El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y el concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Leganés Fran Muñoz, asistieron al acto de firma en el que participaron el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el alcalde de Parla, Ramón Jurado, y telemáticamente la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse.

La organización ecologista ha recordado que las ciudades del Cinturón Sur concentran a más de un millón de personas en una de las zonas con mayor mortalidad asociada a la contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno (NO2). En los últimos 20 años el uso del vehículo privado ha aumentado en la Comunidad de Madrid mientras que en Madrid capital el tráfico ha descendido gracias a medidas como Madrid Central. Por este motivo, Greenpeace insiste en que es necesario tomar medidas lo antes posible para romper estas inercias, creando espacios peatonales y fomentando un transporte seguro en bicicleta e impulsando el transporte público.

Ocho medidas para una movilidad más sostenible

Dentro del marco de reconstrucción tras la pandemia de la COVID-19, el voluntariado de Greenpeace propone a los municipios del sur que se comprometan a poner en marcha las siguientes medidas:

• Modelo de ciudad de 15 minutos facilitando el acceso a los servicios públicos, espacios naturales y comercios esenciales sin tener que utilizar el coche, reduciendo así las distancias y los impactos que la movilidad contaminante causa en la ciudad.
• Fomentar los modos de transporte sostenible ampliando los espacios peatonales, vías ciclistas exclusivas y priorizando el transporte público, mediante medidas flexibles a corto plazo que puedan ser consolidadas en el futuro.
• Aplicar el modelo de ‘Ciudad 30’ reduciendo la velocidad en todas las calles -salvo en los ejes principales- reduciendo así el ruido y la accidentalidad, en previsión de los nuevos límites que la DGT fijará en vías urbanas.
• Aprobar un Protocolo Municipal Anticontaminación antes de 6 meses tras la firma del pacto, con medidas y umbrales de activación coordinados entre los municipios.
• Implementar Zonas de Bajas Emisiones, anticipándose a la obligación que impondrá la futura Ley de Cambio Climático para las ciudades de más de 50.000 habitantes.
• Rediseñar e impulsar las líneas de autobús urbano, actualmente cofinanciadas por las entidades locales y cuyos trazados son poco competitivos en la actualidad.
• Colaborar entre los ayuntamientos para solicitar medidas a otros organismos en aquellos ámbitos que excedan las competencias municipales, como son los servicios de Cercanías Renfe y la construcción de nuevos carriles Bus-VAO (dependientes del Gobierno de España), o la integración tarifaria en el transporte público, responsabilidad de la Comunidad de Madrid a través del Consorcio de Transportes