La Comunidad de Madrid no ha conseguido cobrar ninguna de las más de 50.000 sanciones impuestas durante el actual estado de alarma

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La Comunidad de Madrid no ha conseguido cobrar ninguna de las más de 50.000 sanciones impuestas durante el actual estado de alarma

Las multas impuestas en la Comunidad de Madrid por el incumplimiento de las normas vigentes para el control de la expansión del SARS-Cov2 en el actual estado de alarma no se han conseguido cobrar debido a la incapacidad del Ayuntamiento para gestionar las más de 50.000 sanciones. Ante el colapso, el Ayuntamiento de Madrid decidió pasar la competencia a la Comunidad y esta,al verse también incapacitada para su gestión, decidió delegarla en una empresa privada que el pasado 5 de abril comenzó a tramitarlas.

Fiestas ilegales, incumplimiento del toque de queda, botellones, no usar mascarilla, agruparse más de seis personas, establecimientos que no cierran a tiempo, ciudadanos fuera de sus zonas confinadas o incumpliendo el aislamiento por COVID-19… La policía ha impuesto más de 50.000 sanciones por estos y otros motivos relacionados con el incumpliendo de las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno y la Comunidad de Madrid durante el estado de alarma vigente decretado del 25 de octubre al 9 de mayo. Según una investigación de El País ninguna de estas sanciones han conseguido ser recaudada en la Comunidad de Madrid.

En concreto, de las más de 100.000 sanciones registradas en la comunidad madrileña desde el 14 de marzo de 2020 tan solo se han notificado 20.140 y cobrado 2.000, un 2% de las impuestas, ingresando 490.000 euros. Según El País de las 50.000 impuestas desde el 25 de octubre “el Ayuntamiento no tiene una respuesta” y no saben cuántas “han llegado a término, se han ejecutado hasta el final o se han cobrado ya” pero, según han asegurado fuentes oficiales del Ayuntamiento de Madrid a El País, “aún están tramitando multas impuestas en el primer estado de alarma”.

La Comunidad y de la Delegación del Gobierno de Madrid explican que la demora en el cobro de las sanciones se debe a que el proceso es “muy garantista” y el plazo para recaudar el dinero de una multa relacionada con las medidas de prevención de la expansión de la COVID-19 puede llegar a tardar entre seis meses y un año.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, al reconocerse desbordados por la gran cantidad de sanciones a tramitar, ha encomendado la gestión de las mismas a una empresa externa especializada que comenzó a encargarse de la administración de las multas el pasado 5 de abril.

Similar es el caso de la Comunidad Valenciana donde, según El País, se han cobrado menos del 1% de las sanciones impuestas desde el pasado 25 de julio. En concreto tan solo 814 de las 94.000 impuestas. Por ello también han recurrido a la externalización de la gestión de las multas. Asimismo, en Castilla -La Mancha tan solo se han recaudado el 18% de las 82.659 multas, de las que han recaudado 342.165 euros.

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