El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la nueva Ley de Educación, conocida como LOMLOE o Ley Celaá, sin modificaciones con respecto al texto remitido por el Congreso. La norma ha contado con 142 votos a favor por parte del PSOE, ERC, PNV, Compromís, Mes Mallorca, Adelante Andalucía, Geroa Bai, Más Madrid, En Comú Podem y la Agrupación Socialista de La Gomera; 112 en contra del PP, Ciudadanos, UPN, PRC y Vox; y nueve abstenciones de EH Bildu, Junts Per Catalunya y Teruel Existe. Sin embargo, dar luz verde a la Ley Celaá ha generado fuertes críticas entre los partidos de la oposición, así como por parte de Junts per Catalunya, al “no blindar el catalán como lengua vehicular”. Aun así, tras su aprobación, esta ley se convierte en la octava norma educativa de la democracia, preparada para publicarse directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE o Ley Celaá) ha sido aprobada por una amplia mayoría este miércoles en el pleno del Senado, convirtiéndose en la octava ley educativa de la democracia. Entre los partidos que han apoyado la norma se encuentran el PSOE, ERC, PNV, Compromís, Mes Mallorca, Adelante Andalucía, Geroa Bai, Más Madrid, En Comú Podem y la Agrupación Socialista de La Gomera.
Este resultado ha sido celebrado por la bancada socialista con un aplauso, que ha agradecido la Ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, que ha estado presente durante todo el debate.
Por su parte, los partidos de la derecha PP, Ciudadanos y Vox, junto a UPN y PRC han decidido rechazar la ley con 112 votos en contra, mientras que EH Bildu, Junts Per Catalunya y Teruel Existe han presentado nueve abstenciones.
De esta forma, ha quedado aprobada la LOMLOE, que deroga a la LOMCE o Ley Wert, aprobada por el PP en el año 2013. Desde su llegada al Gobierno, la ministra de Educación, Isabel Celaá, estableció que el objetivo de su nueva ley era derogar los aspectos más “lesivos” de la norma predecesora. Con la Ley Celaá se recupera la LOE de los socialistas de 2006.
La semana pasada, la Comisión de Educación debatió las 647 enmiendas presentadas. El PP había presentado 184, más un veto a la totalidad, mientras que Ciudadanos trasladó 59 y otro veto, al igual que UPN con 150 enmiendas y el veto. El Grupo Nacionalista también había registrado 72 modificaciones y, en el caso de la Izquierda Confederal, habían sido 181 cambios. Algunas de las propuestas establecian cambios para proteger mejor el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, o dar más valor a las Humanidades en los institutos. Sin embargo, la Comisión de Educación decidió rechazarlas todas. De esta manera, el texto presentado en el Congreso ha salido tal cual de la Cámara Alta y tiene autorización para publicarse en el BOE.
El presidente de la Comisión de Educación en el Senado, el socialista José Asensi, ha presentado el texto ante el Pleno del Senado. Durante su intervención ha repasado el proceso que ha transitado esta norma, desde que se presentó en la anterior legislatura. En este sentido, Asensi ha explicado que la norma busca “mejorar la calidad en las condiciones en las que se ejercer el derecho a la Educación”, así como “el dominio de las competencias básicas”, el de “las nuevas tecnologías”, el “impulso de la lectura”, el “avance de la Formación Profesional”, la “autonomía de los centros” y la “apertura de los mismos al entorno social”.
Contenidos principales de la ley
La nueva ley educativa contiene una serie de medidas para convertir la repetición de curso en algo “excepcional” y para que crezca el número de alumnos que logren un título y prosigan sus estudios, tanto en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), como en la secundaria superior (Bachillerato y FP).
Por ello, con esta norma se ha decidido liquidar las reválidas, acabar con los itinerarios que la LOMCE fijaba en la ESO, es decir, se dará un título a aquellos alumnos que acaben cuarto de la ESO o el FP, y el Bachillerato se podrá lograr con un suspenso. Entre las asignaturas, se ha decidido eliminar la Religión, que además dejará de contar para el expediente.
Las evaluaciones en la educación Primaria se harán cada dos años y no cada curso; solo se podrá repetir dos veces en toda la educación obligatoria, se podrá promocionar en ESO sin un límite concreto de suspensos, siempre que lo acuerde el equipo docente, y el Bachillerato podrá cursarse en tres años.
Asimismo, esta norma está dirigida a equilibrar el reparto del alumnado desfavorecido entre la red pública y la concertada, poniendo la red pública como el eje principal de la educación. En este sentido, se deroga la “demanda social” de la LOMCE, que permitía a la educación concertada aumentar plazas y centros, al mismo tiempo que se aumentará la creación de plazas públicas y se prohibirán los centros que separen al alumnado por sexo.
Para concluir, uno de los aspectos de esta nueva ley que ha levantado más polémica es “eliminar el castellano como lengua vehicular” de la enseñanza en todo el país, permitiendo a las comunidades autónomas impartir la educación con su lengua cooficial. Además, el Gobierno y las autonomías fijarán por ley los criterios y requisitos para el funcionamiento de la educación de 0 a 3 años; se aligerarán los currículos y se modernizarán los métodos de aprendizaje; se diseñará un plan para que en una década la mayoría de alumnos con discapacidad estén en centros ordinarios; se dará más poder a padres, alumnos y profesores, etcétera.
Una norma que no termina de convencer
La aprobación de la Ley Celaá no ha sentado bien a muchos, por lo que la tormenta política en torno a la norma, continuará. El PP, partido liderado por Pablo Casado, ha decidido recoger firmas en contra de la nueva ley educativa en todas las comunidades donde gobierna y ha tomado medidas en dichas regiones, como el adelanto del plazo de inscripción para el próximo curso.
Tras la votación, Casado ha comunicado que allí donde gobiernan seguirán “defendiendo la libertad para elegir colegio, la educación concertada y la especial, el no pasar de curso con suspensos y el tener evaluaciones para que los profesores y los padres sepan cómo van sus hijos, y el español vehicular”. El líder de la oposición ha calificado a la Ley Celaá como “mala para la calidad, la vertebración y la libertad educativas”.
También en el PP, Pablo Ruz, se ha dirigido a quienes han apoyado el texto para criticar su “sumisión a un Gobierno” que, a su punto de vista, “es inmoral” y “no es el que necesita España”. Asimismo, a los socialistas les ha criticado por “no contemplar ninguna de las 640 enmiendas” presentadas en el Senado.
Por su parte, la representante de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se suma a la opinión de Casado, estableciendo que la ley es un “atropello” y que seguirán luchando “para sustituirla por un Pacto Nacional por la Educación”.
La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha acusado al PSOE de pasar de “dinamitar el Pacto de Estado” por la Educación al traer “esta ley que amenaza los derechos de las familias y los de los alumnos”.
Asimismo, el senador de Vox, José Manuel Marín, ha criticado que esta norma pretenda dar clase a los alumnos en “una lengua impostada” para que crezcan en “patrias artificiales” y se “silencie el papel de la familia” a través de un “falso respeto a la diversidad” que incluye “ideas progres acerca del sexo y el género” que “manipulan” las “conciencias” de los menores.
Tal y como se muestra, la sensación que deja esta ley es agridulce. Tras las declaraciones de los partidos de la oposición, Adelina Escandell, de ERC, se ha pronunciado estableciendo que “no es la ley que yo hubiera deseado”. “Se ha tramitado muy rápido, lo que ha complicado el trabajo de los partidos pequeños. La LOMLOE no es nuestra ley, no es la ley que querríamos”, ha subrayado también Rosa Peral, del PNV, que ha votado a favor porque “refleja” algunas de sus demandas, pero no termina de estar convencida.
El representante socialista, José María Oleaga, ha respondido a estas críticas señalando que la LOMLOE viene a “corregir” la “división” que generó la Ley Wert del PP entre el alumnado, distinguiendo entre aquellos con “excelencia” y “el resto”, a su juicio, tratado como un “pelotón de torpes” y “vagos”. De igual manera han respondido los demás partidos que han apoyado la norma, como es el caso del portavoz de Más País, Eduardo Fernández Rubiño, que ha señalado que “cuando más miente” la derecha con respecto a la ley “más razones dan” a quienes están a su favor.
Polémica por el papel catalán
Aunque el partido catalán Junts Per Catalunya haya decidido abstenerse en la votación a la norma, también ha manifestado críticas hacia la nueva ley educativa, concretamente porque “no blinda el catalán como lengua vehicular”.
Su portavoz en el debate, Assumpció Castellví, ha determinado que la norma “deja a la interpretación” esta materia al no especificar la administración competente del a misma. “No queremos dejar a la interpretación, porque siempre se interpreta en contra de nuestra lengua, la catalana”, ha manifestado la senadora.
Por su parte, el representante de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha lamentado que las formaciones no se puedan poner de acuerdo en un tema como este y ha juzgado, tanto que no se hayan aceptado enmiendas para su mejora, como el “argumentario de partido” que han usado algunos portavoces para defender opiniones “absurdas”.