El Gobierno aprueba nuevas medidas socioeconómicas para frenar las desigualdades sociales y la brecha de género

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, llegan a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.(Foto: Pool - La Moncloa)

El Gobierno aprueba nuevas medidas socioeconómicas para frenar las desigualdades sociales y la brecha de género

Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de nuevas medidas socioeconómicas dirigidas a combatir las desigualdades que acarrea el actual panorama español. Con el principal objetivo de paliar estas diferencias enfatizadas por la crisis de la Covid-19, las medidas recogidas en el recién aprobado Real Decreto-ley actuarán en cuatro ámbitos bajo el principal cometido de poner fin a la brecha de género, proteger a los grupos de población más vulnerables y garantizar la cobertura de los profesionales sanitarios ante la enfermedad. Una enfermedad que ha sido finalmente reconocida como “enfermedad profesional de los sanitarios”. Por su parte el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado que estas nuevas medidas prevén reducir la brecha de género en las pensiones entre hombres y mujeres desde el nacimiento del primer hijo hasta el 5% -distando del 30% actual-. En esta misma línea, el Real Decreto-ley supone la ampliación del término “unidad de convivencia”, incluyendo así a las personas sin hogar y a otros colectivos vulnerables como posibles demandantes de la prestación.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con nuevas medidas socioeconómicas con el objetivo fundamental del paliar la brecha de género y las desigualdades acentuadas por la crisis del coronavirus, bajo la principal intención de mejorar la situación de los colectivos más vulnerables, como la seguridad de los sanitarios. Gracias a la aprobación de esta nueva normativa que recoge actuaciones en cuatro ámbitos, la Covid-19 ha sido reconocida como enfermedad profesional de los sanitarios. Una enfermedad que ha supuesto el contagio de 118.063 sanitarios desde que comenzó la pandemia. Hasta el momento, la situación quedaba definida como “mera contingencia”. En esta misma línea de reconocimientos y garantías de derechos, el Consejo de Ministros ha explicado cómo la ciudadanía puede verse beneficiada de estas nuevas medidas socioeconómicas.

A pesar de que, tal y como ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los datos económicos recopilados en el cierre del año 2020 “revelan que nuestra economía ha resistido en el segundo semestre del año mejor de lo que la mayoría de las previsiones y analistas indicaban, encadenando dos trimestres en positivos”, las cifras siguen siendo preocupantes. Por ello, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado la función del complemento de pensiones vinculado a la maternidad y paternidad aprobado en el día de ayer. Este complemento prevé reducir la brecha de género en las pensiones al 5%, respecto al 30% en el que se sitúa actualmente. Una brecha de género, como ha comentado el ministro, que se produce desde el nacimiento del primer hijo, ya que en la mayoría de los casos -98%- son las mujeres las que se encargan de cuidarlo, dejando de lado sus propias carreras profesionales. Una renuncia que conlleva la notable pérdida de ingresos. Este nuevo complemento permitirá acceder a una cantidad fija de 400 euros tanto a los hombres como a las mujeres que soliciten dicha ayuda, siempre y cuando avalen esta pérdida de ingresos. El ministro ha señalado que se prevé que un total de 30.000 mujeres podrían beneficiarse de la ayuda en este año, suponiendo un aumento de la pensión media establecida hasta entonces -5%- de entre un 6% y un 8% más.

En esta misma línea, la aprobación de este Decreto supone una flexibilización del “concepto de unidad de convivencia en el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”, incluyendo así a las personas sin hogar y a otros colectivos vulnerables como posibles demandantes de la prestación. Escrivá ha puntualizado que hasta el momento se han rechazado alrededor de 60.000 peticiones debido a que los demandantes no acreditan su unidad de convivencia. Por otro lado, ha manifestado que en la mayoría de los casos los principales destinatarios -personas que viven solas o que forman parte de una unidad de convivencia sin recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas- no llegan ni a solicitar la ayuda. La flexibilización del concepto facilita “que el mayor número de hogares vulnerables accedan a esta prestación”, lo que otorga el reconocimiento de situación preexistente a aquellas personas que se han quedado sin vivienda y comparta piso con algún familiar de forma provisional, sin suponer una renta yuxtapuesta a la unidad familiar. Por otro lado, esta medida facilitará acreditar este tipo de situaciones excepcionales de personas en riesgo de exclusión social o sin hogar a los servicios sociales y entidades del tercer sector, según ha informado el ministro.

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