La debacle electoral del Partido Popular en Cataluña ha dejado a los de Pablo Casado en medio de una crisis mayúscula que les lleva día a día a perder apoyo ciudadano, a rendir cuentas por los casos de corrupción del pasado y a defenderse del zarpazo que les da la ultraderecha de Vox cada vez que se cita a los electores a las urnas. Su estrategia está cayendo como un castillo de naipes y la fortaleza del pasado es ya un vago recuerdo. Ante esta situación no tiene ya ningún sentido que sigan obstaculizando la renovación de importantes órganos constitucionales que llevan años en funciones, precisamente una formación que lleva a gala ser los abanderados del constitucionalismo.

Además, el PSOE lleva más de dos años, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, llamando a los populares a la mesa del acuerdo. Una democracia consolidada y plena como la nuestra no puede permitirse tener a instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE o el defensor del pueblo con el mandato caducado desde hace años. El principal escollo, en realidad, está en el órgano de gobierno de los jueces. En dos ocasiones durante todo este tiempo ha estado a punto de cerrarse el acuerdo. El primero fue cuando ya se había decidido que Manuel Marchena presidiría el CGPJ, pero el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a órdenes de Teodoro García Egea, cometió la torpeza de enviar un WhatsApp a sus senadores explicando que el acuerdo les llevaba a “controlar la Sala Segunda del Supremo” por la puerta de atrás, precisamente el juzgado encargado de llevar a cabo las investigaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PP. El propio Marchena se negó a aceptar el cargo tras la filtración y todo saltó por los aires. Tras las elecciones del 10 de noviembre, con una nueva victoria socialista, el acuerdo estuvo a punto de cerrarse de nuevo, pero al PP le “temblaron las piernas” por la presión de Vox y encontraron una excusa en las críticas del vicepresidente Iglesias a la monarquía.

Desde entonces, el PSOE continúa esperando… y ha elevado su exigencia para acordar la renovación, primero anunciando una Ley Orgánica que cambiara las mayorías para la elección del CGPJ (que se paralizó) y después tramitando otra ley que impidiera al órgano de los jueces seguir nombrando magistrados para puestos transcendentales mientras estuviera en funciones. Esta última ley debía entrar en su fase final de aprobación esta misma semana, pero se ha aplazado a marzo ante la posibilidad de alcanzar el acuerdo con el PP, que en caso de producirse decaerá.

La semana pasada, la vicepresidenta Carmen Calvo avisó que al PP ya no le quedaban más fechas por delante para poner excusas. Hasta dentro de dos años (en teoría) no habrá citas electorales y la pérdida de apoyo electoral del PP les deja sin margen para seguir con el bloqueo. Nadie entiende que este órgano elegido en 2013, cuando el PP tenía una holgada mayoría absoluta, siga ejerciendo con normalidad cuando las mayorías parlamentarias, elegidas por los ciudadanos, han cambiado de forma ostensible. Otra cosa es el debate de fondo, si la elección de los jueces debe estar en el seno del Congreso y del Senado o debe cambiarse nuevamente el trámite.

Así las cosas, este lunes, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha confirmado que las negociaciones vuelven a activarse. Eso sí, se ha valido de excusas para defender su posición ante los suyos. Ha afirmado en una entrevista en la Cadena Cope que sus “exigencias se están cumpliendo”. Una de ellas es que Podemos no participe en la elección ya que se trata de conformar una mayoría parlamentaria en la que los morados no hacen falta y consideran que no deben acordar nada con Unidas Podemos. En realidad, era una circunstancia que ya se estaba cumpliendo puesto que nadie de Podemos ha estado en la mesa de negociación. Otra cosa es que en el acuerdo final haya magistrados que estén propuestos por los de Iglesias, algo que nunca sabremos. Lo que buscan los populares es que en el nuevo CGPJ no haya ningún nombramiento que se pueda vincular a UP al que tienen vetado “el pirómano no puede elegir al bombero”, ha dicho Egea.

El dirigente popular ha afirmado que el PSOE ha aceptado esto y “es algo que todo el mundo entiende y es un paso importante”. “En esta renovación de los órganos judiciales Podemos no va a tener nada que ver”, ha insistido.

Las negociaciones se retomarían en el punto que se dejaron. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lleva meses diciendo que el acuerdo está cerrado y solo faltaba encontrar la fecha ideal para los populares para anunciarlo. Ahora, tras la debacle del PP en Cataluña parece que no hay más excusas por delante. Diversas fuentes apuntan a que el PSOE y Podemos pactaron hace meses los 10 nombres que debían proponer para renovar el CGPJ y después serían los socialistas los que negociaran en solitario con el PP. Se cumplirían así las exigencias de los conservadores y el PSOE no dejaría al margen a su socio de Gobierno.

La semana pasada, el presidente Sánchez reactivó el diálogo al llamar al líder de la oposición Pablo Casado. Ahora, las negociaciones han pasado al más alto nivel y parece que será en breve cuando se cierre todo el acuerdo y se renueven de una tacada no solo el CGPJ sino también el Defensor del Pueblo (que podría ocupar Ángel Gabilondo), el Consejo de RTVE y los cargos del Tribunal Constitucional caducados.