El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo proyecto de ley con el cometido de salvaguardar las condiciones y garantizar un marco leal de competencia del taxi con relación al servicio de VTC. A consecuencia del real decreto aprobado en 2018 – 28 de septiembre-, el cual modificaba la normativa de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) con la finalidad de cubrir el tráfico propio de las grandes ciudades, los problemas de movilidad y atender a la situación medioambiental, la disputa entre ambos servicios no ha dejado de incrementarse desde entonces. Pese a la realización de una serie de medidas complementarias – tal y como señala el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- relacionadas con el fomento de la atención electrónica de los VTC y el estudio de políticas públicas para generar un marco de actuación equitativo y eficiente con el servicio de taxis, esta regulación ya presentaba insuficiencias desde el momento de su aprobación. Los diferentes altercados que han protagonizado ambos sectores han supuesto que el Gobierno finalmente considere la alternativa de la formación política liderada por Pablo Iglesias de endurecer la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Para garantizar el cumplimiento de las condiciones y la competencia leal que se estableció en el real decreto anterior, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una serie de infracciones a considerar, como la realización del servicio sin previa pre-contratación, la prestación del servicio en un territorio diferente al que le corresponde o el no cumplimiento de la normativa de la habitualidad, ente otras.

Entre las novedades que presenta este proyecto se encuentra la posibilidad de sancionar a aquellos conductores de VTC que no cumplan el itinerario del servicio, los horarios, el calendario de prestación, las características técnicas o la adecuada señalización reglamentadas. Como muestra de este reforzamiento legal, la infracción de estas medidas podrá suponer la inmovilización del vehículo hasta que el denunciado no quede exento del pago de las sanciones. En el caso de que el penalizado acumule más de cinco infracciones en un año, este puede enfrentarse a la retirada definitiva de la autorización de VTC.