Nadia Calviño adelanta profundas reformas que permitirán abrir una empresa por un euro, de forma digital y en un plazo de 10 días

Nadia Calviño adelanta profundas reformas que permitirán abrir una empresa por un euro, de forma digital y en un plazo de 10 días

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha abierto una consulta pública para subsanar las deficiencias del sistema español en la apertura y el crecimiento empresarial, incluyendo la innovación, modernización y digitalización de los mecanismos. El Ministerio de Asuntos Económicos pretende utilizar las opiniones de los actores empresariales para impulsar un Anteproyecto de Ley que estimule el tejido empresarial español. Esto pasaría por la eliminación de trabas administrativas que se traducen como discriminatorias a la hora de acceder y aumentar la actividad comercial, la digitalización y modernización de los procesos de registro e información relacionada con el registro mercantil y el aumento de las inversiones público-privadas. De esta forma, con esta nueva normativa las empresas de responsabilidad limitada no necesitarían de unos fondos mínimos de 3.000 euros exigidos ahora por la Ley de Sociedades, sino que se podrían crear por el precio simbólico de un euro y en un plazo de 10 días de manera digital. El anteproyecto recoge otros problemas como la unidad de mercado, la seguridad jurídica o los problemas en materia de morosidad que benefician ahora a las grandes empresas por el mantenimiento de las relaciones comerciales.

El Ministerio de Economía prepara una medida que permitiría la creación de empresas de responsabilidad limitada y de manera digital por el precio simbólico de un euro, todo en un plazo de 10 días. Esto forma parte de una consulta pública lanzada hoy viernes para conocer las barreras en la creación y el crecimiento de las empresas que, en un futuro, serviría para la creación del proyecto de Ley de impulso a la creación y crecimiento empresarial, según ha explicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. De esta forma, se eliminarían requisitos como el de capital mínimo de 3.000 euros exigidos ahora para la apertura de un negocio y se adaptarían los periodos de registro a los marcados por la Unión Europea.

La consulta, abierta hasta el 19 de marzo, pide opinión sobre mejoras en el clima de negocios, costes administrativos y regulación empresarial. Entre otros objetivos se encuentran un sistema de incentivos, infracciones y sanciones para acabar con la morosidad sobre todo de grandes empresas, que también se podría trasladar a un sistema extrajudicial de resolución de conflictos. También adelantan mejoras en el proceso concursal que permitan la reorganización de las compañías tras la crisis del coronavirus y una vuelta de los servicios profesionales.

FLEXIBILIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Todo esto se encuentra recogido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materias de creación y crecimiento del tejido empresarial. Asimismo, se pretende responder a las recomendaciones lanzadas por distintos organismos internacionales que han señalado al país las necesidades de aumentar la producción de las empresas y su tamaño, eliminando barreras en la creación de negocios y del mercado, así como desigualdades en los accesos a financiación. Con estas medidas se establecería un marco jurídico regulatorio para impulsar el tejido empresarial español.

Esta reforma se convierte en esencial en un país dominado por pymes que, por su propia definición, marcan una menor producción, así como menos inversiones y, en definitiva, una mayor vulnerabilidad en los periodos de crisis como el actual, causando que muchas se hayan visto endeudadas en los últimos meses. La consulta iría seguida por un Anteproyecto de Ley que pretende abrir las puertas a mayores inversiones que aporten liquidez y aumenten la competitividad de las empresas, apoyando los principios de transformación verde y digital impulsados por el Gobierno. Las facilidades en el régimen de creación de empresas se pretenden incluir en la Ley de Sociedades, según ha explicado Calviño, y no es una propuesta nueva. En 2013 se propuso que las llamadas sociedades limitadas de formación sucesiva se pudieran crear con una cantidad menor a 3.000 euros, pero la medida fue ineficaz por las barreras impuestas.

Las medidas no solo pasan por la reducción del capital mínimo en la Ley de Sociedades, sino también por la modernización del régimen empresarial, la digitalización y el apoyo financiero. En este sentido, todo ciudadano de la Unión Europea podrá registrar su Sociedad de Responsabilidad Limitada en un plazo de 10 días de forma online, sin que sea necesaria una comparecencia física, así como la habilitación de mecanismos digitales que permitan a las empresas realizar el registro mercantil y otras medidas relacionadas con el suministro de información en esta materia. La modernización de la normativa concursal pasará por la agilización de los procesos de transformación económicos, así como de las herramientas preconcursales y los procedimientos de segunda oportunidad.

ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS

Hasta ahora, las empresas ven aumentadas sus trabas cuando superan los 50 empleados, lo que dificulta los procesos de ampliación y crecimiento. En este sentido, los negocios que superaran estos límites se veían obligadas a formar un comité de empresa, con auditorías obligatorias y la imposibilidad de presentar cuentas abreviadas cuando la cifra de negocio supera los 5’7 millones de euros. Si esta cifra supera los 6 millones la empresa pasa a estar controlada por la unidad regional de gestión de grandes empresas en vez de la Administración territorial de la Agencia Tributaria, lo que suele causar trabas por parte de Hacienda.

Todos estos procesos conllevan pesadas cargas administrativas y provocan discriminaciones en el acceso a las actividades económicas. Se recogen muchísimas mejoras y es uno de los principales puntos de la consulta pública. Se busca la eliminación de estas barreras y la posibilidad de que se apliquen mecanismos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado. También se plantean los problemas sobre la unidad del mercado, existiendo muchas veces una normativa distinta en cada Comunidad Autónoma, y otros puntos como aumentar la seguridad jurídica.

Los mecanismos de financiación también se someterían a mejoras para el fomento de la creación de start – ups, buscando una financiación público-privada.

FIN DE LOS BENEFICIOS DE LA MOROSIDAD PARA LAS GRANDES EMPRESAS

El Ministerio de Economía detecta problemas en materias de morosidad, con negocios que incumplen los periodos de pago y una normativa que juega a favor de las grandes empresas para mantener buenas relaciones comerciales y daña a las pequeñas. “Se constata un desequilibrio de poder entre grandes y pequeñas empresas. Las empresas más pequeñas tienen una probabilidad más alta de aceptar unos plazos de pago más largos o de que les sean impuestos por parte de empresas más grandes, debido al temor a deteriorar las relaciones comerciales”, explicaba Calviño.

En este sentido, se contemplan medidas en lo referente a las operaciones comerciales que se sumen a la normativa europea. La posibilidad pasa por incentivos que impulsen la transparencia de la legislación y el periodo de pagos y que cambien hacia una economía basada en el cumplimiento de la normativa. Esto último podría hacerse a través del sistema de incentivos o mediante otros de infracciones y sanciones o de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos.

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