En 2019, los ex responsables de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona y de Protección de Datos, José Manuel Calvente, fueron despedidos de forma encubierta y a través de “falsas acusaciones” por supuestamente investigar y sacar a la luz comportamientos ilícitos abordados por esta fuerza morada. El “caso neurona” vuelve a resurgir después de comenzar su investigación el pasado agosto del 2020 por beneficiarse a través de la desviación del dinero de sus cuentas electorales, pero esta vez con un escándalo cuyos culpables son la pareja líder de Podemos tras contratar a una de sus dirigentes, Teresa Arévalo, como niñera de su hija.
Un nuevo escándalo político sale a la luz, pero esta vez ocasionado por el cuarto grupo con más fuerza en nuestro país según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Hace dos años, dos cargos pertenecientes al partido morado fueron despedidos y los propios afectados denuncia que fue por denunciar conductas ilícitas basadas en el manejo de sus fondos para fines individuales. El primero fue el abogado de Protección de Datos, José Manuel Calvente, por un “grave proceso de represalia personal y laboral al ser denunciado por acoso sexual”, cuando en realidad era una evasiva de Iglesias con una indemnización de 35.000 euros para evitar que este ex responsable indagara en los fondos negros del que se beneficiaban supuestamente sus principales líderes.
El Juzgado de Instrucción 42 de Madrid investiga las actuaciones desde el pasado agosto en el denominado “Caso Neurona”. Esta asignación se debe a la empresa Neurona Consulting especialista en consultoría política y contratada por Podemos durante las elecciones de 2019. Sin embargo, el alegato de Calvente que es el que más se corresponde con los hechos políticos deja entrever la creación de unas cuentas para desviar dinero por cada condena como fue el caso de Marta Flor o Isabel Afonso, a pesar de que sus abogados corrieron a cargo del partido.
Ahora, es la ex abogada encargada del Cumplimiento Normativo Mónica Carmona la que ha denunciado un nuevo altercado. El primer secretario Pablo Iglesias y su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, se aprovecharon de una compañera, Teresa Arévalo, para que ejerciera de cuidadora con su hija.
“La persona denunciante me indicó que la señora Irene Montero utilizaba habitualmente a esta empleada de Podemos para cuidar a su hija, y que incluso se habían desplazado las tres en el mes de octubre [de 2019] a la ciudad de Alicante para participar en un acto de campaña electoral, dejando a la empleada de Podemos al cuidado de la niña mientras la señora Montero intervenía en un acto de campaña. Tras realizar las comprobaciones oportunas comprobé que efectivamente el día 20 de octubre de 2019 Irene Montero, su hija y Teresa Arévalo, junto a otras personas del partido, viajaron a Alicante a cargo del presupuesto de campaña de las elecciones del 10 de noviembre de 2019 de la coalición Unidas Podemos”, reflejaba Carmona en la denuncia.
La política fue destituida, según su versión, por iniciar a escondidas la recopilación de información sobre actos incriminatorios del partido junto con su ex compañero Calvente. Es ahora cuando Carmona ha entregado a la institución jurídica todos los documentos que ponen en riesgo la credibilidad de Iglesias y Montero. Por otro lado, también denuncia la contratación de otra igual, Elena González, como asistente personal y escolta privada.
Además, alega que "el responsable de Finanzas (Daniel de Frutos) propuso crear una "cuenta separada" para destinar los importes percibidos por el partido en materia de costas a sufragar las costas procesales que tuvieran que abonar tanto el partido como el señor Pablo Iglesias o la señora Irene Montero si fuesen condenados en alguno de los juicios civiles particulares en los que intervenían", declaraciones que coinciden con las expuestas por Calvente.
Por supuesto, los partidos de la oposición han querido manifestar su opinión en esta guerra interna. El Partido Popular (PP) solicita la comparecencia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado y de Calvente, la cual ha recibido la negativa por parte de Unidas Podemos bajo la excusa de la imparcialidad. Ciudadanos, a través de Miguel Gutiérrez, acusa esta última decisión de “antidemocrática”. Para expresar su apoyo a la espera de que alguno de los implicados se manifieste, desde la cuenta del partido en Twitter se refleja el apoyo además de mostrar de manera indirecta que se trata de una especulación.