Abalos busca el consenso con todos los sectores para la nueva Ley de Vivienda

<blockquote><strong>El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aguanta las presiones y se aleja de las prisas que no son buenas consejeras para hacer una Ley de Vivienda, legal, solidaria y justa para todas las partes.</strong></blockquote>

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos

Abalos busca el consenso con todos los sectores para la nueva Ley de Vivienda

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aguanta las presiones y se aleja de las prisas que no son buenas consejeras para hacer una Ley de Vivienda, legal, solidaria y justa para todas las partes.

Las relaciones en el seno del Gobierno de coalición, siguen, como desde el primer día, en una fase de confrontación sana, filtraciones insanas, y prisas innecesarias, en este caso con el tema de la Vivienda en el que confluyen numerosos intereses, de todas las partes. El Ministerio de José Luis Ábalos, que es a quien compete el desarrollo de la nueva Ley de Vivienda se muestra sólido y no le gustan las prisas. El acceso a una vivienda digna es uno de los puntos del acuerdo de coalición con el socio minoritario, que puede aportar ideas a la nueva Ley de Vivienda. Para el equipo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la prioridad es abordar que los más vulnerables tengan acceso a una vivienda digna pero desde“la función social y el régimen jurídico de la vivienda, la acción de los poderes públicos y la conformación de parques públicos de vivienda". Y también "conseguir un consenso entre todas las partes que lleve al BOE una nueva legislación con todas las garantías jurídicas". Por su parte, el socio minoritario, Unidas Podemos, tensa la cuerda con sus prisas y para conseguirlo sigue filtrando los puntos de desencuentro, exigiendo una rápida aprobación de la ley. "Aún hay que trabajar para que tengan el adecuado encaje legislativo", dice el Ejecutivo. En este sentido, el presidente del Gobierno presentó esta semana un acuerdo para poner a disposición de la ciudadanía 10.000 viviendas de la SAREB para el alquiler.

Este jueves, los equipos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos y de la vicepresidencia segunda, de Pablo Iglesias, se volvieron a reunir para seguir con la negociación de uno de los puntos que firmaron en el acuerdo de coalición a finales del 2019, una nueva legislación para la vivienda. Las distancias, de inicio, que hay entre el Psoe y el socio minoritario, aún quedan por acortarse y las diferencias aún tienen que irse limando . No ayuda a acercar posturas, la constante exposición y filtración de sus diferencias, por parte del socio minoritari. Entre las propuestas de UP está la de obligar a los grandes tenedores de vivienda, los que tengan más 5 viviendas, a ofrecer un 30% de sus viviendas al alquiler tasado, prohibir desahucios sin alternativa habitacional o imponer un impuesto a las viviendas vacías.

El ministro José Luis Ábalos, uno de los más sólidos del Consejo de Ministros, no se caracteriza precisamente por tolerar presiones y prisas por parte de ninguno de los sectores afectados por esta futura ley. Los socialistas tienen claro que el tema de vivienda y el acceso a la misma es de vital importancia para la ciudadanía y por tanto, para este Gobierno, con lo que llevan más de dos años, empeñados en buscar las soluciones más adecuadas, que pasan por poner de acuerdo a todos los sectores afectados: por un lado, los ciudadanos que tienen la necesidad de un acceso asequible a una vivienda digna y por otro los intereses de los propietarios, que también tienen sus derechos. Se trata de gobernar para todos y no solo para una parte.

Por parte del PSOE y del Ministerio de Vivienda, está en la mesa de negociación el Secretario General para la Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas y por parte de UP, la Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Este jueves trascendieron algunas de las diferencias que todavía quedan entre ambos equipos, lo que hace no aconseja a precipitarse en presentar la Ley, si bien en los acuerdos firmados la fecha era de febrero. El Gobierno socialista dice que, claro, el año de pandemia ha trastocado todos los plazos y las prisas ahora no son buenas para la eficacia de la Ley. Los socialistas asumen que en la realización de las leyes es más importante el fondo de la cuestión que cumplir con plazos determinados. La ley saldrá, más pronto que tarde, dicen los de Ábalos, pero muchas veces las prisas son malas compañeras de viaje. Sin embargo, el socio minoritario, sigue con las prisas por aprobar la Ley y no transige retrasos, aún perfectamente justificados. Mientras que unos tienen una mirada larga, producto de su larga experiencia en el Gobierno, otros se dejan llevar por la mirada corta, la aprobación rápida y la exhibición de medallas ante la prensa amiga.

El departamento de Ábalos, ha explicado en varias ocasiones que trabaja en una Ley que ponga negro sobre blanco la función social y el régimen jurídico de la vivienda, el papel de los poderes públicos en esta cuestión, el derecho a la vivienda y la conformación de los parques públicos de vivienda con el objetivo de facilitar viviendas dignas a precios asequibles. Entre las líneas de trabajo que maneja el Ministerio de Agenda Urbana se incluyen las soluciones para aquellas familias vulnerables que no tienen alternativa habitacional cuando se enfrentan a un desahucio, medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra, la rehabilitación de viviendas, la colaboración pública-privada o la creación de un amplio parque de viviendas sociales. En este sentido, el presidente del Gobierno presentó esta semana un acuerdo para poner a disposición de la ciudadanía 10.000 viviendas de la SAREB para el alquiler.

El Ministerio de Ábalos, donde se incluyen los asuntos de Agenda Urbana y Vivienda destaca que el trabajo es intenso, pero será minucioso y defienden que esta gestión le corresponde en primera persona al Ministerio, por eso no se dejan presionar. “Nuestra propuesta es garantizar la función social de la vivienda y que las administraciones no puedan malvender a los grandes fondos la vivienda pública” confirman en Vivienda, como ha sucedido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.

LAS DIFERENCIAS CON EL SOCIO MINORITARIO UP

Podemos, ahora dice que quiere que la prohibición de los desahucios para familias vulnerables que se incluyó en el “escudo social” aprobado por la pandemia, se quede de forma permanente. El Ministerio socialista, sin embargo, hila más fino y expresa que esto no está claro ya que defienden que se acote esta prohibición a casos extraordinarios, además, la medida vendría acompañada por una compensación a los propietarios en caso de que la situación se prolongue. Otro de los puntos en los que están lejos es en la forma en la que pretenden obligar a poner en el mercado un número determinado de viviendas para alquiler social. Los morados quieren obligar por ley a los grandes tenedores a poner un 30% de sus propiedades para este alquiler. Y consideran un gran tenedor de vivienda aquel que tenga más de cinco inmuebles. Los socialistas no consideran que éstos últimos puedan ser catalogados como grandes propietarios. En este punto esperan ponerse de acuerdo y elevar las condiciones para considerar a alguien o a una empresa como gran propietario. En el PSOE prefieren incentivar la construcción de vivienda nueva para destinarla a alquiler, y crear un amplio parque de viviendas públicas. Otra de las cuestiones que están encima de la mesa, por parte de los morados, es poner en marcha un impuesto a las viviendas vacías para tratar de elevar la oferta que haría que bajasen los precios. Sin embargo, la parte socialista prefiere explorar los incentivos con descuentos en el IBI, por ejemplo, que lleve a los propietarios a ofrecer sus propiedades.

PRESIONES DE SINDICATOS Y COLECTIVOS SOCIALES

Para meter más presión al Gobierno, además, esta semana una veintena de organizaciones sociales han publicado un manifiesto en el que exponen sus exigencias que deben ser incluidas en la futura ley. Se trata de un documento en el que incluyen ocho puntos que para ellos se consideran imprescindibles:

1.- Garantizas el derecho a una vivienda digna
2.- Paralizar los desahucios de personas vulnerables
3.- Asegurar un parque público de alquiler social
4.- Regulación estatal de los precios del alquiler y adecuarlos a los salarios
5.- Garantizar los suministros de agua, luz, gas y telecomunicaciones
6.- Garantizar una segunda oportunidad para hogares con deudas hipotecarias
7.- Ampliar el presupuesto para viviendas sociales
8.- Participación activa de la población en la política de vivienda y urbanismo.

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