La corrupción sistémica en el seno del PP reaparece con la reciente declaración de Bárcenas dirigida a la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de un problema que amenaza las bases de la democracia en la medida en que la corrupción cuestiona la integridad de los partidos, la credibilidad de las instituciones y la moral del sector empresarial. También implica a otras instancias como la justicia, la policía o la prensa.
La corrupción persigue a este país porque no se quiso reconocer su brutal existencia ni afrontar un proceso de regeneración en profundidad. Y si bien el problema central reside en la disponibilidad masiva de vacunas antiCOVID para hacer posible la recuperación económica y social, no podemos olvidar que la corrupción debe ser erradicada de cara a que la ciudadanía tenga confianza plena en una gestión transparente y acertada de los Fondos Europeos.
¿Qué consecuencias se pueden esperar en la práctica de este nuevo escrito del extesorero del PP? De poco sirven ya las palabras de quien nunca ha declarado ante los jueces con intención de aclarar la verdad y con mentalidad de arrepentimiento, sino solo con el objetivo de “salvar su culo”. Por tanto, su voluntad de colaborar ahora con la justicia dependerá realmente de las pruebas y testimonios ciertos que aporte.
No me hago demasiadas ilusiones sobre la apertura de una nueva investigación, ordenada por el poder judicial en el ejercicio de su imprescindible independencia e imparcialidad. Una investigación que afecte a esos personajes del PP que mandaron más de una década en Génova 13 y que, según Bárcenas y otros sumarios, cometieron todo tipo de atropellos y delitos relacionados con la corrupción y el abuso de poder.
A la espera de acontecimientos, España necesita con urgencia otra vacuna que produzca sus efectos por largo tiempo. En este caso para prevenir y combatir el virus de la corrupción. Corresponde al Gobierno de izquierdas y a la movilización de la sociedad y de las fuerzas democráticas acometer este reto pendiente.
Una vacuna que, para ser efectiva, deberá mezclar ingredientes que ayuden a garantizar en un Estado de Derecho la separación de poderes, la eliminación de los aforamientos, una ley para la protección de denunciantes de casos de corrupción, la extensión de la cultura de transparencia y nuevas medidas legislativas del Congreso que profundicen la regeneración democrática. Y, además, una vacuna que inocule en el cuerpo social los valores de una ética democrática que cree suficientes anticuerpos para rechazar la corrupción.
Odón Elorza es diputado por Gipuzkoa y Secretario Federal de Transparencia del PSOE