El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha aceptado este martes la petición de las asociaciones de hostelería, solicitada el pasado 4 de febrero, de suspender cautelarmente el cierre de los bares y restaurantes, al entender que su actividad “no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”. Ello va en contra de lo expuesto por el Gobierno vasco, que entre sus medidas más restrictivas tomadas el pasado diciembre se encontraba la prohibición de abrir estos locales en los municipios con una incidencia acumulada igual o superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, pese a la decisión del TSJPV, si los establecimientos hosteleros vascos desean reabrir, deberán seguir una serie de obligaciones establecidas por el Gobierno de la región, como el cierre a las 20.00 horas y la apertura a las 06.00 horas, mantener un aforo del 50%, o la agrupación de máximo cuatro clientes por mesa, entre otras.
La hostelería del País Vasco podrá reabrir este miércoles. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha resuelto este martes permitir a los bares y restaurantes de la región reabrir en los municipios que se encuentran en zona roja por la alta incidencia del coronavirus, al entender que su actividad “no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tomado esta decisión tras la presentación ante el Tribunal Superior vasco de un recurso, por parte de las tres asociaciones de hostelería de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, en contra del decreto del lehendakari, Iñigo Urkullu, aprobado el 10 de diciembre y prorrogado hasta el 22 de enero.
Dicho recurso recogía, entre otras restricciones, el impedimento de la actividad hostelera en aquellos municipios que se encuentren en alerta roja, es decir, en aquellas localidades de más de 5.000 habitantes en las que la tasa de incidencia acumulada fuese superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes. Esta restricción se extendía también a municipios más pequeños con alta incidencia del virus. En este sentido, esta situación afectaba a 84 municipios, 46 de más de 5.000 habitantes (incluidas las capitales, Vitoria, Bilbao y San Sebastián), y 38 de menos de 5.000 vecinos.
Nada más conocerse la decisión, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que la resolución carece de “seguridad jurídica”, ya que en plenas Navidades se produjo un importante incremento de contagios, lo que ha provocado la alta intendencia actual, y por lo que estaba más que justificada la restricción impuesta a los bares y restaurantes.
Asimismo, Zupiria ha considerado “especialmente grave” que los jueces vayan en contra de “cuestiones sanitarias” adoptadas por epidemiólogos y responsables de salud pública que asesoran al lehendakari en la toma de decisiones frente al coronavirus. “Esta resolución debilita las herramientas del Gobierno vasco para preservar la salud en una situación tan delicada y vulnerable como la actual”, ha establecido.
No obstante, el alto tribunal señala que la reapertura de estos locales no es “incondicional” y que si los establecimientos hosteleros vascos desean reabrir, deberán seguir una serie de obligaciones establecidas por el Gobierno de la región: cierre a las 20.00 horas y apertura a las 06.00 horas, mantenimiento del aforo reducido al 50%, máximo cuatro clientes por mesa, distanciamiento de metro y medio entre mesas diferentes, y prohibición del consumo en barra o de pie.
“Alegría” frente a “incredulidad”
La noticia ha sido recibida de manera “muy positiva” por los hosteleros. “Es lo que pretendíamos y lo que solicitamos”, ha comunicado el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, aunque es consciente de la situación epidemiológica actual y ha vuelto a pedir, “ahora más que nunca”, a los clientes que “tienen que entender que para que la hostelería pueda seguir trabajando hay que cumplir las normas”.
Sin embargo, en la otra cara de la moneda están los profesionales de la salud, que se encuentran en “total desacuerdo” con la medida del TSJPV. Tal y como ha expuesto Daniel López Acuña, ex Director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alto tribunal debe opinar sobre temas legales o jurídicos, “pero no sobre temas sanitarios”.
“La decisión debería recibirse con gran preocupación, enorme cautela y profunda inconformidad de parte de las autoridades sanitarias”, ha comunicado López Acuña. “Yo le diría al órgano que ha dictaminado esto que ellos van a asumir la responsabilidad, la responsabilidad de un incremento en la incidencia, en la presión asistencial y en la mortalidad”, ha dictaminado.