El MITMA avanza en el desarrollo de la futura Ley de Vivienda y propone fuertes incentivos fiscales para rebajar el precio de los alquileres

El MITMA avanza en el desarrollo de la futura Ley de Vivienda y propone fuertes incentivos fiscales para rebajar el precio de los alquileres

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos, continúa trabajando en la que será la futura Ley de Vivienda que tiene como uno de los principales objetivos a corto plazo el de bajar el precio de los alquileres, sobre todo en zonas tensionadas. Este miércoles, el secretario general de vivienda, David Lucas, presentó a sus socios de Gobierno las líneas generales del anteproyecto que propone potentes incentivos fiscales a los propietarios para que rebajen los precios y también bonificaciones a las familias más vulnerables. Desde el ministerio apuntan a que se trata de medidas ambiciosas pero Unidas Podemos insiste en ir más allá y marcar precios máximos a corto plazo, así como aumentar el parque público de viviendas a medio plazo.

La Ley de Vivienda que prepara el Gobierno pretende ser una de las medidas estrella de la coalición en unos momentos de fuerte crisis económica en el que muchas familias españolas elevan su vulnerabilidad por tener que pagar precios desorbitados en los alquileres. La situación se agrava en zonas tensionadas como ocurre en grandes ciudades y también en zonas turísticas. La preparación de la nueva legislación no está exenta de polémica entre el PSOE y Unidas Podemos por sus diferentes criterios a la hora de implementar medidas que reduzcan el precio final de los arrendamientos. Pero ambas formaciones consideran que el objetivo final debe ser reducir el precio de los alquileres en España. Los socialistas prefieren bajar precios a través de desgravaciones fiscales, mientras que los ‘morados’ quieren que las administraciones puedan fijar precios máximos en zonas concretas.

Este miércoles, el secretario general de Vivienda, David Lucas, presentó a sus socios el Anteproyecto de Ley en el que los socialistas plasman sus propuestas y detalla los fuertes incentivos fiscales que contendría la nueva legislación. Para Unidas Podemos, sin embargo, si la ley continúa por ese camino se estaría incumpliendo el programa de la coalición por lo que no aceptan las propuestas aportadas al considerarlas insuficientes.

La Ley por el Derecho a la Vivienda establece que los nuevos contratos de arrendamiento tendrán por norma general una reducción general del 50% en impuestos, que podría llegar incluso al 90% en determinadas situaciones.

Se alejan así los socialistas de la idea de limitar los precios ya que consideran que estas medidas están fracasando en otros países europeos como Francia o Alemania que han explorado estas vías.

Las desgravaciones fiscales para los propietarios se elevan hasta el 70% si los arrendatarios tienen entre 18 y 35 años. Y en el caso de que los inmuebles hayan sido rehabilitados la desgravación será del 60%. Hay otros supuestos que inciden directamente en las desgravaciones a la que podrían acceder los dueños de los inmuebles lo que persigue que finalmente opten a rebajar al menos el 10% el precio de los nuevos contratos respecto los que tenían anteriormente.

Sobre las zonas tensionadas, el anteproyecto de Ley propone que se puedan implantar medidas en un periodo máximo de tres años. En concreto se podría permitir que ayuntamientos y comunidades autónomas puedan declarar zonas donde “se haya producido un incremento sostenido en los alquileres y los hogares sufran una mayor sobrecarga financiera para el pago del alquiler”. En estos casos la apuesta de la nueva legislación es ofrecer bonificaciones para el pago del alquiler de hasta un 20% a aquellos hogares que sufran una mayor sobrecarga financiera.

También se estudia incentivar a aquellos propietarios que cedan viviendas para el alquiler social. Se propone bonificaciones del 70% a los propietarios que participen en algún programa público.

El objetivo final es que a los propietarios les salga más rentable reducir el precio del alquiler ya que obtendrían beneficios fiscales superiores. Así, desde el ministerio ejemplifican una situación normal. Si un contrato de un alquiler se sitúa en la actualidad en 700 euros mensuales y el dueño decide bajarlo un 10%, hasta los 630 euros, podría tener una rebaja fiscal de alrededor de 950 euros al año lo que le reportaría un beneficio neto superior a si opta por subir el precio final.

Hay otras medidas en la Ley dirigidas a desincentivar que haya casas vacías. Se hará a través de recargos en la cuota del impuesto de bienes inmuebles (IBI) aunque hay excepciones.

El ministerio indica que su propuesta es de las más ambiciosas de Europa y que se hace compatible la contención de los precios con el incremento de la oferta”.

No opinan lo mismo desde Unidas Podemos que consideran que lo que se necesita es una política que “conjugue el control de precios en las zonas tensionadas, inversión en nueva vivienda pública, mejora de las rentas del trabajo, ayudas a grupos en vulnerabilidad, una nueva fiscalización y una legislación que luche por la especulación”. Así lo indican en un informe realizado desde la vicepresidencia de Asuntos Sociales que actualmente ocupa Pablo Iglesias.

Los morados indican que lo que ofrece el PSOE a los únicos que beneficia es a los grandes tenedores de viviendas que podrán acceder a cuantiosas reducciones de pagos de impuestos cuando lo que realmente hay que hacer es bajar los precios.

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