La pandemia ha acelerado la digitalización de la economía y esto ha provocado que cada vez más gente realice las gestiones bancarias de forma online y las entidades bancarias quieran reducir costes con el personal de las oficinas. Además, en el caso de CaixaBank, la fusión del banco catalán con Bankia ha hecho que se duplique la plantilla y pretendan reducir los trabajadores.

Los dos bancos planean realizar un expediente de regulación de empleo (ERE) en el que despidan entre ambos a más de 11.000 empleados y con unas condiciones muy desfavorables para los trabajadores, por lo que el Ministerio de Trabajo ha enviado sendas "advertencias expresas" para instar a BBVA y CaixaBank a negociar las medidas para reducir los ERE y para recordar a estas entidades "la obligatoriedad de que en el periodo de consultas se deben debatir aquellas medidas dirigidas a evitar o reducir los despidos colectivos y atenuar sus consecuencias respecto de las personas afectadas".

CaixaBank tienen la intención de realizar un ERE de 8.291 trabajadores que suponen uno de cada cinco empleados actuales de la fusión y BBVA ha anunciado que realizará un despido colectivo de 3.798 empleados que corresponde a un 16,3% de los trabajadores de la empresa.

Este anuncio de despidos masivos con unas condiciones pobres ha provocado un gran revuelo en la sociedad debido a los grandes beneficios que han recaudado estos bancos (BBVA ganó 1.210 millones en el primer trimestre y CaixaBank, 4.786 millones) y la subida de sueldo de los altos cargos de estas empresas.

Los escritos enviados por el Ministerio de Trabajo exige a BBVA y CaixaBank que se ajusten al reglamento que regula los despidos colectivos y que no ignoren el deber que tienen las empresas de buscar medidas para "evitar o reducir" los recortes de la plantilla y proporcionar ayudas "con medidas sociales de acompañamiento" para paliar los efectos de los despidos.

Desde que se conocieron las intenciones de estas entidades bancarias, el Gobierno se había posicionado en contra con numerosas declaraciones públicas como la que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre social de la Unión Europea en Oporto, donde comentó que no cree que sea aceptable y "necesitamos una respuesta fuerte". También se posicionó en contra la vicepresidenta económica, Nadia Calviño y finalmente, Yolanda Díaz, hizo oficial la oposición del Gobierno con la "advertencia expresa" a BBVA y a CaixaBank.