El Gobierno prorroga las medidas económicas y sociales que se mantienen más allá del estado de alarma

El bono social, la prohibición de los desahucios en pandemia y la continuidad de médicos jubilados son algunas de las medidas prorrogadas.

El Gobierno prorroga las medidas económicas y sociales que se mantienen más allá del estado de alarma

El bono social, la prohibición de los desahucios en pandemia y la continuidad de médicos jubilados son algunas de las medidas prorrogadas.

Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, ha anunciado este martes, tras la celebración del Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha aprobado un decreto mediante el cual se prorrogan durante tres meses más las medidas económicas y sociales excepcionales que decaerían con el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo.

El Gobierno ha dado soporte legal más allá del estado de alarma a las medidas de protección social y económica excepcionales que se han llevado a cabo durante los últimos meses. Por ahora, las medidas han sido prorrogadas hasta el 9 de agosto pues la situación económica y social, aunque menos crítica, sigue siendo difícil para muchos ciudadanos y ciudadanas.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado durante el Consejo de Ministros que el decreto asegurará la continuidad del bono social para seguir ayudando a hacer frente a la pobreza energética y, que también se mantendrá la prohibición de los desahucios en pandemia. La vicepresidenta también ha informado sobre la inclusión de medidas nuevas sobre “algunos asuntos que a lo largo de estos meses han empezado a dar problemas como pueden ser la obligación que han en la ley de la propiedad horizontal de hacer las reuniones de las comunidades de propietarias en términos presenciales”.

También se mantendrá la posibilidad de contratar a médicos jubilados y que esta contratación sea compatible con sus pensiones pues según la vicepresidenta han hecho un trabajo “extraordinario” que debe continuar por ahora. Por otra parte, ha asegurado que el decreto también mantendrá los recursos del Pacto de Estado contra la violencia de género a fin de seguir protegiendo a los menores y a las mujeres de la violencia machista y seguir considerando de “particular fragilidad” a los menores y a las mujeres que hayan sufrido o sufran trata con fines de explotación sexual.

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