El Gobierno estudia la posibilidad de imponer peajes en todas las autovías a partir de 2024

El Gobierno estudia la posibilidad de imponer peajes en todas las autovías a partir de 2024

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez establece que la implementación del sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado podría comenzar en 2024 con una previa campaña de “concienciación y sensibilización” para que los ciudadanos entiendan la necesidad de ejecutar esta iniciativa que ya han hecho efectiva países europeos como Italia, Francia o Portugal. El director de la DGT, Pere Navarro, ha defendido la idea lo que le ha valido numerosas críticas en redes sociales.

La medida se basa en dos principios: “quien contamina paga y “el que usa paga”, motivados por la experiencia internacional y por el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras, más de 8.000 millones de euros. En el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, el Ejecutivo explica que España tiene una “red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa” por lo que “los costes de conservación son creciente y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios” motivando así esta iniciativa. 

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) asegura que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media por kilómetro serían suficientes para acabar con el déficit aunque elevaría bastante el gasto de los viajeros ya que el plan de recuperación deja incluso abierta la posibilidad de que se cobre en toda la red de carreteras y no solo en las de alta capacidad.

Por ello, la iniciativa ha sido muy criticada por diversos colectivos, críticas que el Ejecutivo conoce y entiende y por ello asegura que buscará el acuerdo social y político, consultado a transportistas profesionales, a las comunidades autónomas y a otras administraciones para conocer la voluntad de todos.

El Gobierno ha asegurado que serán los cargadores de camiones y del resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera los encargados de costear el peaje para incentivar la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia del transporte y que las tarifas serán “asumibles pero que garanticen la financiación”. 

Se estima que si el peaje tuviera un coste de 4 céntimos por kilómetro costaría, por ejemplo, 9 euros ir de la ciudad de Madrid a Burgos, 12 euros de Madrid a Zaragoza, 16 euros a Badajoz o 22 a A Coruña, por ello, el sistema, según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, podría ser “escalable y progresivo”. A pesar de las primeras explicaciones dadas, el rechazo social está asegurado por una medida que supondría una nueva imposición fiscal que no parece respetar la progresividad de los impuestos que defienden los socialistas. 

El director de la DGT, Pere Navarro, ha defendido la medida, pero lo ha hecho con un ejemplo bastante desafortunado. En unas declaraciones que han tenido clara contestación en redes sociales ha considerado que una "abuelita" con una pequeña pensión y que no tiene coche no tiene porqué pagar lo que cuesta el mantenimiento de la extensa red de carreteras de nuestro país. Para muchos tuiteros esta comparación se parece mucho al polémico cartel que la ultraderecha de Vox utilizó en la reciente campaña de Madrid y que comparaba lo que en teoría cuesta un menor no acompañado con lo que percibe una persona por una pensión no contributiva. 

Sin duda, de seguir adelante con la medida, la controversia estará servida. 

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