La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el déficit público acabó el año 2020 conforme a la estimación prevista de “en torno al 11,3% del PIB”, considerablemente por encima del 2,8% del año 2019. Asimismo, ha informado que los ingresos públicos han sufrido una caída del 7,6% como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Así lo ha comunicado en una entrevista para Europa Press, en la que ha recordado que este año 2021 está prevista la mayor caída del porcentaje del déficit registrada en un solo ejercicio, bajando en tres puntos, del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB, ante la expectativa de que se recupere la economía.

Aunque la titular de Hacienda haya adelantado estas cifras, ha confirmado que a lo largo de enero se tendrá una aproximación más clara, una vez se haya cerrado la contabilidad y los distintos territorios autonómicos y entidades locales hayan informado de sus finanzas públicas. Aun así, la ministra ha subrayado que el déficit público y la caída de los ingresos se situarán en torno a los números estimados.

“Todas las administraciones tienen que tener presente el ir en una curva descendente, pero nos tiene que acompañar la situación económica”, ha explicado Montero, para concienciar de que el Gobierno no repetirá los “errores” del pasado implementando políticas de recortes que se tradujeron en desigualdad.

Hoja de ruta

Tras estas declaraciones, la ministra ha explicado que la hoja de ruta a seguir es llevar a cabo una política “anticíclica” para “no dejar a nadie atrás” y de esta manera poder mantener los empleos y la producción, a la vez que se produce una revisión del gasto público.

Por ello, Montero ha abogado por unos Presupuestos que sean también “expansivos”, como lo han sido este año, aplazando el plan de ajuste a cuando haya recuperación y “lo exija la Comisión Europea”.

Debido al incremento de las brechas presupuestarias en Europa por las contracciones económicas y el aumento del gasto, la Comisión Europea ha suspendido temporalmente sus normas presupuestarias, que suponen la imposición de sanciones si se supera un déficit presupuestario de más del 3% del PIB o un nivel de deuda superior al 60% del PIB.

De esta manera, la titular de Hacienda considera necesario aplazar el plan de reequilibrio que vienen solicitando instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Banco de España a cuando “las circunstancias económicas así lo aconsejen y cuando Bruselas lo plantee”, con el objetivo de continuar con por el camino de consolidación fiscal. “Tiempo habrá”, ha sentenciado.

Financiación de las comunidades autónomas

En la entrevista, la portavoz del Gobierno también ha tratado el tema de la financiación autonómica, comunicando que la reforma del sistema será una “prioridad” para el Ejecutivo este año. En este sentido, Montero ha establecido que los trabajos podrán empezar a realizarse a partir de febrero, con el objetivo de abordar la “infrafinanciación” de algunas regiones, garantizando la “armonización” fiscal, asegurando que el sistema será “justo” para todos los territorios.

Según la opinión de la ministra, tanto España como la sociedad que vive en el país necesitan realizar una “reflexión” sobre las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza, por lo que considera necesario “legitimar aquello que permite ser más iguales” y preservar la justicia fiscal.

2022, año de ajustar cuentas

En 2020, las autonomías han gozado de importes sin precedentes para frenar la pandemia de coronavirus. En 2021, la financiación autonómica brindará algo menos de recursos (113.729 millones de euros) a los territorios autonómicos, pero la diferencia se compensará con la dotación para cubrir parte del déficit y otros fondos procedentes de las ayudas europeas.

Sin embargo, el verdadero reto llegará en el año 2022, cuando haya que ajustar cuentas. El hecho de que el Ejecutivo haya brindado tanto dinero a las comunidades en 2020 implicará que en 2022 estas tengan que devolver al Estado lo percibido de más. La AiReF ya ha puesto cifra a este reembolso: 50.000 millones de euros. Lo que aún queda por desvelar es cómo procederán las distintas autonomías para devolver dicho importe.