El informe ha salido adelante con el apoyo de Ciudadanos, Vox, Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid después de que la oposición de izquierdas votara a favor de la resolución de las derechas para evitar un bloqueo por su parte.
El texto impulsado por Vox que recoge sus conclusiones junto a las de Ciudadanos declara que “las irregularidades detectadas en la concesión y seguimiento del aval de MC Infortécnica revela, en el mejor de los casos, un trato personalizado y preferente, y una gestión negligente en su seguimiento y recobro”. Las conclusiones recogen también que Avalmadrid, envuelta en numerosos escándalos de corrupción con los populares, “ha sido utilizado como una herramienta de salvamento y socorro de empresas y empresarios vinculados con los socios protectores [el PP], saltándose a tal efecto las normas internas, los requerimientos del Banco de España y una mínima conducta ética”.
“El coordinador de riesgos de Avalmadrid informa el 2 de marzo de 2011 a sus superiores de que el importe del crédito solicitado por los avalistas tiene más riesgo del que se garantiza, […] ya que el valor de tasación del inmueble hipotecado en dicha operación es muy inferior al importe del crédito”, lee el texto sobre una parte de la investigación que fue ignorada explícitamente. “Es un caso que sin ninguna duda se puede considerar como irregular tanto por el proceso de aprobación […] como por la falta de diligencia […] favoreciendo la posibilidad de que los deudores eludieran la responsabilidad patrimonial”. Este piso que se posicionó como garantía de pago fue salvado por una donación aceptada por Ayuso a su padre para que no pudiera ser retirado por los acreedores, de tal forma que el crédito sigue sin devolverse, lo que podría haber incurrido en un presunto alzamiento de bienes encubierto. La presidenta madrileña pudo salvar la vivienda gracias a una información privilegiada proporcionada por Eva Piera Rojo, miembro de la empresa en el momento de los hechos, que avisó unos seis meses antes de que tuvieran que hacer frente al préstamo que no podían devolver, y que precipitó el proceso de donación para evitar las consecuencias.
PSOE, Podemos y Más Madrid no han tenido más remedio que aceptar este balance rodeado de polémica al unir las dos conclusiones contradictorias de los socios del PP, ya que sabían que, en ningún momento, conseguirían la aprobación en la Asamblea de su propio texto. De esta forma, fuentes del bloque de izquierdas han asegurado aprovechar “la torpeza de las tres derechas” para salvar todos los obstáculos interpuestos por el tripartito para evitar verdaderas conclusiones que incriminaran a Ayuso y al PP.
Ciudadanos permitió que la Comisión se abriera en la Mesa de la Asamblea para luego impedir por todos los medios su correcto funcionamiento. Apenas el 10% de los comparecientes solicitados por la investigación han terminado declarando, cerrando los naranjas la Mesa antes de que se pudiera casi empezar la recopilación de testimonios. De esta forma, todos los expresidentes regionales se han salvado de declarar, así como la propia Ayuso. Esperanza Aguirre, que se posiciona como una de las principales implicadas, tampoco declaró. Además, ahora reclaman junto a sus socios populares que el texto que ellos mismos han redactado junto a Vox no se considere válido, al unir conclusiones de dos partidos contradictorias. Estas contradicciones se muestran en la posición de Vox que declara “irregularidades” mientras que la de Ciudadanos recoge “el pleno respeto” de las conclusiones de la Fiscalía que no vio delito cuando se denunció el caso.
Los naranjas han pedido junto al PP un informe de los letrados de la Cámara para mostrar que el reglamento no permite la unión de dos textos distintos en sus conclusiones. “Hay muchas dudas jurídicas de que la Mesa lo vaya a calificar, serán sus servicios jurídicos los que digan si esto debería acabar con una comisión sin dictamen. Es un bochorno institucional”, declaraba el PP en esta misma línea. “El PP buscaba que no hubiera dictamen alguno”, han señalado por su parte las fuentes de la oposición de izquierdas para elDiario.es, que podrían conseguir su invalidez gracias al apoyo incesante de sus socios naranjas.
EL BALANCE DE LA IZQUIERDA
El texto que el bloque de izquierdas de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos – IU, recogido por elDiario.es, no ha podido impulsar por el bloqueo de la derecha y la ultraderecha califica como “extremadamente grave” el uso de “los recursos humanos y materiales” de la entidad Avalmadrid que se pusieron “a disposición de una diputada autonómica del Partido Popular, Doña Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de suministrarle información confidencial”, en referencia a la información de Piera que aceleró el proceso de donación del piso del padre de Ayuso.
En 2011 cuando se recibió el préstamo, la presidenta madrileña aun no formaba parte del Gobierno pero trabajaba ya para el PP como asesora de Esperanza Aguirre. Ese mismo año entraría a las listas regionales para convertirse en diputada en julio, por lo que el resto de las irregularidades se produjeron cuando ya formaba parte del Ejecutivo.
Esta información sirvió, según las conclusiones de la izquierda, para “no cumplir con las obligaciones adquiridas, entre otros con Avalmadrid” que han conllevado “un importante perjuicio económico que pudiera haberse evitado simplemente con un cumplimiento estricto de los protocolos de recuperación de deudas establecido por la entidad”.
LA CORRUPCIÓN DEL PP CON AVALMADRID
“Resulta obvio e innegable que, aparte de esa utilización legítima y útil de Avalmadrid, ha habido un no mayoritario, pero tampoco desdeñable, mal uso de la misma para intereses ilegítimos”, escribe el balance de la ultraderecha. La entidad se ha vinculado durante años a otras empresas en situaciones de quiebra, como el caso de la del padre de Ayuso, y varias de estas tenían vinculación con el PP y con su propio Consejo administrativo. El propio informe enumera la naturaleza de todas las irregularidades cometidas otorgando avales “a empresas que nada tienen que ver con el objetivo de Avalmadrid”, “a empresas que poco después caían en suspensión de pagos” y “trato de favor a empresas vinculadas con políticos del Partido Popular, avales a empresarios cercanos al Gobierno y al Partido Popular, avales a empresas participadas por los fondos de capital-riesgo de la propia Comunidad”. Señalan la existencia de mails, llamadas y cartas para dar información privilegiada y esquivar a los acreedores, como en el caso de Ayuso.
A esto añaden el “agravante de la pérdida del dinero público, tanto de dinero gestionado por la comunidad autónoma como por la Administración General del Estado”. En este caso el balance de la izquierda recoge conclusiones similares estableciendo que la entidad “se utilizó por parte del Partido Popular en Madrid”. El PP, por su parte, desmiente todo acusando a la Comisión de un “abuso de poder contrario al reglamento” y declarando que “Avalmadrid ha funcionado de manera correcta de acuerdo a las normas del momento”. También defienden a Ayuso estableciendo que el proceso “fue absolutamente correcto” según “informes económicos”.
El exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, que cumple una pena de 40 años en la cárcel por su implicación en la trama Gürtel, sí pudo declarar en la breve duración de la Mesa antes de su bloqueo por derecha y ultraderecha. En su testimonio afirmó que le consta que “a algunas personas cercanas al entorno del PP se les concedieron préstamos” y que Avalmadrid concedía créditos “por orden” de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre.