Han pasado 421 días desde que el 15 de marzo de 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la activación del estado de alarma para proteger a la población del virus mortal de la Covid19 que venía arrasando los países por los que pasaba. En todo este tiempo, nuestro país ha vivido bajo el estado de alarma más de 300 días en tres periodos distintos. 

Entre medias, durante el verano pasado, las comunidades autónomas establecieron medidas de control en función de la situación epidemiológica en cada uno de sus territorios. Es lo que se ha venido a llamar "cogobernanza" y el Gobierno de Pedro Sánchez destaca el alto nivel de colaboración que hubo entre todas las administraciones durante todo este tiempo. 

Es verdad que ha habido excepciones a esa necesaria colaboración y han venido siempre de la misma Autonomía: la Comunidad de Madrid. Siempre se posicionó en contra de lo que defendía el ministerio de Sanidad y el resto de autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud, con episodios lamentables de deslealtad institucional. Entre ellos el que propició que el Gobierno tuviera que decretar el segundo estado de alarma a nueve municipios madrileños ante la negativa de Isabel Díaz Ayuso a tomar ninguna medida. Es la misma presidenta que ahora acusa al Gobierno de no prorrogar la alarma; y la misma que ha utilizado el hartazgo de la población a las restricciones para convocar y ganar unas elecciones. 

Ahora, España ya cuenta con más de seis millones de personas vacunadas y el plan de vacunación ha cogido velocidad de crucero. Precisamente este lunes, el presidente Pedro Sánchez anunciaba que estamos a tan solo 100 días de conseguir tener al 70% de la población española vacunada y, por tanto, protegida frente a la Covid-19. 

Tras seis meses seguidos con el estado de alarma llegó la hora de entrar en una nueva fase. Algunas comunidades acusan al Gobierno de dejarlas desamparadas, pero desde Moncloa aseguran que hay las suficientes herramientas legales para que se controle la pandemia. Claro que para ello hay que poner voluntad y desde algunos gobiernos regionales, sobre todo los controlados por el PP, no parece que estén por la labor. Cada Ejecutivo regional tiene entre sus responsabilidades aprobar medidas para que no llegue una nueva ola de Covid-19 y para mantener un nivel de contagios y de presión hospitalaria a niveles manejables. Para ello pueden decretar cierres de zonas concretas e incluso de ciudades, limitación de la movilidad, limitación de aforos, medidas para que se respeten las distancias de seguridad, el uso de mascarillas, la limpieza de manos, la cancelación de actos multitudinarios, etc. E incluso pueden decretar "toques de queda" y cierre perimetral de toda la comunidad. 

Para esto último, deben tener la cobertura legal correspondiente y para ello los Tribunales Superiores de Justicia son los encargados de avalar o no las medidas. En algunos lugares como Baleares o la Comunidad Valenciana, los tribunales han ajustado la interpretación de la ley a la situación actual y han entendido que las medidas propuestas son razonables a pesar de que afectan a derechos fundamentales. Pero en otras han optado por el camino opuesto. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Euskadi o Canarias. 

Es algo que ya estaba previsto, porque pasó el verano pasado, y por eso el Gobierno aprobó la semana pasada un decreto ley que deja la última decisión en manos del Supremo que además una vez que se pronuncie debería servir para aunar criterios. Esta semana tendremos una respuesta ya que el Gobierno de Canarias ha recurrido la decisión. No han actuado así en Euskadi y en otras comunidades que no parece que estén por la labor de ayudar. Es más, algunos, vuelven a aprovechar la situación para atacar al Gobierno y tratar de sacar rédito político. 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se pronunció también este lunes sobre la situación y dejó claro que no estamos ante ningún 'caos' jurídico. Y recordó que si finalmente el Supremo no avala ciertas decisiones aún queda la posibilidad de pedir al Congreso la activación del estado de alarma. "Es una posibilidad específicamente prevista en nuestra legislación, que el Gobierno central ya se ha comprometido a apoyar. Por tanto, ni jueces gobernando, ni dejación de responsabilidades o abandono de los gobiernos autonómicos", afirma el titular de Justicia. 

Enfrente del Gobierno, la oposición del Partido Popular, pide, más bien exige, que se cambie la legislación ordinaria, algo que ya pidió en una proposición de ley que fue descartada por todos los grandes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. El gobierno entiende que en una situación excepcional hay que utilizar medidas excepcionales y no se puede normalizar esa excepcionalidad.

En el extremo absoluto se sitúa la ultraderecha de Vox que es partidaria de hace desaparecer todas las restricciones ya que consideran que no hay motivo para limitar derechos fundamentales. Es una opción a la brasileña, a pesar de las miles de personas contagiadas durante los últimos meses y los miles de fallecidos que llevamos desde marzo del 2020.