Docentes Feministas por la Coeducación (DoFemCo) exigen al Ministerio de Igualdad que la Educación se mantenga fuera de la “doctrina transactivista”. Una doctrina que según representantes de la organización puede llegar generar ciertas dificultades de aceptación y problemas mentales en los menores. Las contradicciones que alegan que existen entre la Ley Trans y la ley LOMLOE suponen un “retroceso feminista”, según denuncia la organización, puesto que consideran que se basa en una serie de principios sexistas que censuran la libertad de expresión de los propios docentes. Considerando que esta nueva normativa no cumple un racionamiento científico y que atenta “contra los principios de igualdad entre mujeres y hombres”, Araceli Muñoz, una de las portavoces de DoFemCo, puntualiza el porqué de su oposición: “Creemos que una escuela avanzada, responsable de la formación del alumnado del siglo XXI no pueden presentarse a la difusión de teorías que dañan la salud mental y física, así como el libre desarrollo de la infancia y la adolescencia”.

En la misma línea, la portavoz expone que ya tienen experiencia en este tipo de medidas, puesto que más de una docena de Comunidades Autónomas cuentan con normativas similares desde el 2012, las cuales han mostrado “efectos dañinos” en los centros escolares donde se aplican. Según Muñoz, la falta de concordancia científica supone que este tipo de teorías que abogan por enseñar a los niños que “se puede nacer en un cuerpo equivocado” generan confusión entre los menores. Una confusión que la portavoz justifica alegando que el sexo de una persona no debe de ajustarse a un “sentimiento”. La organización denuncia que la ley planteada por el Ministerio de Irene Montero se fundamenta en los estereotipos y roles de género, algo que no conciben, además de encontrar contenido “misógino” en la redacción de la norma, con términos como “personas que menstrúan”.

DoFemCo exige que Igualdad se mantenga dentro de su competencia y que se ajuste a las directrices recogidas en la recién aprobada LOMLOE, la cual, tal y como apunta Silvia Carrasco, otra de las portavoces, “no admite interpretaciones”, señalando que los objetivos de los docentes son “educar en convivencia, respecto y contra acoso, como en igualdad de derechos entre mujeres y hombres, con contenido adaptado al nivel madurativo del alumno”. “Nos convierten en policía. (…) No se nos permite acompañarlos a través de la escucha porque los protocolos vigentes en las autonomías ya definen estas actuaciones como conductas punibles”, explica Inmaculada Cerezo, miembro de la organización. La Ley Trans de Igualdad señala que su incumplimiento puede llegar a suponer penas de entre 1 y 4 años de cárcel y multas de entre 10.000 y 150.000 euros.

De la misma manera, algunos padres y madres, como señala la docente Marta Gómez-Villa, apoyan la reflexión de DoFemCo, puesto que no consideran adecuado que el cambio registral de las personas trans se base en función de lo que “el menor siente”, al margen de un seguimiento médico o de la opinión familiar. Según Gómez- Villa, los progenitores podrían tener miedo de expresar “su opinión” o de “verbalizar sus dudas” puesto que también supondría un delito de transfobia. Pese a ello, la organización aclara que, con su denuncia, no buscan un freno en igualdad, sino que no se tergiverse la situación con los postulados del transactivismo.