El desánimo de la juventud por la situación de precariedad laboral e incertidumbres varias que soporta y su desconfianza hacia el sistema y la política son motivo de gran preocupación para el Gobierno. No puede ser de otra manera.
El dato de que con la pandemia y sus consecuencias en la economía retrasen su emancipación hasta los 30 años lo dice todo. La crisis del coronavirus ha pasado factura a los jóvenes de entre 15 y 29 años, como se aprecia en la encuesta de INJUVE recogida en el Informe Juventud en España 2020.
Pero no habrá una explosión controlada en las plazas, como sucedió el 15-M de 2011, que surgió por la precariedad de los contratos laborales, los recortes de las políticas públicas y por empeorar las condiciones económicas de las clases media y de las más humildes. La historia se repite.
El 15-M provocó el surgimiento de movimientos socio-políticos encaminados a cambiar el modelo económico y productivo así como a cuestionar el funcionamiento del sistema político exigiendo una regeneración de la democracia. Entonces, reclamaron a los políticos más democracia y otra forma de gobernar, más justicia social y menos corrupción. Hoy corremos el riesgo de que la juventud adopte una actitud de desconexión para encerrarse en las redes, en sus cuadrillas y en el individualismo del sálvese quien pueda.
Afortunadamente, el informe pone de manifiesto que los jóvenes continúan interesados en la política y comprometidos con la lucha contra las desigualdades, la violencia de género o el cambio climático. Aunque en este escenario es difícil que los jóvenes se crean que la sociedad institucional va a poner remedio a la gran dificultad de conseguir empleo, un apartamento en alquiler para salir de casa y avanzar en un proyecto de vida con familia, lograr el relativo bienestar de sus padres y garantizarse una pensión digna.
La pandemia ha llegado cuando llevábamos años arrastrando una fragilidad del empleo juvenil, con unos niveles de paro muy elevados. El paro juvenil subió en 2020 hasta el 40 % entre menores de 25 años y frente a un tasa de paro en España del 16,1 %. Y buen número de jóvenes que ni estudian ni trabajan se han quedado fuera del escudo social acordado por el Gobierno con los agentes sociales.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en la cumbre telemática de Davos, el pasado 25 de enero de 2021, que el desempleo juvenil en España es "inaceptablemente alto". Ante ello, recalcó que es una cuestión clave en la agenda, centrada en mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la nueva ley educativa pensando especialmente en la reforma de la Formación Profesional y anunció una inversión de 750 millones aprovechando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.
El compromiso del Presidente, ante el Pleno del Congreso del pasado 24 de febrero, es acometer una modernización del diseño de las políticas activas de empleo, reducir la tasa de fracaso y abandono escolar, facilitar el acceso a la Formación Profesional como palanca para acreditar las competencias de preparación y competitividad de personas para incorporarse al mercado laboral, priorizar la formación digital, revisar los incentivos para la contratación de jóvenes y reforzar los contratos en prácticas, de manera que no se utilicen para disponer de mano de obra barata sino para garantizar el aprendizaje de los jóvenes.
La precariedad juvenil obliga al Congreso a impulsar la acción de gobierno para actuar y revertir las tasas de desempleo juvenil más elevadas de Europa, fomentar la creación de empleo de calidad y sostenible frente al alto porcentaje de contratos temporales, revisar los problemas existentes para que algunos jóvenes puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital, promover políticas de viviendas públicas dignas -en especial en alquiler para que resulten accesibles a los jóvenes-, incrementar las becas y promover la vuelta de los jóvenes que salieron de España para buscar un trabajo. El objetivo es que España no tenga otra “generación perdida”.
Odón Elorza es Diputado del PSOE por Gipuzkoa