España es el país de la UE que más infracciones ambientales acumula con sanciones impuestas desde Bruselas que ascienden hasta los 22 millones

España es el país de la UE que más infracciones ambientales acumula con sanciones impuestas desde Bruselas que ascienden hasta los 22 millones

La Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España por tres infracciones abiertas en materias ambientales que no se han resuelto en los plazos marcados desde Bruselas. Estos expedientes se abrieron por la depuración de las aguas residuales en zonas urbanas, el vertido de nitratos que ha contaminado ya el 46% de los acuíferos en el país y la falta de protección de la tórtola europea. El primero de estos expedientes ya supone una sanción para España de 22 millones de euros hasta, al menos, 2022, por la tardanza excesiva a la hora de resolver la acumulación de aguas residuales en 8 zonas tras 27 años desde que se emitieran las recomendaciones europeas. Las noticias para España no mejoran, siendo el país de la Unión Europea que más infracciones acumula, un total de 30 en materias de gestión de residuos, contaminación atmosférica, la falta de conservación de espacios protegidos, los riesgos de inundación y el mal estado de las aguas.

España ocupa el primer puesto en la Unión Europea en materias de infracciones ambientales por sexto año consecutivo. El país cierra el año 2020 con 30 expedientes abiertos desde la Comisión Europea y tres ultimátums antes de enviar los casos al Tribunal de Justicia Europeo. En este sentido, los trámites desplegados por la Comisión son lentos para proporcionar tiempo suficiente a los países para resolver los problemas señalados antes de emitir sanciones y España ha fallado estrepitosamente en resolverlos. Estas tres infracciones señalan la falta de protección de la tórtola europea en el territorio, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas de vertidos de nitrato y la depuración de las aguas residuales en zonas urbanas, problema que ya supone una sanción semestral de 11 millones de euros hasta, al menos, 2022.

El país aumenta en cinco los expedientes abiertos desde 2019 que solo era superado por Reino Unido en cantidad de sanciones hasta su salida de la UE por el Brexit, cuando fue eliminado de las estadísticas. Los principales problemas señalados desde Europa para España se centran en el mal estado de las aguas, la contaminación atmosférica, la falta de conservación de espacios protegidos, los riesgos de inundación y la gestión de residuos. En este sentido, a nivel europeo las infracciones sobre gestión de residuos suponen un 36% del total, las de la calidad del aire un 16% y el problema en la conservación de aguas y espacios naturales un 14% cada una.

Hace solo dos semanas Bruselas habría un nuevo expediente por la construcción de infraestructuras que han dañado el Delta del Llobregat. Entre ellos destacan la construcción del aeropuerto de Barcelona y el puerto marítimo que se suma a la falta de recursos desplegados para proteger el ecosistema. La Comisión Europea ha dado un plazo de dos meses para resolver los problemas señalados en su recurso y, de lo contrario, mandarán un nuevo ultimátum que se sumará a los otros tres ya desplegados. Desde el organismo europeo señalan que las conversaciones sobre este problema se abrieron en 2013 y que “no han tenido un seguimiento adecuado” poniendo en peligro la biodiversidad que tiene “un papel crucial en las rutas migratorias de muchas especies europeas de ave”.

SANCIÓN DE 22 MILLONES DE EUROS POR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Desde Europa se ha enviado un último aviso antes de elevar tres infracciones a al Tribunal de Justicia Europeo donde se propondría una sanción al país. La primera llegaba sobre la depuración de las aguas residuales en zonas urbanas que quedó sin resolver tras la falta de respuesta española. De esta forma, el Tribunal estableció una multa semestral por valor de 11 millones de euros hasta, al menos, 2022, siempre que se resuelva la sanción. Este expediente hace referencia a la acumulación de residuos en aguas urbanas en 17 zonas de más de 15.000 habitantes en las que no se cumplen las normativas establecidas desde 1998.

Ocho de estas zonas aun no disponen de las herramientas de depuración correspondientes que deberían haber llegado hace 21 años, en el año 2000, llegando la primera sanción a España en 2011 sobre 43 zonas. Los plazos se incumplen desde 2013 y en 2017 se remitió el caso de las 17 zonas mencionadas considerando que “el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante”.

En diciembre de 2020 la Comisión señalaba en un dictamen sobre el tratamiento de las aguas residuales que “no se prevé que España cumpla plenamente sus obligaciones en un futuro próximo. Por tanto, la Comisión le envía un dictamen motivado y le pide que acelere el cumplimiento”. Desde Bruselas detectaron 133 casos de vertidos y apremiaban una respuesta desde España antes de elevar el caso al Tribunal Europeo. Otros cuatro expedientes abiertos señalan el problema en la depuración del agua, uno sobre zonas con más de 10.000 habitantes donde se vierten aguas residuales en espacios sensibles, otro en zonas de entre 2.000 y 10.000 habitantes y otros dos que suman 341 áreas.

Pero las sanciones en gestión de materias residuales se extienden, siendo el problema más señalado desde Bruselas. En octubre se abrió una nueva sanción por la gestión de pilas y materiales de vehículos y otra por paquetes y envoltorios. Por su parte, la organización Alianza Residuo Cero presentó hace dos semanas una demanda ante el Tribunal Europeo al no cumplir los objetivos establecidos de recuperar el 50% de los residuos urbanos durante el pasado año. El país se queda muy por debajo, alcanzado solo el 34’7%, pudiendo sumar una nueva sanción a la ya larga lista.

VERTIDOS DE NITRATOS CONTAMINANTES

El segundo ultimátum señalaba una infracción por el vertido de nitratos contaminantes procedentes de la industria agrícola y ganadera que se filtran a los acuíferos. El expediente se abrió en noviembre al detectar que el 46% de los acuíferos españoles, unos 1.000 puntos, están contaminados o en riesgo de contaminarse con estas sustancias encontradas en fertilizantes y estiércol. Hace ocho meses desde Bruselas ya mandaban un aviso para adaptarse a las normativas y desde el Ministerio de Transición Ecológica ya preparan una orden para que las Comunidades Autónomas busquen los focos de contaminación y un plan de actuación que pase por la reducción de los nitratos utilizados por los agricultores y por la correcta gestión de los residuos ganaderos.

Desde el Ministerio reconocen la sobreexplotación de espacios naturales que no están correctamente protegidos, destacando Doñana y el Mar Menor, con una conservación que pone en peligro ambos ecosistemas. En 2015 la Comisión ya señalo la necesidad de proteger 1.278 ecosistemas y estableció un plazo de tres meses para resolver el problema de vertidos de nitrato. El pasado julio la Comisión instó de nuevo a aumentar los espacios considerados como Zonas de Especial Conservación. Subrayaban que el plazo para añadir las más de mil zonas señaladas había “expirado hace mucho tiempo” y que no se trata solo de delimitar las zonas, sino también de “adoptar objetivos y medidas de conservación”.

En materias de conservación también se señala los problemas sobre las inundaciones y la falta de planes de riesgo que se evidenciaron tras las graves consecuencias de las borrascas y la gota fría que se encadenaron en 2019. La infracción elevó al Gobierno a los Tribunales Europeos donde se emitió una sentencia en abril del año pasado y en octubre se envió una última advertencia antes de elevar la sanción al Tribunal de Justicia y establecer una sanción. No obstante, España sí parece haber avanzado en esta materia desarrollando unos planes en línea con las recomendaciones impuestas desde la Comisión Europea que se revisarán en diciembre de este año y que servirán para cerrar el expediente.

El tercer último aviso llegaba también en materias de conservación el pasado diciembre en sobre la protección de la tórtola europea estableciendo que, no solo no se estaban desplegando los mecanismos adecuados para proteger al ave, sino que también se estaban destruyendo los espacios seguros para esta especie. Señalaban que se mantiene la destrucción de los hábitats naturales del animal y a esto se suma la actividad de los cazadores que matan a cientos de miles de ejemplares cada año.

EUROPA SUSPENDE EN MEDIOAMBIENTE

En cinco años las infracciones medioambientales han crecido un 57% en toda la Unión Europea, ascendiendo de 286 casos en 2015 a los 451 registrados en 2020. La última cifra tan alta se recogió en 2008 con 481 infracciones. Grecia sigue muy de cerca a España en cantidad de expedientes, solo uno menos, 29, seguido de Francia con 23 e Italia con 22.

Entre los países que más cumplen, Estonia que es el que menos expedientes acumula con 7, seguido de Países Bajos, Dinamarca y Luxemburgo que empatan en 8 y Lituania con 9. El resto de los Veintisiete acumulan, al menos, 10 infracciones.

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