Rodrigo Rato será juzgado por posibles delitos de blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y fraude fiscal por, presuntamente, haber repatriado a España casi ocho millones de euros desde paraísos fiscales mediante una estructura empresarial artificial. El dinero obtenido por el ex presidente de Bankia, se derivaba a paraísos fiscales y era reintroducido en España de forma aparentemente legal, a través un sistema de falso préstamos participativos entre sociedades opacas que Rato y sus colaboradores habían creado previamente con este fin.

Esta actividad ha sido juzgada por el juez Serrano-Arnal como blanqueo de capitales y ha señalado que, por esta vía, se llegaron a reintroducir 7,8 millones de euros en España que, posteriormente, fueron invertidos por Rodrigo Rato en un hotel que tenía en Berlín y en la reforma de su casa en Cabueñes (Asturias).

El montante tiene su origen tanto en el dinero defraudado al Fisco como en las comisiones obtenidas por la adjudicación de contratos de campañas publicitarias de Bankia. En estos hechos residiría la acusación de corrupción en los negocios.

Según relata el auto de procesamiento, una vez Rodrigo Rato se hizo con la presidencia de Bankia, María Teresa Arellano fue colocada en el puesto de Directora de Comunicación y Marca y desde ese lugar adjudicaron contratos a las empresas Zenith y Publicis pero las “facturas no se correspondían con una contraprestación real” sino que “eran el conducto para dar cobertura legal para abonar a Rodrigo Rato su parte en las comisiones obtenidas por ALBISA de las publicitarias Zenith y Publicis en razón de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia”.

El juez ha afirmado que “durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 Bankia contrató servicios de publicidad con Pulicis y Zenith a cambio de una comisión de 2.022.253,89 euros” de los cuales Rodrigo Rato recibió un total de 835.024,64 euros a través de KRADONARA 001 SL, su sociedad epicentro de la presunta actividad delictiva.

El auto apunta que el ex ministro de Economía comenzó la presunta actividad delictiva a través de la estructura societaria de KRADONARA en 2006, cuando tuvo que abandonar por una investigación fiscal otras tres sociedades que utilizaba para ocultar su patrimonio en Irlanda y Panamá desde 1999.

Asimismo, Rodrigo Rato presentaba sus servicios personales como servicios de una sociedad, eludiendo así el pago del IRP. Por ejemplo, el juez ha señalado que entre 2007 y 2014 cobró 1,6 millones de euros por conferencias sin pagar ni un euro a Hacienda. Incluso, cuando fue asesor de Telefónica, cobró un total de 726.00 euros a través de KRADONARA a fin de eludir impuestos como sociedad tratándose de una prestación personal. Además, Rato siempre presentaba bases imponibles negativas esquivando así el Impuesto de Sociedades.

El auto de transformación concreta que el fraude fiscal se corresponde a 10 ejercicios pero tan solo cinco de ellos no han prescrito y tienen un montante suficiente para considerase delito (más de 120.000 euros no declarados). En los cinco ejercicios considerados por el juzgado como delito el ex vicepresidente del Gobierno defraudó más de 1,2 millones de euros a la Agencia Tributaria. En los ejercicios fiscales por los que no puede ser juzgado habría defraudado 2,4 millones de euros.

Otras 14 personas irán al banquillo junto a Rato, entre ellos el ex secretario general de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín o María Teresa Arellano, quien llegó a ser secretaria de Presidencia en Caja Madrid y directora de coordinación de la Presidencia en Bankia.