El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles a la Proposición de ley orgánica que regula la eutanasia, con 155 votos a favor. La iniciativa, que tan solo ha contado con la negativa de PP, Vox, UPN y la abstención de ERC, deberá volver al Congreso de los Diputados tras la incorporación de varias enmiendas, entre las que destaca la creación de un registro de sanitarios declarados objetores de conciencia a la hora de practicar la eutanasia, es decir, aquellos profesionales que no quieran atender estas demandas por resultar incompatibles con sus convicciones. Asimismo, en los cambios que se quieren presentar se encuentra el acceso de los médicos al registro de las últimas voluntades del paciente, con el fin de poder ejercer la eutanasia sin necesidad de consultar a los familiares. En definitiva, el Congreso ratificará o refutará el texto el próximo jueves 18 de marzo y, si finalmente se aprueba, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor tres meses después, a finales de junio.
La ley que despenalizará la eutanasia está a un mero trámite de ser una realidad. Este miércoles, el Pleno del Senado ha aprobado la Proposición de Ley orgánica de regulación de la eutanasia, con la inclusión de más de una veintena de enmiendas, por lo que el texto deberá volver al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
Esta proposición de ley iba a quedar aprobada definitivamente el miércoles con la luz verde del Senado pero algunos grupos, como el propio PSOE, encargado de promover la norma, decidieron incluir una serie de enmiendas anunciadas en la Comisión de Justicia, de carácter técnico, que no varían ningún aspecto esencial de la norma.
En concreto, la ley ha contado con el respaldo de la mayoría de la Cámara, sumando 155 votos a favor, 100 en contra y tres abstenciones. Por su parte, PP, Vox y UPN han dado la negativa a la iniciativa, mientras que ERC ha decidido abstenerse.
Entre las mejoras incorporadas, se reconoce e incluye de forma expresa en la ley la importancia del colectivo de enfermería, que formará parte de la Comisión de Garantía y Evaluación que debe existir en cada una de las comunidades autónomas, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla.
En este sentido, se busca crear un registro de profesionales sanitarios declarados objetores de conciencia a la hora de practicar la eutanasia. En dicho documento se incluirán aquellos profesionales que ejerzan su derecho individual a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria que resultan incompatibles con sus propias convicciones.
Además, otra de las principales novedades se encuentra en el acceso de los profesionales sanitarios al registro de las últimas voluntades del paciente para poder efectuar la eutanasia sin necesidad de tener que consultar la decisión con los familiares.
Es más, el texto aprobado en el Senado quiere clarificar procedimientos y dar más seguridad y certidumbre en lo referente a los plazos, tanto para la persona solicitante como para los profesionales implicados. Asimismo, se ha reforzado el texto en lo relativo a la protección de la intimidad y la confidencialidad, para extremar la protección y custodia de las historias clínicas.
En definitiva, fuentes parlamentarias han establecido que el Congreso de los Diputados ratificará o refutará dicha norma con sus respectivos cambios el próximo jueves 18 de marzo. A partir de ese momento, si la ley es aprobada, esta se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor a los tres meses, sobre mediados del mes de junio.
Cuatro confirmaciones durante el proceso
Durante el debate sucedido en el Senado, que ha tenido una duración de aproximadamente cuatro horas, se ha reiterado que la ley es “extremadamente garantista”, debido a que el paciente deberá confirmar hasta en cuatro ocasiones su voluntad de llevar a cabo la eutanasia durante todo el proceso.
No obstante, para que se proceda a dicha acción, la persona deberá de cumplir una serie de requisitos detallados, como el ser mayor de edad, con nacionalidad española (o residencia legal en España, o certificado de empadronamiento) y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud, además de padecer una enfermedad muy grave o incurable.
Por su parte, si el paciente enfermo no cumple alguno de los requisitos expuestos anteriormente, se le podrá aplicar la eutanasia siempre que haya “suscrito con anterioridad un documento de instrucciones o un testamente vital” con la petición.
Posiciones enfrentadas
No obstante, como todo debate, hay quienes están a favor y quienes en contra. Por su parte, la socialista María Esther Carmona, durante su intervención, ha expuesto que la aprobación de la nueva “prestación de ayuda a morir” es “un paso más en las libertades y los derechos de la sociedad española”.
En esta misma línea se encuentra el senador Francisco Javier de Lucas, quien ha destacado que “precisamente porque tenemos el más firme de los respetos por el bien jurídico que es la vida, respetamos el genuino derecho a decidir dejarla que corresponde al propio sujeto, a nadie más”, además del portavoz socialista de Justicia y senador por Bizkaia, Txema Oleaga, quien ha remarcado que la norma “respeta las alas, las libertades de los seres humanos, respeta su derecho a decidir cómo quieren vivir y cómo quieren morir, esta es la enseñanza profunda que nos trae esta ley”.
Sin embargo, los partidos de la oposición, PP y Vox se han limitado a defender la vida a toda costa frente a la autodeterminación del individuo. Para la derecha, la eutanasia es abrir la puerta a una “industria de la muerte”, según ha expresado José Manuel Marín Gascón, de Vox, con médicos privados cobrando por practicarla, o a “inducir” su práctica a cualquier enfermo crónico que manifieste sufrimiento, a juicio de Antonio Román Jasanada, del PP.
Por otro lado, hay quienes utilizaron el sarcasmo para referirse a la nueva ley, como es el caso de Alberto Prudencio Catalán, de UPN, quien optó por ironizar con la idea de la autodeterminación de las personas diciendo que, según eso, alguien podría decidir vivir en esclavitud.
Proyecto de Ley de medidas urgentes frente al coronavirus
Junto a la aprobación del Proyecto de eutanasia, el Senado también dio el miércoles luz verde, con modificaciones, al Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, que volverá al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista se han incorporado una serie de enmiendas de mejora para, entre otros asuntos, prorrogar los contratos de las convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación y del Instituto de Salud Carlos III, una prórroga a las que podrán acogerse más de 3.500 investigadoras e investigadores.