La Ley de 'riders' para garantizar los derechos laborales de los repartidores de plataformas digitales es ya una realidad

La Ley de 'riders' para garantizar los derechos laborales de los repartidores de plataformas digitales es ya una realidad

En la reunión del Consejo de Ministros se aprobó la nueva legislación que protege a los trabajadores de las plataformas digitales. También se abordaron otros temas como el Plan para la Internacionalización de la Economía Española 2020-2021 y la aprobación definitiva de la reforma del artículo 49 de la Constitución, relativo a los derechos de personas con discapacidades.

 

El Consejo de Ministros aprobó en la reunión de este martes un real decreto por el que se reconocen todos los derechos laborales de los trabajadores de reparto de las plataformas digital. Esta medida era uno de los objetivos del Ministerio de Trabajo que llegó a un acuerdo el pasado 10 de marzo con los sindicatos y las empresas.

La ministra de este Ministerio, Yolanda Díaz, ha asegurado tras la aprobación del documento que a partir de este momento, los repartidores de plataformas digitales tendrán "derechos de organización, sindicación, de protección social, de cotizaciones y salariales".

Además de este reconocimiento de derechos laborales, el real decreto establece que las empresas deberán informar a los representantes de los trabajadores en el entorno laboral digitalizado de las reglas en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que puedan incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo. Para asegurar el cumplimiento de este punto, la vicepresidenta tercera ha confirmado que se formará un grupo de expertos para garantizar el cumplimiento.

"Los trabajadores tenemos derecho a saber cuáles son las razones que motivan ciertas decisiones empresariales", aseguró Yolanda Díaz, que destacó que el Gobierno es pionero en reconocer estos derechos y que lucharán por proteger a los trabajadores más vulnerables.

 

Primera modificación 'social' de la Constitución

Uno de los puntos destacados del Consejo de Ministros ha sido la modificación del artículo 49 de la Constitución, relativo a la protección de los derechos y libertades de las personas con discapacidad, que fija los objetivos que deben orientar la acción de los poderes públicos y establece protección especial para estas personas. La consecución de esta reforma del texto constitucional termina una iniciativa impulsada por el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. La convocatoria electoral de abril del 2019 hizo que decayera la propuesta que fue retomada tras los comicios de noviembre de ese mismo año. Una vez pasado el proceso ordinario de modificación de la Constitución, hubo que esperar a la aprobación definitiva ya que nuestro texto constitucional impide su reforma mientras esté activado el estado de alarma, algo que terminó el pasado 9 de mayo. Se trata de la tercera modificación de la Constitución.

 

Plan para la Internacionalización de la Economía Española

Por otro lado, en el Consejo de Ministros se aprobó el Plan para la Internacionalización de la Economía Española 2020-2021 con el objetivo de ser el eje de la recuperación económica siguiendo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan supondrá una inversión de  4.600 millones de euros en recursos públicos y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, afirmó que el objetivo es que el sector exterior sea la base del crecimiento y empleo y se adapte a una situación excepcional como es la recuperación de la pandemia. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que quedan "99 días para conseguir que el 70% de la población esté inmunizada", siguiendo así la línea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró este lunes que quedan 100 días para llegar a la conocida como inmunidad de rebaño.

La mejora de la situación de la pandemia llevó al Gobierno a no renovar el estado de alarma y María Jesús Montero aseguró que la intención siempre ha sido mantener vigente este mecanismo excepcional "el tiempo estrictamente imprescindible" para no restringir los derechos y libertades de los españoles.

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