La Comunidad de Madrid abre una investigación a una residencia madrileña que vacunó a familiares de empleados para “aprovechar el 100% de las vacunas”

La Comunidad de Madrid abre una investigación a una residencia madrileña que vacunó a familiares de empleados para “aprovechar el 100% de las vacunas”

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha comenzado la investigación acerca de lo sucedido en la jornada de vacunación de la residencia de mayores Casablanca Valdesur, en Valdemoro. Este martes la residencia, según ha confirmado elDiario.es, llevó a cabo un plan de vacunación secundario administrando dosis a familiares de empleados y sacerdotes visitantes del geriátrico, con la finalidad de “aprovechar el 100% de las dosis recibidas”. Acorde a las contradicciones manifestadas por la propia directiva del centro, la Consejería de Sanidad se encuentra a la espera de recibir el registro de las dosis administradas para ejecutar las sanciones pertinentes.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha comenzado una investigación contra la residencia de mayores de Valdemoro, Casablanca Valdesur, a raíz de las irregularidades desveladas por elDiario.es en su proceso de vacunación. El martes 5 de enero, el medio, en exclusiva, desveló el plan alterno de vacunación que estaba llevando a cabo la dirección del centro. Un plan que incluía la vacunación de personas “no residentes”, como sacerdotes y familiares de riesgo de empleados. Fueron estos empleados quienes corroboraron tales actuaciones al medio: “A través de la jefatura médica del grupo, y siempre en contacto con la dirección, han ofrecido que los familiares se vacunasen de forma voluntaria”, explicó una testigo al diario. La propia dirección, al darse cuenta del seguimiento y de las consecuencias que podrían suponer tales actuaciones, desmintió las palabras de las trabajadoras y testigos presentes, contradiciéndose acto seguido debido al movimiento que se estaba presentando en ese momento en la residencia: “No se están vacunando familiares. (…) Es una excepción y siendo solo dos -casos-”, manifestó la directora sanitaria de la residencia.

Familiares, voluntarios y sacerdotes

El miércoles 6, 24 horas después de lo acontecido, el grupo emitió una nota de prensa explicando lo sucedido: “Con el único ánimo de aprovechar el 100% de las dosis recibidas y proteger al máximo a los mayores de nuestras residencias, se ha vacunado a varios sacerdotes que nos asisten espiritualmente en los centros del grupo, voluntarios que están en contacto con los mayores de forma habitual y algunos mayores de riesgo familiares de algunos empleados”, recoge el comunicado. Grupos de personas que, pese a las justificaciones del centro de mantener una relación directa con los grupos vulnerables, no forman parte de la primera tanda escogida para este primer periodo de vacunación. En este caso, solo el personal asistente y ancianos deben ser los únicos vacunados hasta el momento. “Favores personales”, tal y como aseguraba una de las médicas entrevistadas, que incumplen la normativa estipulada para el desarrollo efectivo de la campaña de vacunación.

Por su parte, con el claro objetivo de ocultar y justificar el error, el presidente del grupo Casablanca, Ignacio Fernández-Cid, continuó desmintiendo las declaraciones que habían manifestado ese mismo martes los trabajadores del geriátrico: “No sé si se han puesto nerviosas y han dicho lo primero que se le ha ocurrido, porque no se corresponde con la realidad”. En esta conversación con el diario, Fernández-Cid manifestó que los familiares vacunados “son personal del grupo” también, por lo que aparentemente no incumplirían ese apartado de la norma. Pese a ello, el comunicado remitido al día siguiente pone en tela de juicio esta versión de los hechos.

La Consejería de la Comunidad de Madrid, tal y como señala la nota de prensa, ha abierto una investigación al centro para aclarar lo sucedido. Para tomar las represalias pertinentes, en el caso de confirmarse lo sucedido, el Gobierno de Madrid se mantiene a la espera de recibir los datos recopilados por el registro nominal de la administración de cada dosis, que se notifica a la Dirección General de Salud Pública.

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