Cristina Cifuentes, absuelta del “caso máster” por falta de pruebas... y dos funcionarias cargarán con las penas

Cristina Cifuentes, acompañada de su abogado, José Antonio Choclán, a su llegada para declarar por el ‘caso Máster’ el 5 de febrero

Cristina Cifuentes, absuelta del “caso máster” por falta de pruebas... y dos funcionarias cargarán con las penas

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid del delito de inducción a la falsedad documental del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que cursó (o no) en la Universidad Rey Juan Carlos en 2012. El tribunal concluye que no existen pruebas suficientes de que Cristina Cifuentes presionara para la falsificación del documento. Sin embargo sí condena a Cecilia Rosado, la profesora que reconoció que se inventó el acta y falsificó la firma de dos profesoras; y a María Teresa Feito, ex asesora de la Consejería de Educación, que entrará en prisión por inducir a la falsificación del informe. Lo que recoge la sentencia como "hechos probados" es que el Máster de la ex presidenta popular no se desarrolló dentro de los cauces normales.

El "caso Cifuentes" que costó la presidencia de la Comunidad de Madrid a la ex diputada popular, Cristina Cifuentes, se ha cerrado por parte de la justicia, pero deja numerosas dudas que quedarán sin responder. Finalmente, la ex política sale indemne de la causa y ha sido absuelta por unos hechos que solo le beneficiaron a ella. Por el contrario, una profesora de la URJC y una ex asesora de la Consejería de Educación cargarán con las penas impuestas por algo que solo les ha traído problemas y de lo que no sacaban ningún beneficio. Los magistrados aseguran que el curso del Máster en Derecho Autonómico y Local de Cifuentes tuvo muchas irregularidades pero según figura en la sentencia: “de lo actuado no ha resultado probada ninguna participación" de la expresidenta en la falsificación documental. Sin embargo, el tribunal condena a un año y seis meses de prisión a Cecilia Rosado, profesora de la URJC y a tres años a Maria Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación.

Cifuentes afirmó en el juicio que el máster lo había realizado en condiciones diferentes a las esperables de un alumno de posgrado: sin ir a clase, sin mantener contacto con ningún profesor, sin realizar exámenes y entregando el TFM en julio de 2012 sin exposición ante tribunal. En cambio, el tribunal no entra a valorar si se produjo o no la defensa del TFM al no ser competente aunque según la sentencia: “hubiera sido un extremo inexplicable, pues en el año 2012, la citada alumna, figuraba como no presentada en la asignatura, que impartía el profesor Chico de la Cámara, calificación que fue corregida de forma irregular en el año 2014”.

Pilar Santos, fiscal de la Audiencia Provincial solicitó una condena de tres años y tres meses de prisión para Cifuentes pues según la fiscal: “la expresidenta era la única, la primera y la última beneficiaria” de la falsificación del acta. Para Feito pedía la misma pena y para Rosado 21 meses teniendo en cuenta una posterior apreciación de los atenuantes de confesión y miedo debido a la presión que habría sufrido la profesora por parte del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, fallecido en 2019.

Finalmente, el tribunal ha declarado a María Teresa Feito responsable de la falsedad documental del acta del TFM en concepto de inductora. Según la sentencia su participación está suficientemente probada por el conjunto de llamadas efectuadas el día que se hizo público el caso máster y su presión ejercida sobre Cecilia Rosado para crear el acta a sabiendas de que no existía.

Las presiones que recibió Rosado junto a su confesión del delito sugieren para el tribunal la aplicación de atenuantes de miedo y confesión. El tribunal asegura que la profesora temía por su futuro profesional al no tener un contrato fijo hasta 2015.

El último día del juicio, la defensa de Cristina Cifuentes aseguró que fue la Universidad Rey Juan Carlos la que fabricó las actas en el contexto de una red de irregularidades alrededor de determinados máster que dirigía el fallecido director del Instituto de Derecho Público, Álvarez Conde.

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