría (80-95%) de niños prepuberales que dicen sentirse del sexo contrario al de nacimiento, no seguirá experimentando tras la pubertad la disforia de género”

  • “Dadas las consecuencias parcial o totalmente irreversibles de los tratamientos hormonales, es absolutamente necesario realizar un cuidadoso diagnóstico y una evaluación exhaustiva individualizada en Unidades especializadas”

  • “Es obligado informar al menor y a sus tutores de los efectos de estos tratamientos sobre la fertilidad y la maduración psicoemocional, y también respecto a la complejidad y limitaciones de las futuras cirugías genitales reconstructivas.”

  • “Cualquier intervención sanitaria debe seguir los principios del rigor científico…y la prudencia necesaria ante tratamientos crónicos, agresivos e irreversibles.”
    Y frente a estas opiniones científicas, el borrador de ley otorga plena validez a la opinión del menor, sea cual sea su minoría de edad, incluso frente a la opinión de sus progenitores.
    El texto supone un grave atentado a los derechos de la infancia, les expone a daños irreversibles y se aparta de la obligación que tienen todos los poderes públicos de resolver siempre en atención al interés de los y las menores. Véase el art. 27 y échense conmigo las manos a la cabeza.

4.- Otro asunto central y que me llama la atención del borrador de ley es: ¿Dónde están las mujeres en el texto de la ley? No existen. Ahora son, atención, personas trans con capacidad de gestar (art. 29.1 y D. F. tercera). ¿Y por qué no se habla de mujeres y hombres trans? Esto no es admisible en modo alguno.

¿Dónde están las personas homosexuales en esta ley? ¿Es que no son objeto de discriminaciones y de sufrimientos por su condición sexual que se deban suprimir? Son silenciadas, a pesar de que tanto uno como otro colectivo es objeto de trato desigual y a pesar de que el colectivo de personas homosexuales es muy superior en número al de personas transexuales, se está utilizando a éstas últimas con una finalidad: que las mujeres dejemos de ser mujeres y pasemos a ser nominadas personas con capacidad de gestar.

5.- Me resulta inquietante el hecho de que, por cambiar el nombre en el Registro Civil, se considere que una persona ha transado de sexo, sin necesidad de hacer mención en la inscripción al cambio el sexo (art, 17 de la PPL). 

Y francamente, creo que no es serio afirmar que las personas podamos ser inscritas (en Registro Civil), como padres, madres o adres. ¡Que alguien me lo explique!

6.- Creo que es una injusticia hacia otros colectivos vulnerables y discriminados las cuotas de reserva de puestos de trabajo que se prevén en el sector público y los beneficios para el sector privado que contrate a personas transexuales, o trans siguiendo el lenguaje de la PPL.

7.- Que las personas puedan cambiar su sexo registral a voluntad pone en riesgo los derechos de más de la mitad de la población, de las mujeres. No hay límite de veces en las que una persona puede cambiar su sexo registral con solo pedirlo. Ni tiempo mínimo en el que deba permanecer en el sexo elegido.

Esta ley, de aprobarse, impediría conocer las estadísticas, las cifras de las múltiples brechas por razón de sexo que aún soportamos las mujeres y que llevamos trescientos años denunciando y rompiendo. Hemos podido demostrar hasta la fecha en qué medida somos discriminadas en salarios, pensiones, promoción, acceso a trabajos, los techos de cristal, las pirámides y demás por el solo hecho de ser mujeres, porque existe seguridad jurídica en la cuantificación de las personas de cada sexo. Si el sexo se puede modificar a simple voluntad del ciudadano en el Registro Civil, las estadísticas carecerán de valor, desaparecerán nuestras discriminaciones y jamás podremos alcanzar la justa igualdad porque no podremos probar la desigualdad por razón de sexo, que es la que nos oprime, violenta y subordina.

De manera que esta norma, de aprobarse, además de hacernos desaparecer a las mujeres, rompería el principio de seguridad jurídica, que es una exigencia para el legislador y es también la savia del Estado de Derecho que, precisamente a través de la seguridad jurídica, garantiza las expectativas a la ciudadanía y entre ella, a todas las mujeres.

Que en otros países se haya aprobado una ley similar no es razón suficiente para que se tenga que aprobar en España, porque, por ejemplo, en el Reino Unido el Gobierno dio marcha atrás a una iniciativa legislativa similar a la comentada.

Como conclusión diré que, dada la tesitura, pienso que se debería consensuar el contenido de la ley, mejor incluyéndola en una ley LGTBI, porque una superproducción normativa con leyes fragmentadas y normas desordenadas, compromete la seguridad jurídica. 

Al efecto, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados en el mes de enero de este año una Proposición de Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, que tiene la vocación, o eso pienso que debería, de ser un Código de Derecho Antidiscriminatorio en España, un marco jurídico bajo el que quedarán acogidas todas las discriminaciones actuales y las que están por venir. Es bajo este paraguas donde debería acogerse la protección frente a las discriminaciones que sufren las personas transexuales en España.

Para resumir, diré que como cuestiones que a mi modesto entender no se pueden aceptar jurídicamente del borrador y de la Proposición de Ley, está, en primer lugar, el derecho de autodeterminación del sexo sin más requisito que la declaración de voluntad, porque debería acreditarse estabilidad en el tiempo en la situación de transexualidad y debería también fijarse un tiempo de permanencia en el sexo al que se ha transitado. Y, en segundo lugar, el tratamiento que se hace de la transexualidad en la infancia, que debe cambiarse radicalmente pasando de, fomentarlo como se hace en el borrador y en la PPL, con total desconocimiento de las repercusiones que tiene, a facilitar a los progenitores la averiguación de los motivos por los que un hijo o una hija menor manifiesta que desea ser del otro sexo, escuchando a pediatras y ofreciéndoles servicios de personas expertas que les puedan ayudar en esa situación a encontrar la solución más beneficiosa para los y las menores, en lugar de ofrecerles bloqueadores y medicaciones que pueden ocasionar daños irreparables físicos y psicológicos. 

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