Este jueves, el Congreso de los Diputados ha sido escenario del primer gran acuerdo de los dos grandes partidos en los dos últimos años, al que se han sumado UP y el PNV. Y ha servido para elegir a seis de los diez consejeros de RTVE. Ahora la siguiente negociación en cerrarse debería ser ser la del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de Gobierno de los jueces que lleva con el mandato caducado desde el 2018. Y seguidamente, vendrán las del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, entre otros.

El cambio de estrategia de los populares hace que sea inminente el cierre del acuerdo por el que se elijan a los 20 vocales del CGPJ para los próximos cinco años. Los partidos trabajan sobre la base de lo consensuado hace dos años cuando se estuvo a punto de llegar a un entendimiento, pero los populares dinamitaron al filtrarse el nombre de Manuel Marchena. La participación de los conservadores es fundamental para renovar esta institución ya que se precisa una mayoría cualificada de tres quintos de la cámara baja.

Sin embargo, las conversaciones se alargan más allá de lo esperable ya que los últimos flecos están costando más en cerrarse. Fuentes de la negociación afirman que este jueves de madrugada, todos se levantaron de la mesa ante la imposibilidad de cerrar definitivamente el acuerdo. El problema se centra en el veto que ha puesto el Partido Popular al magistrado José Ricardo de Prada, que firmó la sentencia de la Gürtel que precipitó la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El problema es que éste es uno de los nombres propuesto por Unidas Podemos y no está dispuesto a aceptar el veto tras tener que sacar de la terna de los elegidos a su jueza más cercana, Victoria Rosell que actualmente es delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

El PP considera que no se puede incluir en el CGPJ a Jose Ricardo de Prada en el cupo de juristas de reconocido prestigio, como pretende UP, ya que el magistrado no presentó su candidatura para el cupo de magistrados y no tiene ni ha pedido el aval necesario de sus compañeros. Para los populares esto sería una especie de ‘fraude de ley’.

Este obstáculo ha sido imposible de superar, de momento. Para la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, el Partido Popular debería dejar de poner excusas y dejar de centrarse en los nombres para dar importancia al hecho de que es perentorio ya, porque así lo marca la Constitución, renovar el órgano de gobierno de los jueces. Hay que precisar que esta institución lleva más de dos años con el mandato caducado y ejerciendo sus funciones plenamente, aunque carezca de toda la legitimidad para ello. La dirigente socialista ha afirmado que el PP lleva “más de dos años negándose a cumplir con sus obligaciones, claramente sin explicación ninguna”, frente a lo que quiere “todo el mundo y nosotros los primeros desde el Gobierno y el grupo parlamentario”.

Para Carmen Calvo, habrá acuerdo: “Lo haremos, lo conseguiremos, aunque cueste más trabajo del que nos gustaría”. Así lo opina también el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, que en una entrevista en Euskadi Irratia ha ido más allá y ha aventurado que la próxima semana podría ser definitiva para cerrar el acuerdo. Aunque después ha matizado que en estos tiempos en política “todo cambia de un día para otro”.

Lo cierto es que la política española va entrando poquito a poco en una nueva etapa tras el final del bloqueo que el PP mantenía sobre la renovación de las instituciones con su mandato caducado. Los populares siempre encontraban excusas para no sumarse al acuerdo. Pero este jueves la elección de seis de los diez consejeros de RTVE hacen prever que a partir de ahora se logrará renovar el resto de instituciones.

Ahora el punto de mira está en el Consejo General del Poder Judicial en el que se deben escoger sus 20 miembros y éstos, a su vez, a su presidente para sustituir a Carlos Lesmes que también ejerce como presidente del Tribunal Supremo.

Después vendrán también la elección de los miembros del Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo para el que suena el nombre de Ángel Gabilondo, actual portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.

La renovación del CGPJ lleva atascada desde el 2018, cuando PSOE y PP tenían ultimado un acuerdo por el que el magistrado del Supremo, Manuel Marchena, sería elegido presidente, pero un mensaje del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó a sus compañeros de la Cámara Alta explicando que con el nombramiento del magistrado se aseguraban el control de la Sala Penal del Supremo (la que investiga los casos de corrupción que salpican al PP) dinamitó el acuerdo.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano que tiene entre sus funciones la de elegir a los magistrados que presiden los distintos juzgados, también en el seno del CGPJ se deciden sobre ascensos y sobre sanciones a los miembros de la judicatura. Entre sus funciones también está emitir dictámenes, no vinculantes, de leyes en tramitación, como ha ocurrido este mismo jueves con el estudio de la Ley del “sí es sí” que ha sido demoledor con la redacción del proyecto ante los problemas jurídicos que podría crear a partir de su aprobación. De ahí la importancia que los partidos políticos le dan a su composición. El mandato de sus miembros es por cinco años, y la forma en la que se eligen está legislada en la propia Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

De los 20 componentes del Consejo, ocho de ellos son juristas de reconocido prestigio y los doce restantes son de la carrera judicial, jueces y magistrados. Los ocho primeros se eligen según indica la Constitución: 4 salen del Senado y otros 4 del Congreso, pero para su elección necesitan del apoyo de tres quintos de la cámara (es decir 210 votos). Por ello los dos grandes partidos deben sumar sus votos para llegar a los 210 votos necesarios.

Los 12 integrantes del Consejo del cupo judicial se eligen según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que ha sufrido varias modificaciones a lo largo de estos años de democracia. La primera legislación, de 1980, estipuló que los propios jueces elegían a sus compañeros lo que de facto supuso que las asociaciones judiciales mayoritarias se repartieran el cupo que les correspondiese.

Por eso, en 1985, ya con el PSOE en el Moncloa se produjo el primer cambio. A partir de entonces serían las Cortes las que decidiera a los integrantes: 6 el Senado y 6 el Congreso. El Tribunal Constitucional avaló el cambio, pero alertaba del peligro que suponía el sistema ya que podría optarse por trasladar al órgano de gobierno de los jueces las mayorías parlamentarias del momento.

Con la llegada del PP al poder hubo otro cambio y aunque se mantuvo el sistema de elección se posibilitó que los jueces y magistrados pudieran proponer una lista de nombres de la que debían elegir los partidos. Años más tarde, Alberto Ruiz Gallardón prometió volver al sistema primigenio, pero finalmente hizo lo contrario de lo que dijo y modificó la forma en la que eran avalados los jueces para formar parte de la lista de elegibles. Este es el modelo que hay en la actualidad. Y es el que ha posibilitado que haya una mayoría de jueces conservadores en el organismo.

En 2018 tocaba renovar el CGPJ y, al igual que sucedió en las urnas, el PP perdía la mayoría conservadora, lo que ha motivado a fin de cuentas el bloqueo al que se somete este órgano constitucional.

Ahora, la situación se complica ya que Unidas Podemos, como socio de Gobierno, exige su cuota para elegir a, al menos dos miembros. Pero es algo que ha negado el Partido Popular. Aunque finalmente parece dispuesto a aceptar perfiles más progresistas que vengan de una proposición de los de Pablo Iglesias. El problema es que el PP también ejerce su veto si lo que se propone no les parece de su agrado, algo que no se había hecho con anterioridad. En otras negociaciones, lo que estaba claro era precisamente la ausencia de vetos de los nombres que propusiera la parte contraria. Así se ha visto como parlamentarios de PP o del PSOE han formado parte del CGPJ.

La lista de nombres que se barajan como nuevos integrantes del CGPJ figuran algunos que ya se manejaban en el 2018. Entre ellos están magistrados del Supremo como José María Montero, Ángel Arozamena, Inés Huerta o José María del Riego. De estos, solo el Montero tiene el aval de una asociación, en su caso la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el resto son considerados progresistas, pero sin pertenecer a ninguna asociación. Del sector progresista también se han filtrado los nombres de Esther Erice, Inmaculada Montalbán, José María Fernández Seijo o Ignacio Espinosa.

Del lado conservador aparecen los nombres de jueces como María Tardón (la que fuera concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid), Alejandro Abascal, Gema Espinosa o José Luis Núñez.

Una vez elegidos los 20 vocales, éstos son los encargados de elegir al presidente o presidenta. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones son nombrados por los partidos con el ‘encargo’ de votar a una persona concreta. Es decir que al final también son los partidos los que eligen al presidente, que también ejerce como presidente del Tribunal Supremo. Esta vez, parece haber consenso en una cuestión ya que por primera vez en la historia democrática se quiere que sea una mujer la que presida la institución. Y debe ser de marcado perfil progresista, justo lo contrario que el actual presidente, Carlos Lesmes. Los partidos, ahora, no han dado un solo nombre y proponen varios de prestigiosas magistradas para que sea finalmente el futuro CGPJ el que decida la designación. Los nombres que suenan con fuerza son los de Pilar Teso, Ana Ferrer o Lourdes Arastey, entre otras.