La Justicia de Madrid quita la razón al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, confirmando que la nulidad de la venta de las 2.935 viviendas sociales en 2013 afecta a todos los inmuebles y no solo al del demandante, tal y como ha argumentado el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha defendido la posición de los afectados, tras meses de espera para que el Gobierno autonómico confirmase la nulidad de la venta y recuperase las viviendas que actualmente son propiedad de Azora.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso se aferró a la primera sentencia que dictaminaba que solo se indemnizaría al demandante, Rachid Bouikou, “y a nadie más”, pero se ha quedado sola en su defensa.

El Juzgado de Madrid ha rechazado la interpretación del Gobierno regional, declarando en un auto dictado el pasado 1 de febrero que “la sentencia de este juzgado de fecha 21 de Mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran”.

De igual modo, ofrece un plazo de diez días al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) para que “proceda a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada”.

El fallo emitido este lunes explica que las decisiones judiciales no se limitan a “anular la transmisión del contrato de arrendamiento de Don Rachid”, tal y como expone la Comunidad de Madrid, sino que “esta anulación es consecuencia de la anulación previa de la adjudicación y enajenación de las 32 promociones”.

Se permiten más desahucios

El magistrado ha advertido a la empresa que gestiona estas viviendas que debe abstener “de cualquier actuación tendente a la enajenación de cualquiera de dichos inmuebles”. No obstante, la Justicia sí que permite que se sigan llevando a cabo desahucios mientras que el IVIMA no asuma posesión de los inmuebles.

“No podrá evitarse que dichas mercantiles ejerzan las correspondientes acciones en caso de incumplimiento por parte de los arrendatarios del contrato de arrendamiento”, ha promulgado el juez, que asegura que “no es jurídicamente correcto dejar el cumplimiento de los contratos de arrendamiento a partir de ahora a voluntad del arrendatario y dar pie a la anarquía y al deterioro de las viviendas hasta que se haga cargo de ellas” la Comunidad de Madrid.

Asimismo, en la resolución se señala que “no puede quedar impune el incumplimiento de contratos de arrendamiento de viviendas sociales, dada la situación de precariedad social en que van a quedar sumidas muchas familias como consecuencia de la crisis desatada por la epidemia de la Covid-19”.

Recurso ante esta decisión

Fuentes de la Consejería de Vivienda han declarado que no se ha recibido aún ninguna notificación sobre este fallo, pero que en el momento que se reciba se interpondrá un recurso ante esta decisión.

Por su parte, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han solicitado de manera inmediata a la presidenta regional la recuperación de las 3.000 viviendas vendidas a un fondo de inversión.

“Más varapalos judiciales ya no puede sufrir la Comunidad de Madrid en el caso de la venta de nuestras viviendas, así que pedimos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que cumpla con los autos de los tribunales y, cuando antes, inicie los trámites para recuperar la totalidad de los pisos y nosotros los derechos como adjudicatarios de vivienda pública protegida que perdimos en 2013”, ha sentenciado la portavoz de la Asociación, Montse González.

Siguiendo esta línea se ha expresado también el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, que ha esperado que se deje “de una vez por todas de obstruir a la justicia y de martirizar a unas familias que, por su difícil condición, debería de haber apoyado en todo momento”.