Tras el huracán político despertado en Murcia que llevó a la disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Ayuso, la Mesa de este organismo ha recurrido la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El órgano aceptaba ayer la disolución pero ya anunciaban que la recurrirían ante la Justicia al considerar que las mociones de Más Madrid y PSOE llegaron antes que la entrada en vigor de la disolución de la cámara. Apoyan el recurso sobre el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía que establece que un presidente no podrá disolver la Asamblea mientras se encuentre una moción de censura en trámite. Según la ley la disolución y la convocatoria de elecciones no entran en vigor hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Comunidad de Madrid (BOCM), pero el embrollo político ha abierto un caos judicial con unos tribunales que deberán decidir si prevalece el anuncio de la disolución o las mociones. Además, en el recurso ante el Tribunal Superior se piden medidas cautelarísimas para que la justicia se pueda pronunciar en un plazo de 24 horas. De no prevalecer las mociones la convocatoria electoral se fijará el 4 de mayo.
La Mesa de la Asamblea de Madrid ha presentado ya un recurso contra la disolución parlamentaria y el adelanto electoral de Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ayer la Mesa aceptaba la disolución pero ya adelantaba este movimiento tras la caótica jornada del miércoles en lo que se convierte ahora en una lucha judicial para comprobar si prevalece la convocatoria de la presidenta madrileña o las mociones de censura presentadas contra su Gobierno por PSOE y Más Madrid. Desde la oposición piden en su recurso que se apliquen medidas cautelarísimas de tal forma que la Justicia se pueda pronunciar en un plazo de 24 horas sin tener que escuchar a ambas partes del conflicto.
“La Mesa de la Diputación permanente, tras la publicación del Decreto de la Comunidad de Madrid disolviendo la Asamblea y convocando elecciones considera disuelta la Asamblea de acuerdo con ese Decreto, y procederá a la presentación de un Recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la publicación del Decreto de disolución, solicitando así mismo medidas cautelarísimas sobre esa disolución”, recogía ayer el texto aprobado por esta mesa. El organismo considera que Ayuso presentó la disolución después de conocer la tramitación de las dos mociones de censura, la primera presentada por Más Madrid seguida de otra de los socialistas. No obstante, será ahora la Justicia la que decida cuál de las dos decisiones prevalece.
En este sentido, la ley establece que la disolución de la Asamblea de Madrid no entra en vigor cuando es anunciada, sino en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Comunidad de Madrid (BOCM), publicación que no llegó hasta las 00:00 horas del jueves. Siguiendo esta jurisprudencia, ambas mociones fueron presentadas y aprobadas por la Mesa antes de la disolución de la misma, que no llegó hasta el jueves, por lo que la tramitación prevalecería sobre el adelanto electoral. Ahora bien, la caótica línea de acontecimientos y el resto de factores jurídicos no dejan nada en claro. Ayuso anunció la disolución de la cámara en el Consejo de Gobierno, sin previo aviso a Ciudadanos con el enfado monumental del que era vicepresidente Ignacio Aguado, y según las propias fuentes de la presidenta el decreto se firmó al mediodía. Mientras esto sucedía Más Madrid y PSOE presentaban sus mociones sobre mesa, que eran discutidas y aprobadas con los votos de ambos partidos junto al traicionado Ciudadanos. El primer acuerdo de Más Madrid salió a las 16:12, mientras que el de los socialistas a las 16:15. Cinco minutos antes, a las 16:10, llegaba la comunicación oficial del decreto de disolución firmado por la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo.
Ayuso después procedía a revocar a todos los miembros de Ciudadanos que formaban parte del Gobierno, entre ellos el vicepresidente Aguado, que hablaba de “traición” y de un “capricho personal” de la presidenta a la que acusaba de “mentir” y de “absoluta irresponsabilidad” por romper una coalición que él no pensaba dañar. El PP confirmaba horas más tarde que habían recibido una llamada de la líder de los naranjas, Inés Arrimadas, que aseguraba que en Madrid no se producirían los mismos movimientos en Murcia que desembocaron todo el huracán político tras la moción presentada por Ciudadanos y PSOE. No obstante, parece ser que Ayuso ya tenía el movimiento planeado y le acusan de querer romper la coalición desde bastante antes y aprovechar el escenario murciano como excusa para convocar unas elecciones en las que abrazaría por completo a la ultraderecha de Vox.
“La Mesa formaliza el recurso tratándose de un conflicto institucional, respecto del cual no es competente para resolver, y, apreciando la concurrencia de inequívocas circunstancias de especial urgencia en el caso, acuerda solicitar las denominadas medidas cautelarísimas”, subraya el organismo sobre la decisión de recurrir a los tribunales. Apoyan el recurso sobre el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía que establece que el presidente no podrá disolver el organismo una vez se presente una moción de censura contra a su Gobierno. La principal duda no solo dentro de la Mesa sino también entre juristas es en qué momento entra en vigor el recurso del adelanto electoral y si es suficiente con el registro dentro de la Asamblea, por lo que la moción se habría producido después.
Ahora el Tribunal Superior tiene 24 horas para pronunciarse sobre la decisión final y mientras toda actividad parlamentaria queda suspendida. También se puede esperar que Ayuso presente su propio recurso ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo de la Mesa argumentando que su disolución había entrado ya en vigor lo que marca como invalido las mociones impulsadas en el órgano. Desde el PP están convencidos de que prevalecerá la convocatoria electoral según las palabras del nuevo portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, que declaró que no “preocupa en absoluto” la decisión judicial. Por su parte, desde Más Madrid y Unidas Podemos también se muestran convencidos de que serán las mociones las que saldrán adelante. De no salir adelante la convocatoria electoral quedaría fijada para el 4 de mayo.