Al menos 700 personas se han vacunado contra la Covid-19 fuera del plan establecido. Al margen de pertenecer a los grupos correspondientes de esta primera fase de vacunación, 700 ciudadanos han recibido la primera dosis de la cura contra la enfermedad. Entre algunos de los denunciados se encuentran altos cargos públicos del ámbito político y militar, siendo solo 9 los que han decidido presentar su dimisión. Por otro lado, un alto cargo de la Guardia Civil ha sido cesado por el mismo motivo. Algunas CCAA debaten si deben o no aplicar la segunda dosis de la vacuna a todos los infractores. Algo no aconsejable por las autoridades científicas, que aseguran que podrán desarrollar resistencia al virus y después es peor. Castilla y León ha anunciado que no administrará la segunda dosis, que garantiza la inmunidad frente a la enfermedad, a todos aquellos que se han vacunado fuera de lo estipulado. Mientras el número de casos no para de incrementarse en esta tercera ola, 40.285 nuevos casos y 492 fallecidos en las últimas 24 horas.
La campaña de vacunación en España sigue desarrollándose envuelta de polémica, sobre todo por los retrasos, más que por los setecientos enchufados, que se han adelantado a su turno. Estos ventajistas, en su mayoría ocupan altos cargos políticos y militares, tambien pertenecientes a sindicatos liberados o sectores informáticos. De todos estos cargos públicos demandados, 10 se han visto en la obligación de abandonar sus puestos, y uno de ellos ha sido cesado.
Se estima que al menos una treintena de políticos ya se han vacunado contra la Covid-19 fuera del plan impuesto por parte del Gobierno. Entre los más conocidos están, el consejero de Sanidad de Murcia, su homólogo en Ceuta, el alcalde de Asín (Zaragoza), la consejera de Sanidad de Cabildo de La Palma, la alcaldesa de Els Poblets (Alicante), el alcalde de Villahermosa del Río (Castellón), el alcalde de Rafelbunyol (Valencia), el concejal de Sanidad de Orihuela (Alicante), el alcalde y un concejal de La Nucía (Alicante), la alcaldesa de Molina del Segura (Murcia), la alcaldesa de Torrecampo (Córdoba), la coordinadora de Izquierda Unida (IU) en Murcia, el alcalde de Matamala (Soria), dos concejales en La Palma, un concejal en Garanchico (Canarias), el alcalde de Castejón de Sos (Huesca) y el alcalde de El Verger (Alicante).
Ampliando aún más la lista, también lo han hecho el alcalde de Valdelosa (Salamanca), la teniente de alcalde de Denia (Alicante), la alcaldesa de Tossa (Gerona), el alcalde de Alcaracejos (Córdoba), el alcalde de El Guijo (Córdoba), la concejala de Salud de Bonares (Huelva), una concejal de Murcia, el alcalde y un concejal de Riudoms (Tarragona), un concejal de Plasencia (Cáceres), el alcalde de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid) y el primer edil de Luesia (Zaragoza).
Unas treinta personas que se han vacunado fuera de la normativa establecida en un país donde el número de casos no para de incrementarse en esta tercera ola de pandemia -40.285 nuevos casos y 492 fallecidos en las últimas 24 horas-, sumándose la manifestada escasez de dosis que ha obligado a algunas Comunidades Autónomas, como Madrid y Cataluña, a suspender la aplicación de las dosis durante aproximadamente una semana.
Reconocimientos y dimisiones
A raíz del escándalo, que no hace más que evidenciar la falta de solidaridad y de responsabilidad de algunos en un contexto muy delicado, 9 de los 30 acusados han abandonado públicamente sus responsabilidades. Entre ellos destaca la dimisión de Miguel Ángel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), cuya renuncia se produzco horas después del cese de un alto cargo de la Guardia Civil acusado por el mismo motivo. También han sido bastante pronunciadas las dimisiones del consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, de Rebeca Benarroch, directora general de Sanidad de Ceuta y del director territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), Jesús Lopera, los cuales en un principio se negaban a abandonar sus cargos y negaban cualquier posibilidad de ser censados, excusando sus cargos como razón suficiente para ser vacunados. Incluso Guerreo ha señalado que le “obligaron”.
Manuel Villegas, consejero de Murcia, Esther Clavero, alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Alicia Martínez, coordinadora de IU en la misma región, Cristina Morera, la teniente de alcalde de Denia (Alicante), José Luis Cuesta, fiscal jefe de Castellón, José Antonio García Gómez, Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja (Alicante) y Montserrat Rincón, gerenta del Sepad en Badajoz, también han presentado su renuncia por vacunarse fuera de su grupo y fase contra la Covid-19.
Por otro lado, fuera del panorama político, algunas personas confesoras de haber recibido las dosis fuera de su turno de vacunación señalan a la dirección de centros sanitarios o de residencias de mayores como los responsables de la gestión de las dosis. Como es el caso del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, el cual ya ha recibido la segunda dosis de la vacuna al residir en un centro de atención a mayores y jubilados de la diócesis, o los 200 trabajadores del área sanitaria de Pontevedra, entre otros. Ahora, ante los acontecimientos, algunas CCAA, como Valencia y Castilla y León, estudian la posibilidad o no de aplicar la segunda dosis de la vacuna a todas las personas que se han saltado el protocolo de actuación. Por su parte, Castilla y León ha anticipado su respuesta, asegurando que no se administrará la segunda dosis que avala la inmunidad frente a la enfermedad.