Cristina Cifuentes se enfrenta al juicio por el conocido asunto de su máster que supuso el principio del fin de la carrera política de la dirigente popular. La expresidenta madrileña se enfrenta a un delito por inducir a la falsificación de un acta que acredita la defensa de su Trabajo de Fin de Máster el día 2 de julio de 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos. Esta acta se habría fabricado después de que ElDiario.es publicara que la expolítica del PP había obtenido este título con asignaturas suspensas en marzo de 2018. Una investigación interna de la Universidad realizada tras la publicación de estas informaciones concluyó que el acta era falsa y que el día 2 de julio de 2012 no había existido ningún tribunal calificador. Los tres acusados, Cifuentes, su exasesora María Teresa Feito y la docente Cecilia Rosado que fabricó el acta. han acudido este lunes al juzgado. Rosado ha sido la primera en declarar confirmando que accedió a falsificar el acta utilizando dos firmas falsas por presiones de su jefe en el momento, Enrique Álvarez Conde, el director del Instituto de Derecho Público que impartía el máster, que habría sido el cerebro del entramado, pero que falleció en 2019. Tanto Álvarez como Feito realizaron varias llamadas a Rosado afirmando que si no aparecía el TFM habría “consecuencias graves a nivel laboral” y con otras amenazas como “o arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar” emitidas por la exconsejera de la dirigente del PP. Tanto Cifuentes como la exconsejera se enfrentan a la misma pena por inducir a la falsificación del acta de tres años y tres meses mientras que Rosado se enfrenta a una condena de un año y nueve meses.
Este lunes ha comenzado el juicio contra la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, que se enfrenta a unos cargos que podrían costarle tres años y tres meses de cárcel. La Fiscalía pide esta pena por inducir a la falsificación de un acta que acreditaba una defensa académica que no se habría celebrado de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) por la Universidad Rey Juan Carlos el 2 de julio de 2012. La exdirigente del PP habría conseguido el título de manera fraudulenta con asignaturas no superadas, según apunta la investigación que reveló los hechos de ElDiario.es, lo que llevó a su dimisión el 25 de abril de 2018 tras la unión a la polémica de unos vídeos que acreditaban un supuesto hurto de unas cremas cometido por la acusada.
Junto a Cifuentes se sientan en el banquillo su exasesora, María Teresa Feito, que se enfrenta a la misma pena que la primera por trabajar con la política para tramar la falsificación del documento, y Cecilia Rosado, profesora de la URJC que habría fabricado el acta falsificando las firmas de otras dos docentes, Alicia López de los Mozos y Clara Souto, que negaron haber firmado ningún documento. La Fiscalía pide por esta última una condena de un año y nueve meses. Fuera del juicio queda el catedrático Enrique Álvarez Conde, el que fue el director del Instituto de Derecho Público donde se impartía el máster y que habría sido el cerebro de estos trámites fraudulentos, tras fallecer en 2019.
LA FALSIFICACIÓN DEL ACTA La investigación estalló en 2018 cuando los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique de ElDiario.es publicaron una información que anunciaba que Cristina Cifuentes había obtenido un máster en la URJC con notas falsificadas. En ese momento, la expresidenta publicó un vídeo en su cuenta de Twitter que después borraría en el que se defendía: “Tengo aquí un acta del trabajo de fin de máster, un acta que está firmada por las tres miembros del tribunal calificador con la fecha de la evaluación y la calificación del trabajo, que por cierto saqué un notable”. “víctima” de las mentiras de los periodistas y, 36 días después, terminó con su dimisión cuando una investigación interna de la Universidad concluyó que el acta que enseñaba era falsa.
Este documento se habría fabricado una vez salieron las informaciones a la luz y las miradas apuntaban a Álvarez Conde. Este quiso separarse de toda responsabilidad y declaró que había sido presionado por el rector, Javier Ramos, para que tramitara esta acta en “tres horas”. La Universidad ya tenía una investigación interna abierta contra Conde por presuntas irregularidades en su gestión del Instituto de Derecho Público, llegando a ser imputado por un delito de desviación de fondos. La polémica terminó con la dimisión de ambos y la jueza instructora del caso señalaba la mayor responsabilidad a Conde por el que pedían una pena de tres años y nueve meses.
La URJC abrió una investigación interna para estudiar el acta y concluyó que el día 2 de julio de 2012 ni siquiera había existido un tribunal calificador. El documento contenía tres firmas de tres docentes, Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado. Las dos primeras declararon no haber firmado ningún documento y la última admitió haber fabricado el acta y falsificado las firmas de sus compañeras bajo presiones de Álvarez Conde, quedando las dos primeras fuera del juicio.
María Teresa Feito, la tercera acusada, realizó quince llamadas el día que se levantó la polémica a la Universidad con el objetivo de clarificar los hechos, según sus declaraciones. Más tarde, Rosado declararía que Feito había acudido ese día al centro y amenazado: “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”, lo que llevaría a su dimisión.
PRIMERAS HORAS DEL JUICIO La profesora Cecilia Rosado ha sido la primera acusada en declarar afirmando que accedió a falsificar el acta por numerosas presiones de su jefe, Álvarez Conde, seguidas por presiones de Feito. Conde realizó una llamada a la docente en la que amenazó: “esto hay que arreglarlo porque, si no, va a haber consecuencias graves a nivel laboral y hay que hacer lo que sea”. Esta llamada fue seguida de varias de Feito que en las que mantenía que “el TFM tiene que aparecer”.
Por su parte, la defensa Ejercida por José Antonio Choclán ha presentado un documento de Outlook que contiene un calendario con la agenda completa de Cifuentes, en el que se refleja una anotación el día 2 de julio de 2012 de 15:45 a 18:45 horas bajo el nombre “Máster URJC” que se habría creado supuestamente el 1 de julio de ese año. La que fue secretaría de Cifuentes ha explicado que en 2018, cuando ElDiario.es publicó la información, la expresidenta pidió que se hiciera una copia de toda su documentación, correos y agenda de actividades.