La apertura del Hospital Enfermera Isabel Zendal en Madrid solo ha servido para polémicas y actuaciones políticas que solo debilitan la Sanidad Pública madrileña. La oposición madrileña nunca entendió la decisión de gastar más de 100 millones de euros en un centro nuevo en vez de reforzar los ya existentes. Los sanitarios acumulan un descontento generalizado ya que llevan un año al límite de sus fuerzas y no ven recompensado su mostruoso esfuerzo. Más bien al contrario y ven cómo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, esta vez ha sobrepasado los límites. Ahora ha ordenado "castigar" a aquellos que rechazan trasladarse al hospital de pandemias y ha ordenado que no se vuelva a contratar a aquellos sanitarios que se nieguen al traslado forzoso al Zendal.
La guerra está servida entre los profesionales madrileños que trabajan en la Sanidad Pública y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Las mareas de protestas por parte de los sanitarios al enterarse que la dirigente popular ha ordenado no contratar nuevamente al personal eventual que acabe contrato y se haya negado a irse al Hospital Isabel Zendal, inaugurado el pasado diciembre.
La Comunidad de Madrid ha dado la orden y así lo anunció la Consejería de Sanidad, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos y tras la aprobación de la Mesa Sectorial de Sanidad. Sin embargo, la nueva decisión no acaba aquí. Este gobierno regional impone la contratación de aquellos que se encuentran en bolsas de empleo, teniendo prioridad los “contratos Covid” para prestar servicios en este hospital, también denominado como "centro de referencia vírica".
La capital ha efectuado más de 11.000 contratos de refuerzo por Covid-19. Sin ser suficiente, fuerzas de la oposición también se movilizan frente a este acontecimiento cuyo fin es el de acorralar a los sanitarios. "Se está maltratando a los sanitarios que todos los días luchan contra la pandemia y doblan turnos y la forma de pagarles es forzándoles", ha juzgado el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda. Por el momento, los socialistas se comprometen a llevar este nuevo caso por vías jurídicas para anular cuanto antes dichos efectos. Otros grupos como Más Madrid, también se posicionan a favor del sector sanitario, uniéndose a la operación que postula un cambio urgente en la presidencia de la capital para velar por los intereses colectivos, y no por desatar la privatización y ganancia política.
“Porque una presidenta o un gobierno quieren que un proyecto hospitalario suyo luzca en todo su esplendor el resto de la sanidad pública se ve perjudicada. Es un deterioro de un sistema mayor del que ya tiene que no nos podemos permitir, menos en mitad de una pandemia”. Así denunciaba esta extorsión política el vicepresidente de la Asociación Madrileña de Enfermería, Víctor Jiménez. Por otro lado, numerosos son los ciudadanos y profesionales que se rebelan por Twitter también, iniciándose una campaña viral entre la que destacan mensajes con el hashtag de #AyusoDimisión.
Defendiéndose de ataques que la descalifican como “incompetente”, las autoridades del Partido Popular se pronuncian con la ilógica excusa de “ser una medida imprescindible para responder a la situación de emergencia sanitaria", protegida por el Real Decreto del estado de alarma y cuyo poder es otorgado a las distintas autonomías. Sin dar cabida a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, Ayuso volverá a desprestigiar una vez más al Gobierno central culpándole de una supuesta ausencia como ha manifestado dentro de las instalaciones de su hospital; “si el Gobierno de España no actúa, tiene que respetar las presidencias autonómicas y no arremeter los planes de las administraciones inferiores”.